Contratos fantasma y fraudes, las polémicas de "la Conasupo" de la 4T

Por decreto presidencial, Segalmex absorbió las funciones de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), que unió a Diconsa y Liconsa. Su titular era Ignacio Ovalle, sin embargo dejó el cargo para ser nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

En los últimos años Segalmex se ha visto no solo envuelto en polémica, también en la Fisalía General de la República se han abierto carpetas por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos desvíos millonarios, lo que fue ya confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa.

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“Hay una investigación del gobierno, hay denuncias desde hace más de un año, están ya los procesos abiertos en la Fiscalía General de la República y le voy a pedir al secretario de la Función Pública que venga y explique sobre este fraude, y la forma en que se está actuando”, dijo el mandatario el pasado miércoles.

¿Qué irregularidades se han detectado en Segalmex?

La organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) ha documentado diversas irregularidades en Segalmex, entre ellas un desvío multimillonario de recursos públicos, en un esquema que involucró a empresas fachada para el procesamiento de leche; la adjudicación directa de contratos por 67 millones de pesos a Grupo Marhel, filial de una empresa “fantasma”.

El presidente López Obrador explicó que en Segalmex se investigan a fondo los malos manejos para castigar a los responsables.

“Esa financiera ofrecía supuestamente más intereses. El que dinero del presupuesto vaya a una financiera ya es un delito, eso no se puede hacer, ni con el pretexto de que van a obtener más rendimientos, no. Entonces, se descubrió”, compartió el presidente.

Uno de los casos se refiere a que se descubrió que un administrador usó dinero púbico para invertirlo en una financiera que supuestamente ofrecía intereses. Aunque no dio nombres, el presidente López Obrador se refería a René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex y a la empresa Corporación en Asesoría Financiera (CORAFI).

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Ignacio Ovalle, el colaborador de AMLO con pasado echeverrista y salinista Ignacio Ovalle Fernández, quien encabezará a la recién nacida Segalmex, ha sido funcionario con Salinas, Echeverría y Díaz Ordaz.

De acuerdo con MCCI, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigaba a esa empresa porque tenía un fideicomiso de unos 800 millones de pesos procedentes del presupuesto de Segalmex.

“Luego, se investigó a la financiera y resulta que es una financiera que viene de tiempo atrás haciendo lo mismo, protegida, sin sustento económico, o sea, como lo de las cajas de ahorro, la misma cosa. Entonces, ahí sí se pudo recuperar esa parte del dinero, pero eso fue lo que llevó a hacer la investigación y se encontraron otras cosas, y es lo que se está castigando ahora”, agregó el mandatario federal.

Pero esa no es la única irregularidad en la que se ha visto envuelta Segalmex. El Informe de Resultados de Fiscalización de la Cuenta Pública 2020 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que Segalmex no logró justificar 5,640 millones de pesos. Las principales anomalías que se detectaron fueron en inventarios, ingresos, pagos por adquisición de bienes y servicios, así como en su registro contable y presupuestal.

También se reveló hace algunos meses que Segalmex entregó contratos para el suministro de leche por 811 millones de pesos a 13 empresas, sin que estas cumplieran.

Mientras Ignacio Ovalle se le destituyó de Segalmex, a René Gavira Segreste se le vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Al frente de Segalmex fue nombrado Leonel Cota Montaño, exgobernador de Baja California Sur.

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De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, existen 22 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la SFP, Segalmex y por empresas involucradas.

“En un inicio, la FGR abrió 22 carpetas de investigación, de las cuales 15 están en curso y una ya ha sido judicializada, en donde se investiga el uso ilícito de atribuciones y facultades y una persona ex servidora pública fue vinculada a proceso”, informó la institución a cargo de Roberto Salcedo Aquino, quien en los próximos días acudirá a Palacio Nacional a informar al respecto.