Todo eso, relata, fue antes de la reforma judicial, luego esta se concretó y hubo más suspensiones, algunas por ejemplo para detener la organización de las elecciones judiciales.
Sin embargo, recuerda que la SCJN resolvió que de las suspensiones dictadas debían seguir su curso las relacionadas con la materia de derechos humanos, pero no las que tocaban la materia electoral y además determinó “que no había razón para dar vista al Ministerio Público ni tampoco era un tema que pudiera analizarse en un procedimiento sancionador”.
Contrario a ello, hoy los procesos revivieron y Magaña ha sido emplazada a dos juicios disciplinarios por sus dos sentencias, con dos fechas de octubre de 2025 para audiencias.
Su expediente, afirma, ya fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se mantiene vivo un proceso de queja por las afectaciones al PJF mexicano.
Con 24 años de carrera judicial, Magaña tomó la decisión de no ir a elección judicial de 2025, renunciar a su plaza, y salir al extranjero para continuar sus estudios académicos y carrera.
Al explicar su rechazo a someterse al nuevo sistema de elección popular de juzgadores, la jueza señala:
"Yo me quise ir antes de que entrara el nuevo sistema porque pues justamente no compartía la ideología de este nuevo sistema.... El profesionalismo, el mérito, los exámenes son la vía correcta para llegar a un cargo de juez y mantener así la independencia judicial.
“Mi convicción no es trabajar de la forma en la que se está haciendo ahora, o sea, trabajar bajo consigna o con el miedo de no conceder amparos en contra de autoridades para poder mantener mi puesto, no lo haría".
Reconoce empero que otros de sus compañeros tomaron otros caminos, también válidos, como incorporarse a otros espacios del PJF, volverse litigantes, académicos o asesores jurídicos.
Otras represalias: las readscripciones
El impacto de la reforma judicial también se manifiesta en la movilidad forzada del personal de carrera, por lo que García, la dirigente de Jufed, denuncia el cambio masivo de adscripciones: 43 ordenados de forma simultánea a principios de mes.
Entre ellos 6 magistrados, 27 jueces y 10 secretarios en funciones en 18 estados.
Si bien en el PJF la adscripción es decidida por el OAJ, como antes ocurría con el Consejo de la Judicatura, la medida parecería ser una sanción por resolver con independencia, considera.
La razón detrás de los cambios y también de los procedimientos disciplinarios es que se busca un efecto inhibidor: “la gente cuando está viendo ´me pueden suspender, me pueden cambiar de adscripción´, pues obviamente no tiene la libertad que tendría” para resolver con independencia.
Entre los movimientos ordenados están los que afectarán un órgano clave, el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, dedicado a resolver sobre solicitudes de la Fiscalía para lograr la intervención de comunicaciones privadas, geolocalización u órdenes de cateo.
“La verdad no nos explicamos porque además no lo justifican en lo mínimo por qué estos cambios de adscripción” pero, indica, existe al menos la presunción de que se trata de retirar a juzgadores “incómodos”.
“Un juez o una jueza independiente seguirá siendo siempre incómodo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se pueden paralizar esos actos que según el gobierno estima como prioritarios”.
El Poder Judicial tras su transformación
Secuencia diagnóstica de problemáticas
1
Hostigamiento disciplinario, acoso político y persecución penal
Al menos 20 expedientes en trámite
Procedimientos iniciados en el Tribunal de Disciplina Judicial contra juzgadores por haber otorgado suspensiones o amparos contra el proceso de la Reforma Judicial, reabriendo quejas previas del CJF en secrecía.
2
Desacato verbal y descalificación pública
Exhibición de juzgadores en las conferencias "mañaneras" presidenciales, desacato explícito a las suspensiones dictadas y amenazas de juicio político e investigación penal desde líderes parlamentarios del oficialismo.
3
Tribunal de revisión ideológica
El nuevo órgano disciplinario actúa como instrumento de persecución e inhibición del criterio jurisdiccional e independencia de los jueces.
4
Arbitrariedad en cambios masivos de adscripción
43 juzgadores movidos en 18 estados
Remoción intempestiva ordenada por el Órgano de Administración Judicial (6 magistrados, 27 jueces y 10 secretarios en funciones) de un día para otro, vulnerando la inamovilidad judicial.
5
Desmantelamiento de áreas estratégicas
Afectación directa a órganos de alta especialidad como el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
6
Vulneración de derechos laborales y opacidad administrativa
+80 sin pago / +100 sin pensión complementaria
Negativa del OAJ a pagar la compensación extraordinaria a juzgadores que declinaron o no resultaron electos y retención de pensiones complementarias con derecho constitucional.
7
Opacidad y falta de respuesta
Incumplimiento del deber de dar respuesta congruente e individualizada a las peticiones de los juzgadores sobre el cálculo de sus emolumentos y salarios.
8
Afectación desproporcionada de género y juventud
Exclusión y desprotección laboral de juezas integradas mediante concursos de paridad de género y juzgadores jóvenes por carecer de la antigüedad requerida para acceder a pensiones.
9
Destrucción de la carrera judicial y fuga de talento
Sustitución del mérito profesional y los exámenes de oposición por esquemas de elección popular, derivando en la partidización de la judicatura.
10
Exilio y renuncias forzadas
Salida voluntaria y renuncia de juzgadores de vasta experiencia como acto de resistencia ante la imposición de resolver bajo miedo o consignas políticas.
11
Clima de autocensura
Pérdida de las garantías institucionales requeridas para que las personas juzgadoras protejan al ciudadano frente a abusos del poder público.
12
Riesgo de colapso para 2028
Sustitución masiva programada para 2028
Advertencia de un escenario insostenible en la impartición de justicia al concretarse la segunda etapa de reemplazos masivos en 2028 y pretender sustituir décadas de especialización en dos años.
13
Quiebre del estado de derecho e incumplimiento internacional
Omisión y negativa del Estado Mexicano a rendir los informes requeridos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones denunciadas.
14
Pérdida de contrapeso constitucional
Transformación del Poder Judicial de la Federación para solapar y validar actos del Poder Ejecutivo en lugar de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos.
García indica que la mayor afectación es que se remueve a personal de carrera judicial y “eso forma parte de lo que nosotros advertimos como una dinámica de presión” pues pareciera que lo que se quiere es tener a personas que resuelvan fuera de los criterios de la ley.
“Podemos ver como se cooptó a la judicatura independiente pues para que ahora se dedique a avalar propiamente todo lo que hacen (…) esta nueva Corte que se presume como real y verdadera, pues no ha hecho más que solapar todos los excesos del poder autoritario”.
El PJF que viene después de 2028
Así, concluye, hoy todo eso que se aseguró que no pasaría con la reforma judicial, está en curso.
Se dijo que la reforma, recuerda, no afectaría la independencia de los jueces y magistrados; que se respetarían los derechos de los juzgadores que salieran como resultado de la elección judicial; que no habría persecución; que el TDJ no realizaría una cacería.
Pero “el Tribunal realmente ya es el órgano inquisitorial”; hay denuncias penales contra personas juzgadoras por haberse pronunciado sobre la Reforma Judicial o por inaplicar la figura de la prisión preventiva oficiosa en acatamiento a sentencias de tribunales internacionales; el OAJ se ha negado a pagar todas las compensaciones extraordinarias y pensiones complementarias estipuladas en la reforma judicial
Por todo ello, de cara a la segunda etapa de sustitución masiva de juzgadores prevista para 2028, tanto García como Magaña coinciden en señalar que la salida del personal con décadas de experiencia dejará un vacío crítico en la impartición de justicia en México.
