La violencia contra estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) reveló las precarias condiciones económicas y de seguridad con las que operan las universidades autónomas de los estados del país.
A los problemas financieros, de calidad educativa e infraestructura que ya enfrentan las instituciones públicas de educación superior, ahora se suman la inseguridad, la presión por aumentar la matrícula y las agresiones contra estudiantes fuera y dentro de los planteles.
Morelos es el caso más reciente. Hace un mes se reportó el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera , una joven española que estaba de intercambio académico en la UAEM. El domingo pasado fueron asesinados en Cuernavaca dos alumnos de 17 años de la Preparatoria Número 2, perteneciente a la misma universidad. Y meses antes ocurrieron los feminicidios de otras tres estudiantes de la UAEM: Kimberly Joselin Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuente.
Ante estos homicidios, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ( ANUIES) demandó a las autoridades estatales esclarecer los hechos y reforzar las medidas de seguridad de las comunidades estudiantiles.
"La seguridad, integridad y vida de las y los jóvenes deben constituir una prioridad nacional", expresó la asociación.
Aunque las universidades han reforzado sus protocolos de atención y prevención de la violencia, aseguró la ANUIES, no pueden actuar contra la inseguridad fuera de las aulas, que afecta a varias zonas del país y, sostiene, es responsabilidad directa de las autoridades gubernamentales, no de las universidades.
"Estos esfuerzos no son suficientes cuando la violencia alcanza los trayectos, las calles y los entornos donde nuestras y nuestros estudiantes desarrollan su vida cotidiana", agregó.
A pesar de la autonomía de las universidades, éstas no están exentas de reportar información de riesgo con las autoridades, reflexiona Alberto Guerrero, consultor especializado en política de seguridad y columnista de Expansión Política.
Sobre todo cuando cuando los planteles se ubican en zonas con altos índices de violencia, como Morelos, que suma 26 feminicidios entre enero y agosto de 2026.
"Durante años, esa autonomía se ha usado, en los hechos, como frontera que impide auditorías externas sobre protocolos de protección estudiantil. Cuando una universidad pública opera en un territorio con feminicidios recurrentes contra su comunidad estudiantil, la autonomía no puede traducirse en opacidad frente al Estado", apuntó en una columna .
Sin embargo, los bajos presupuestos destinados a las universidades autónomas estatales limitan su operación e impiden que pongan en marcha estrategias eficaces para la protección de los estudiantes, quienes han protestado en reiteradas ocasiones para exigir seguridad.
En 2019, por ejemplo, se destinaron 62,459 millones de pesos a la operación de 29 universidades autónomas estatales, según datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Ese monto considera tanto los recursos que el gobierno federal destina a las universidades como los aportados por cada gobierno estatal.
Para 2026, el gasto total para 31 universidades autónomas (una universidad más obtuvo la autonomía en 2022 y otra fue creada en 2020) fue de 83,281 millones de pesos.
Sin embargo, este aumento presupuestal, de 33% en siete años, resulta inferior a la inflación anual y ha provocado que las universidades estatales operen con un déficit financiero que este año alcanza los 55,400 millones de pesos, asegura Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES.
Pese a las restricciones económicas que enfrentan, destaca que las instituciones de educación superior pública han incrementado su matrícula en un 18% entre 2018 y 2026.
Esto porque en el sexenio anterior y en el actual se ha presionado a las universidades para que abran más lugares para estudiantes.
"No podemos seguir ampliando responsabilidades sin contar con los recursos necesarios para cumplirlas. La educación superior pública requiere un financiamiento correspondiente a su importancia estratégica para el desarrollo nacional", subraya González Placencia.
El problema se agrava porque muchos estados no logran aportar la mitad del presupuesto que les corresponde para las universidades autónomas y el peso de los recursos recae sobre el gobierno federal.
Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) identificó que, aunque las universidades estatales concentran una matrícula educativa de más de 2.3 millones de estudiantes, que representan casi 70% del total de alumnos, muchos estados no les aportan recursos suficientes.
En 30 de 35 de las universidades públicas estatales, más de la mitad de sus recursos provienen de la Federación y el resto de fondos estatales o recursos propios.
"En el caso de la Universidades Autónomas de Benito Juárez Oaxaca y Yucatán, casi 90% del presupuesto total corresponde a fondos federales, lo que reduce su nivel de autonomía”, advirtió el IMCO.
Después de la investigación periodística conocida como La Estafa Maestra, que documentó el uso de algunas universidades estatales para el desvío de recursos públicos en 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incrementó la fiscalización a estos planteles.
La institución documentó que, del gasto federal de 2022, las universidades tenían pendiente de aclarar 67.7 millones de pesos.
El IMCO analizó todas las auditorías a las universidades y concluyó que, a pesar de las observaciones y recomendaciones, en 2024 se encontró un monto mayo con irregularidades, de 1,879 millones de pesos, frente a los 1,564 millones por aclarar en 2023.
"Esto se explica por la permanencia de malas prácticas de gasto en las instituciones educativas y la falta de ajustes recomendados, como el mejoramiento de sistemas de nómina para evitar pagos dobles o erróneos al personal", indicó.
La ASF encontró pagos indebidos, sueldos excedentes a personal sin perfil de puesto acreditado, plazas fuera de la normativa y pagos sin la documentación que acredite la prestación de servicios contratados.
También identificó proyectos de obra pública que se pagaron sin comprobar que se llevaron a cabo, así como falta de reintegración a la federación de los recursos no ejercidos.
"La permanencia de fallas en el gasto público de la educación superior debilita la sostenibilidad financiera de las instituciones educativas y limita la calidad de la educación que reciben los estudiantes", señaló el IMCO.
