Con el argumento de que la policía estatal recibió un reporte de personas armadas en una camioneta, elementos de seguridad interceptaron el auto del entonces rector, reportaron el presunto hallazgo de drogas al interior del carro y lo detuvieron. Después, Abud Flores enfrentó un juicio en libertad.
La comunidad universitaria exigió la libertad inmediata del rector al considerar que la detención fue arbitraria y que era una estrategia para intervenir en la elección de la Rectoría e imponer un perfil cercano a Sansores.
Al siguiente día, durante la madrugada, el Consejo General de la UAC destituyó a Abud Flores y en su lugar nombró a Fanny Guillermo Maldonado. La designación de la nueva rectora se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Campeche XXI y no en las instalaciones de la universidad.
Más tarde, el exrector acusó al gobierno estatal de arrestarlo por ser incómodo.
"Lo que quieren es meterse en la institución, controlar los recursos de la institución. Y creen, equivocadamente, que los 11 mil estudiantes van a votar por ellos como borreguitos", declaró al Informador.
Suprema Corte ampara a la Universidad Autónoma de Nayarit
En enero de 2020, el Congreso de Nayarit aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, impulsada por el exgobernador Antonio Echevarría.
La enmienda fue presentada para atender la crisis financiera de la institución, pero introdujo cambios a la forma de elección de la persona rectora.
La reforma estableció la creación de un Colegio de Elección Universitario, encargado de conducir el proceso para designar al rector. Ese organismo estaría a cargo de una persona nombrada por el Congreso local a partir de perfiles propuestos por el gobernador.
El Consejo General Universitario rechazó esta reforma y avaló interponer medidas legales. Entonces, la universidad interpuso un amparo contra la enmienda al señalar que interfiere con la autonomía universitaria.
El asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que emitió una resolución hasta octubre de 2026: amparó a la universidad y puso límites a la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales.
A pesar de que este caso tardó más de seis años en resolverse, representa una ruta a seguir para la Universidad Michoacana, que también busca llegar a instancias judiciales federales.
"Esto es para prevenir que en las demás universidades autónomas de nuestro país se pudiera repetir esto por parte de los gobiernos del Estado o por los poderes legislativos, esta misma violación a a los derechos que tenemos", advirtió la rectora Ávila. "Lo más grave sería cuántas universidades podrían vivir esto".