Tribunal de Disciplina del Poder Judicial 'castiga' a 53 juzgadores de carrera por sus sentencias

Las medidas van por las sentencias que han emitido, unas con inaplicación de la prisión preventiva oficiosa (PPO), tal como está obligado el Estado Mexicano por sentencia internacional o por haber concedido suspensiones contra algunos aspectos de la reforma judicial, por ejemplo, para efectos de que juzgadores cesados accedan al pago que constitucionalmente les corresponde.

María Emilia Molina de la Puente, de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, (AMJAC), señala que no solo es que hayan iniciado esos procedimientos, sino que éstos prácticamente solo se han iniciado contra juzgadores de carrera judicial, mientras que solo hay un caso contra una jueza electa. Se trata de Aneshuarely Riojas Orozco, quien dictó prisión domiciliaria a un presunto feminicida pese haber sido recusada, es decir apartada del caso.

“Es evidente la disparidad de cómo están evaluando las conductas de las personas de carrera con las conductas de las personas electas y esto podría ser, lo digo porque ha pasado en otros países, para cesar a las personas que siguen (en funciones) y son de carrera judicial, selectivamente. Es purgar al Poder Judicial antes incluso del 2028”, acusa.

Tanto ella como Julia María del Carmen García González, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), alertan que se trata de se trata de un intento de control y de poner fin a la independencia judicial.

“Es lo que advertimos, el fin de la independencia judicial, el intento de controlar las resoluciones de manera centralizada y con criterios políticos”, afirman.

'Castigados' por acatar sentencia internacional

Entre las suspensiones están casos de juzgadores suspendidos por acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se ordenó a México eliminar de sus leyes la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, por violar derechos humanos.

“(Por ejemplo) está el caso de un juez en este país que muy valientemente estaba inaplicando la prisión preventiva oficiosa porque tenemos una condena internacional que dice que la prisión preventiva oficiosa (PPO) es inconvencional y violatoria de derechos”, cuenta García González, de la Jufed.

México está obligado a cumplir esa sentencia, pero no ha modificado su Constitución y entonces los jueces están en medio, entre las leyes nacionales y las internacionales, explica Simón Hernández León, defensor de ese caso García Rodríguez y Reyes Alpízar, Zompaxtle Tecpile ante la CIDH e integrante del Colectivo Pena sin culpa.

“Están entre dos deberes jurídicos, digamos, uno que deviene del ámbito internacional que vincula al Estado mexicano y desde luego a los integrantes del Poder Judicial a aplicar las sentencias interamericanas. Otro, el deber que deriva de la Constitución para aplicar de manera literal la prisión preventiva oficiosa, sin ningún tipo de suspensión, de inaplicación”, detalla.

El problema, considera, es que el nuevo Poder Judicial busca que se desacate la sentencia internacional con castigos a los juzgadores.

“Buscan generar un esquema de disuasión a través de procedimientos disciplinarios para que los jueces en el país no apliquen la jurisprudencia interamericana”, dice.

La magistrada en retiro María Emilia De la Puente considera que se están evaluando con diferentes reglas y lo que se quiere es "eliminar a quienes tienen carrera judicial y quedarse con jueces a modo”.

Así, por ejemplo, se tiene a juzgadores suspendidos por no haber dictado prisión preventiva y haber concedido suspensión a personajes que Morena y su gobierno han estado interesados en llevar a la cárcel, como es el caso de los exgobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández, priista, y el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Por el primer caso están suspendidas dos magistradas y en el segundo el juez federal Juan Fernando Alvarado López está inhabilitado por un año y fue vinculado a proceso penal.

En contraste, juzgadores electos en urnas que también han inaplicado la prisión preventiva oficiosa están libres de procedimientos y sanciones.

Como la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Morelia, Yaksi Kinari Alquicira, quien en septiembre pasado decretó la libertad sin reservas de 38 integrantes de la “Guardia de Jahzer”, grupo paramilitar de la iglesia la Luz del Mundo.

O el juez primero de distrito en Zacatecas, Rodolfo García Camacho, electo en urnas aunque también con carrera judicial, quien libró de prisión preventiva oficiosa al empresario conocido como “rey facturero” Raúl Beyruti.

Simón Hernández, también catedrático de la Universidad Iberoamericana, considera que este afán sancionatorio es doblemente preocupante.

“Mientras están ocupados en sancionar a los jueces que inaplican la prisión preventiva, o que admiten un amparo contra la reforma judicial, el país tiene cerca de 200 funcionarios judiciales que por mandato constitucional tendrían que haber recibido una liquidación y de manera ilegal se les niega”, señala.

Se han documentado también procesos disciplinarios iniciados contra juzgadores que dieron trámite a amparos contra la reforma judicial y con ello se violan derechos humanos de los juzgadores, vulneran la independencia judicial y se cierran vías de defensa, destaca el catedrático.

De la Puente recuerda que la admisión de esos casos no puede ser considerado irregular, pues si bien la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) ordenó cerrar todos los amparos contra la reforma judicial en su vertiente electoral, a los que indebidamente se dio entrada y se concedieron suspensiones, los mismos ministros determinaron que sí había otros interpuestos contra la misma reforma judicial que podían seguir su curso.

Estos son por ejemplo los amparos tramitados para proteger derechos laborales, entre otros.

“Pero ahora al sancionar a juzgadores que concedieron suspensiones por estos casos lo que se aprecia es la persecución, y, de nuevo, el intento de purga”, asegura.

Para México Unido contra la Delincuencia (MUCD), que analizó el primer Informe del Tribunal de Disciplina emitido en enero, si bien a su creación se alertó el “riesgo de un tribunal inquisitorial”, las primeras acciones, en que sancionó conductas indebidas, fue para “legitimarse desde sus primeros actos”

Sin embargo halló que no hay indicadores que permitan evaluar la efectividad real, no hay transparencia sobre cómo las decisiones tomadas garantizan investigaciones objetivas e imparciales.

Las tareas investigadoras en esos casos, han estado a cargo de Vladimir Véjar Gómez, director del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, quien en la elección judicial se presentó como "el guardián de la justicia".

Por su parte, María Julia García, de la Jufed, advierte que siempre estará latente la posibilidad de que el Tribunal de Disciplina sancione cualquier criterio judicial si considera que “no se ajustan al interés social", un concepto tan amplío en el que "cabe cualquier cosa”.