Los cambios en igualdad
En materia de igualdad, la presidenta mandó un paquete para reformar diversos artículos de la Constitución para erradicar la brecha salarial por razones de género, obligar a la paridad total en gabinetes federal, estatales y municipales, y crear fiscalías especializadas en feminicidios.
La reforma impone la disposición obligatoria “a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad” con el fin de cerrar brechas en materia salarial entre mujeres y hombres.
La ampliación de facultades a Seguridad
En Seguridad, la mandataria también envió reformas y entre ellas para otorgar mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch. Fueron dos iniciativas en esta materia.
Una es para dotar a la dependencia de instrumentos jurídicos que permitan su participación efectiva en la investigación de delitos, por lo que faculta a la Secretaría de Seguridad a abrir carpetas e investigación de delitos, lo cual hasta ahora solo lo puede hacer la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, creó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, en la cual se crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la SSPC para coordinar la integración de bases de datos, plataformas tecnológicas y análisis criminal, en colaboración con el Ministerio Público.
Sheinbaum impulsa infraestructura
La presidenta también mandó iniciativas en esta materia y una de sus principales estrategias fue el regreso de los trenes, por lo que envió una propuesta para recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema ferroviario.
Así como impulsar trenes de pasajeros y consolidar una política pública de movilidad con enfoque regional, sustentable y soberano. En esta iniciativa se estableció la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado para coordinar el desarrollo ferroviario y regulará los trenes de carga y pasajeros.
También para que el Estado recuperar las rutas concesionadas y declara al ferrocarril como área prioritaria del desarrollo nacional, prohibiendo su privatización sin autorización legislativa.