a) Diagnóstico anual de riesgo del plantel y su entorno, elaborado con fiscalía y municipio.
b) Segunda: convenio con protocolo público de ingreso de la fuerza pública, aprobado por el órgano universitario, salvo flagrancia o riesgo inminente.
c) Denuncia inmediata ante la fiscalía y aviso a familias y socios de intercambio, con sanción por ocultamiento.
d) Protocolo de género con instancia independiente, plazos de atención y medidas de protección, porque la omisión en una denuncia interna puede costar una vida.
e) Cuerpos de vigilancia universitarios certificados, con control de confianza y capacitación homologada, como cualquier policía.
f) Cabina única que trate el aviso universitario como llamada al 911, con tiempos de respuesta medidos y públicos.
g) Trayectos. Rutas seguras, iluminación y paradas vigiladas acordadas con el municipio, y coordinación con transporte público.
h) Rendición de cuentas. Informe público anual, evaluación externa e indicadores de tiempo de respuesta, carpetas y casos comunicados.
Quien incumpla perderá acceso a recursos federales extraordinarios y convenios; los constitucionalistas debatirán hasta dónde, pero la Constitución no ampara el encubrimiento.
Trayectos, tecnología y datos
La tecnología sirve si nace con candado.
Una aplicación de acompañamiento debe ser voluntaria, activarse solo durante el trayecto que el estudiante decida compartir y enviar alertas a la cabina única y a contactos de confianza.
Nada de geolocalización permanente, nada de perfiles de conducta, y borrado de datos al terminar el recorrido, conforme a la legislación de protección de datos personales.
La videovigilancia intramuros sí importa, pero como parte de un diseño: accesos controlados, cámaras en entradas, estacionamientos y corredores, resguardo de imágenes con cadena de custodia para que sirvan como prueba.
Cámaras sin protocolo son decoración, y cámaras sin análisis, archivo de tragedias.
Competencias con nombre y apellido
Para que no suene a "cada quien en lo suyo", cada obligación debe tener responsable nominal y plazo. La policía municipal patrulla y vigila entornos; la estatal responde y coordina; la fiscalía integra unidades especializadas en delitos contra estudiantes y publica avances; el Sistema Nacional de Seguridad Pública mide y evalúa.
La universidad informa, protege dentro y colabora fuera. Quien falle, responde ante autoridad y opinión pública.
La cuenta pendiente
Las rectorías deben dejar de escudarse en la autonomía y los gobiernos en las competencias. Ambos han tenido tiempo.
La UNAM y otras instituciones han vivido violencia en sus entornos, y el patrón se repite: comunicado, marcha, promesa, olvido.
Morelos no es la excepción, es el aviso.
Claudia Tacoronte vino a estudiar y fue asesinada. Dos chicos de diecisiete años fueron atacados un sábado por la noche.
Cuando una universidad europea suspende intercambios, el mundo ya evaluó nuestro sistema.
Ningún minuto de silencio sustituye una política pública.
Falta que lo evalúe el Congreso. Que el próximo periodo legislativo empiece con este estándar aprobado, no con otro pésame.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
