El presidente informó que por la capacitación de tres personas aún se deben 6 millones de dólares e informó que este lunes por la noche se enteró de la existencia de este contrato porque la empresa que prestó el servicio está cobrando la parte que aún no se ha liquidado.
La única prueba que López Obrador presentó fue la proyección de un supuesto recibo por el servicio de capacitación, cuyo monto asciende 19 millones 848,000 dólares, de los que, al cerrar el trato, se pagó el 50%.
En la imagen difundida en su conferencia de prensa, se lee: "Adeudos pendientes de pago", documento en el que establece que la fecha del contrato fue del 27 de julio de 2012 al 27 de julio de 2013, es decir, entre el final del gobierno de Calderón y el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero no dos días antes del cambio de gobierno.
El mandatario criticó que la capacitación fue tomada solo por tres personas y duro solo hora y media. Debido a todas la inconsistencias, dijo que su gobierno presentará las denuncias correspondientes.
“Está la factura y nos están pidiendo que paguemos, pues vamos a presentar denuncia, pero todo esto, bueno, yo me enteré ayer. Es una empresa ligada al señor García Luna”, afirmó.
Tras ser interrogado acerca del nombre de la empresa, el presidente se comprometió a dar a conocer a detalle la información sobre su acusación.
Hacienda investiga contratos
Por la tarde, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en el que reveló que la empresa es Nunvav Inc. y que, en días recientes, se llevó a cabo una revisión de los contratos celebrados entre 2012 y 2017 por una cantidad de 390 millones de dólares con fondos de la partida de Seguridad Pública y Nacional, y uno más por 270 millones de pesos a través del presupuesto tradicional.
Del contrato mencionado por López Obrador, detalló que se adeudan 5 millones 954,400 dólares, 30% del monto total del contrato.
Señaló que el contrato fue para el suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión para el Centro Federal de Readaptación Federal de Guanajuato.
La dependencia a cargo de Arturo Herrera confirmó que se acordó pagar el 50% en la firma del contrato, el 20% a contra entrega de equipos, 10% en la entrega exitosa de los servicios de instalación, y el restante 20% por la liberación del sistema, puesta en marcha y terminada la capacitación.
Agregó que en la Dirección General de Administración (DGA) de centros penitenciarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
no existe evidencia de los trabajos realizados y ya pagados al proveedor, que en el contrato y su anexo técnico no se especifican los componentes del sistema integral ni los alcances de las capacitaciones técnicas y operativas, y que no existe evidencia documental de la liberación del sistema y puesta en marcha.
Sobre la factura que se adeuda, Hacienda señala que el proveedor anexa como soporte documental, la capacitación proporcionada el 28 de noviembre de 2019, con duración de una hora y treinta y siete minutos, a tres participantes que no laboran ni han laborado en el área de Prevención y Readaptación Social.