Estos son los 20 municipios que más hambre tienen en México: 65% están en Oaxaca, según el Inegi

Los municipios que más hambre padecieron en 2025

San Miguel Peras encabeza el listado, porque prácticamente la mitad de sus hogares (47.1%) no tuvo acceso a los alimentos por problemas económicos (en los tres meses previos a la realización de la encuesta).

Se trata de un municipio ubicado en la región de los Valles Centrales, a dos horas y media de la capital, con un alto porcentaje de población indígena, y rodeado de bosque y montaña.

Esta comunidad como otras de la zona padece aislamiento geográfico, lo que dificulta la provisión de agua entubada, electricidad y en muchos casos la distribución equitativa de los alimentos.

En segundo sitio aparece Atlamajalcingo del Monte, ubicado en la Montaña Alta de Guerrero, cerca de Tlapa de Comonfort, con el 41.5% de sus hogares sin acceso a los alimentos; le sigue Chumatlán, Veracruz, que se sitúa en la cuenca del río Tecolutla, con 37.8%; San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, ubicado en la Sierra mazateca, con 37.5%, y Jonuta, Tabasco, emplazado en la cuenca baja del río Usumacinta, con 32.9%.

En el listado de inseguridad alimentaria, los números del 6 al 14 están ocupados por los siguientes municipios de Oaxaca: Santo Domingo de Morelos, San Miguel Ahuehuetitlán, Ayotzintepec, Santos Reyes Tepejillo, Santiago Jocotepec, San Miguel Santa Flor, San Miguel Soyaltepec, San Francisco del Mar y San Francisco Tlapancingo. La inseguridad alimentaria de sus hogares oscila entre el 28.2% y el 32.9%.

En el ranking también aparece Mezquital, que es el municipio más pobre, aislado y extenso de Durango, con 27.6% y Etchojoa, Sonora, corazón territorial de la nación Yoreme, con 26%.

Los municipios donde más menores sufrieron hambre

La Encuesta Intercensal del Inegi también recoge información sobre los hogares donde un menor de edad comió una sola vez al día o pasó un día entero sin comer. Según este parámetro, el municipio más afectado a nivel nacional fue Chumatlán, en Veracruz.

Esta localidad, al norte del estado, apenas llega a los 4,000 habitantes. Gran parte de su población es de origen indígena (predominantemente totonaco) y muchos de sus estudiantes de la cabecera municipal han tenido que cursar la primaria en casas prestadas, porque las aulas de su escuela no están terminadas.

En el nivel medio superior la situación no es distinta, los estudiantes se trasladan de asentamientos serranos a tomar sus clases, pero no hay maestros suficientes. En 39.4% de los hogares, estos niños y jóvenes reportaron que pasan hasta 24 horas sin consumir alimentos.

Para la académica Paloma Villagómez, doctora en Sociología, este es el retrato del mayor nivel de inseguridad alimentaria. “Porque en general la familia se organiza para proteger a los más chicos, y cuando vemos que en 4 de cada 10 hogares los menores no están comiendo eso significa que nadie más lo hace, que la situación ya es muy crítica”, indica.

Además de Chumatlán, en el ranking de los 10 municipios donde más menores padecen hambre repiten los municipios de Atlamajalcingo del Monte, San Martín Peras, San Miguel Santa Flor, San Felipe Jalapa de Díaz , San Juan Bautista Tlacoatzintepec y Mezquital.

En cuarto lugar se añade Carichí, Chihuahua, un municipio ubicado en el suroeste del estado, entre las llanuras de la Sierra Tarahumara, con una importante población rarámuri. Allí en el 26.3% de sus hogares los menores sufrieron hambre. Y se suman Morelos, también en el norte, atravesado por el aislamiento geográfico y Tepemaxalco, Puebla, este último ubicado en la Mixteca, con menos de 1,500 habitantes.

¿Qué tienen en común los municipios que más padecen hambre?

Para los especialistas en pobreza hay varios factores que explican los altos niveles de inseguridad alimentaria en los municipios del interior de México; pero entre los principales factores se enlistan la distribución inequitativa de los alimentos, la pérdida de los sistemas de autoconsumo en el campo y el impacto de la violencia a nivel local.

Paloma Villagómez, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que aunque se piense lo contrario, el abasto y la distribución de los alimentos en el país no es homogéneo.

La experta plantea dos problemas que van de la mano: los ultraprocesados llegan a donde nadie puede llegar, pero los productos frescos y saludables no; a eso se suma el hecho de que “la producción de autoconsumo en lugares rurales y campesinos ya no es como hace 60 años”.

Según explica la investigadora, especializada en género y desigualdad, una gran mayoría de los productores del campo se ha visto en la necesidad de abandonar sus tierras en busca de un trabajo remunerado. “Los campesinos se han vuelto asalariados, pero eso no significa que su salario sea suficiente para cubrir sus necesidades y algunos ya no tienen tiempo o tierras fértiles para el autoconsumo”, señala.

En este punto también interviene el factor climático, que está presente en muchos de los municipios listados por inseguridad alimentaria. Algunos como Carichí, Igualapa o Atlamajalcingo, enclavados en cumbres o cadenas montañosas padecen sequía, y otros como Centla, Jonuta o Chumatlán enfrentan inundaciones, huracanes o la subida del nivel del mar, lo que destruye sus cosechas y caminos rurales.

Villagómez enfatiza que todos estos factores impactan la disponibilidad de alimentos, ya sea por distribución o producción, y subraya que en estos escenarios no siempre es posible comprar con calidad, a buen precio y conservar lo adquirido de la mejor manera.

“Si no existe capacidad de refrigeración o si no hay donde cocinar, si no hay recursos para comprar gas, entonces se recurre a alternativas inestables, poco nutritivas, poco variadas y a veces más caras. Si la compra no se planea, es porque se vive con el dinero del día”, acota.

Finalmente, la experta plantea el factor del crimen organizado, que al controlar las localidades, controla también los precios y el mercado de los alimentos. “La violencia a nivel local hace más caros los productos, ya sea porque la extorsión a comerciantes se pasa al precio del consumidor o porque las personas deben cubrir gastos adicionales para poder salir con condiciones mínimas de seguridad”, zanja.

Más programas sociales, no significan menos inseguridad alimentaria

La redistribución de los programas sociales a nivel nacional no puede romper la inercia estructural de la pobreza, así lo plantea Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

El economista advierte que la reorientación de la política pública y el crecimiento en las transferencias de programas sociales han sido insuficientes para atender a los hogares en mayor precariedad.

De acuerdo con el especialista, la apuesta por la universalización de los apoyos —en particular la pensión para adultos mayores— ha cambiado la composición de los beneficiarios y en lugar de concentrarse proporcionalmente en los hogares más pobres, rurales e indígenas, los recursos han fluido hacia todos los sectores de la población.

Hernández Licona lo resume con una imagen contundente: al extender la cobija se ha descobijado a quienes ya tenían menos. Para el investigador, al ampliar la cobertura sin un criterio de focalización estricto, el Estado terminó por diluir el efecto redistributivo en los hogares con extrema necesidad.

El economista por la Universidad de Oxford concluye señalando que el aumento al salario mínimo tampoco ha ayudado a estas familias. “El salario mínimo ha subido en el país, el aumento ha sido progresivo y muy importante, pero en las zonas rurales muchas familias tienen sus propios negocios, en la milpa, en el hogar, trabajando con materia prima y ahí nadie les aumenta el salario. Entonces, es otro ingreso que los hogares del decil más bajo se están perdiendo”, sentencia.

De esta forma Villagómez y Hernández Licona explican que a nivel nacional la inseguridad alimentaria mejore, pero a nivel municipal aún se observen cifras tan alarmantes.