Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años, era originaria de Gran Canaria y llevaba menos de un mes en México. Estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada y cursaba un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La noche del sábado 12 de septiembre fue atacada con arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, durante la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Murió antes de recibir atención médica.
Morelos, donde la autonomía universitaria protege todo menos vidas
Cuando una universidad pública opera en un territorio con feminicidios recurrentes contra su comunidad estudiantil, la autonomía no puede traducirse en opacidad frente al Estado, señala Alberto Guerrero.
@guerrerobaenamx
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Este miércoles el fiscal Fernando Blumenkron Escobar informó que un juez libró orden de aprehensión contra Francisco Javier "N", alias "el Trompas", identificado con videos de seguridad y aportaciones ciudadanas; es buscado por autoridades estatales y federales, pero sigue prófugo.
Que exista orden judicial no equivale a justicia: equivale a que el aparato de procuración reaccionó tras la presión pública.
Lo que sí es un hecho establecido, documentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es que en Morelos fueron asesinadas 69 mujeres entre enero y julio de 2026 —21 feminicidios y 48 homicidios dolosos—, dentro de un total nacional de 1,250 muertes violentas de mujeres en el mismo periodo.
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Ocho municipios, entre ellos Cuautla, mantienen vigente la Alerta de Violencia de Género. Claudia es la cuarta estudiante vinculada a la UAEM asesinada en 2026, tras Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.
La responsabilidad institucional que nadie quiere nombrar
Una universidad que recibe estudiantes de intercambio internacional adquiere, con ese acto, una responsabilidad de cuidado que no se agota en un comunicado de condolencias.
La UAEM emitió un pronunciamiento de "profunda indignación" y afirmó haber activado protocolos institucionales tras los hechos.
La pregunta pertinente no es qué tan rápido llegó la orden de aprehensión, sino qué hacía la institución antes: ¿existía protocolo de acompañamiento, mapeo de riesgo por zona y horario, canal de emergencia binacional, para una joven extranjera en un municipio con Alerta de Violencia de Género vigente? Si la respuesta es no, la indignación posterior es, en el mejor de los casos, insuficiente.
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Coordinación inexistente entre tres niveles de autoridad
El caso Tacoronte no ocurre en el vacío. Ocurre tras otros tres asesinatos de jóvenes vinculadas a la misma universidad en 2026.
Que la identificación del presunto responsable dependiera de que ciudadanos filtraran su identidad en redes antes que la propia autoridad, es evidencia adicional de que no existe coordinación funcional entre las autoridades universitarias, la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad y los ayuntamientos donde estas jóvenes viven, estudian y se desplazan.
Cada institución reacciona por separado, con comunicados. Ninguna ha mostrado un protocolo preventivo compartido, con responsables identificables y consecuencias por omisión.
El vacío normativo para estudiantes de intercambio
México no cuenta con un protocolo nacional homologado de seguridad y custodia para estudiantes extranjeros de movilidad académica.
Cada universidad negocia, de manera bilateral y discrecional, sus propios convenios de intercambio, sin estándar mínimo de gestión de riesgo, información de contexto de seguridad ni acompañamiento consular automático desde el ingreso del estudiante al país.
La Universidad de Granada ha suspendido sus intercambios con la UAEM tras este caso: señal de alarma que las autoridades deberían leer como advertencia estructural, no como problema de imagen que se resuelve con una orden de captura.
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Autonomía universitaria no es sinónimo de aislamiento
La autonomía universitaria protege la libertad académica y de gestión interna; no exime a la institución de reportar, coordinar y compartir información de riesgo con las autoridades de seguridad pública competentes.
Durante años esa autonomía se ha usado, en los hechos, como frontera que impide auditorías externas sobre protocolos de protección estudiantil.
Cuando una universidad pública opera en un territorio con feminicidios recurrentes contra su comunidad estudiantil, la autonomía no puede traducirse en opacidad frente al Estado, garante último de la seguridad de todas las personas en su jurisdicción.
Una orden de aprehensión no es una política de seguridad
Capturar a Francisco Javier "N" —si finalmente se le detiene, procesa y sentencia con apego a derecho— hará justicia para una familia. No corregirá nada estructural.
La reacción institucional —despliegue de secretarías, mesas de atención, ahora una orden de aprehensión bajo reflectores— es la misma coreografía repetida tras cada feminicidio de joven en Morelos durante 2026. Es una respuesta reactiva, sin diseño específico para violencia de género: reproduce el protocolo genérico de cualquier homicidio, con perspectiva de género añadida después, como enmienda discursiva.
Mientras el estado acumula decenas de mujeres asesinadas al año y mantiene alertas de género activas sin reducción sostenida de casos, el instrumento no funciona como prevención, sino como formalidad que se activa, con suerte, tras la tragedia y la presión pública.
Lo que se necesita, y no es una lista de buenas intenciones
México necesita un protocolo nacional obligatorio de seguridad para estudiantes de intercambio, exigible a toda institución con reconocimiento oficial de validez de estudios, con mapeo de riesgo regional, canal de emergencia binacional y auditoría externa periódica.
Necesita, además, que las Alertas de Violencia de Género dejen de ser un instrumento simbólico y se conviertan en un mecanismo con metas medibles, presupuesto etiquetado y consecuencias políticas para los gobiernos que no reducen sus cifras.
Y necesita que la autonomía universitaria se ejerza junto con —no en lugar de— la coordinación con las autoridades de seguridad, antes de que la próxima orden de aprehensión llegue demasiado tarde para alguien más.
Claudia Tacoronte no fue víctima de una fatalidad aislada.
Fue víctima de un sistema que ya había fallado, con al menos tres jóvenes mexicanas antes que ella, y que hoy persigue a un presunto responsable prófugo mientras el resto de la maquinaria institucional permanece intacta. Morelos y México tienen, ahora, la obligación de que este caso no cierre con una captura y otro comunicado.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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