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PT frena revocación de mandato en 2027; avalan recortar recursos a ayuntamientos y congresos

El PT presentó una reserva para eliminar las modificaciones al artículo 35 de la Constitución, en la que propuso que la revocación de mandato quede en los términos actuales.
mié 25 marzo 2026 11:50 PM
sesión senado plan b
La sesión arrancó solo con la presencia de tres de los seis senadores del PT: Alejandro González Yáñez, Geovanna Bañuelos y Denisse Ortiz Pérez. (Foto: Senado de la República)

Tras la presión del PT, el Senado avaló el "Plan B" de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sin su pieza clave: la modificación en materia de revocación de mandato.

Con 87 votos a favor y 41 en contra, la Cámara alta avaló en lo general y particular el dictamen que recorta recursos a los congresos locales. Sin embargo, se evitó que se realice la consulta de revocación de la presidenta en junio de 2027.

La senadora Lizbeth Sánchez presentó la reserva del PT para eliminar las modificaciones en su totalidad al artículo 35 de la Constitución, donde se establece que se puede realizar la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum en junio de 2027 o en 2028.

“En el PT creemos en la rendición de cuentas ante el pueblo, por eso defendemos la revocación de mandato, pero también creemos que los instrumentos democráticos deben diseñarse con responsabilidad, porque hay una diferencia fundamental, la revocación es el momento en que el pueblo evalúa como gobierno quien fue electo”, dijo la petista.

Antes de que la legisladora presentara su reserva, el coordinador y líder del PT, Alberto Anaya, adelantó que su bancada solo apoyaría la reforma en lo general y no en lo particular, ya que consideran que es inequitativo que la presidenta pueda hacer campaña en el proceso electoral del próximo año, cuando también se lleven a cabo las elecciones intermedias para elegir a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

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Tras la declaración, la oposición aplaudió la decisión del PT y el panista Marko Cortés gritó a Morena: “Se les cayó su coalición”, mientras el partido oficialista solo quedó en silencio.

En su intervención, Alberto Anaya aseguró que no existe “división” en la coalición de Morena, PT y PVEM y añadió que esta unión “está más firme que nunca” para las elecciones de 2027 y 2030.

"Sí les decimos que acompañamos a nuestra presidenta en todo su trabajo. Estaremos con ella firmes hasta 2030, pero también le decimos que quienes pensaban que nuestra coalición podía tener algunas grietas y tener inicio de una división, se equivocan", declaró.

Minutos después de su participación en la tribuna, el también llamado "profe" abrazó y se fotografió con los coordinadores de Morena, Ignacio Mier, y del PVEM, Manuel Velasco.

La propuesta sobre la consulta de revocación de mandato atoró por días la discusión y votación del "Plan B" ya que el PT, uno de los aliados de Morena, rechazó desde un inicio la propuesta al expresar que generará inequidad en las elecciones, ya que estará en las boletas la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la discusión, la oposición estuvo en contra de esta reforma constitucional, ya que señalaron que Morena buscaba utilizar la figura de la presidenta para promocionarse durante las elecciones de 2027, pues se proponía que la titular del Ejecutivo podía llamar a votar a su favor.

"Buscan tener el monopolio político en México, pero la realidad de esto y se los dije ayer en las comisiones es que Morena está cayendo en las encuestas y necesitan de la imagen de la presidenta de la República como salvavidas político de ustedes", señaló la panista Mayuli Latifa Martínez.

En tanto, el priista Pablo Ángulo comentó que esta reforma no es democrática, sino esta implica un retroceso, ya que atenta, dijo, contra la transición donde el poder se debe someterse a las instituciones y no al revés.

"El engaño que pretende hacer Morena, escudándose en una supuesta austeridad, que no tuvieron el cuidado de plantearlo bien desde le principio. (...) No mientan, ustedes no quieren a través de una mecanismo democrático como es la revocación de mandato, consolidar la democracia, o que quieren es distorsionar este mecanismo para que sirva para sus perversos fines", mencionó.

Movimiento Ciudadano también fue en contra. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas sostuvo que el "Plan B" debilita contrapesos institucionales, concentra ventajas a quien ya gobierna y vaciar de contenido los mecanismos de participación ciudadana y todo "envuelto en lenguaje de austeridad". Esto porque Morena asegura que con estos cambios habrán ahorros de hasta 4,000 millones de pesos.

Al defender la propuesta de la presidenta, los senadores de Morena sostuvieron que éste termina con los privilegios de funcionarios pagadas con recursos públicos; además, defendieron que se plantee que la revocación de mandato del Poder Ejecutivo pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno.

"El poder no es de los gobierno, no es de los partidos, el poder es del pueblo, el derecho de quitar a quien no cumpla eso es la revocación de mandato y no es un capricho político, sino un instrumento democrático y de control", declaró Lucía Trasviña.

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¿Qué se aprobó?

El "Plan B" establece que los municipios se integrarán por un presidente municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal. Actualmente, en algunas ciudades con gran población, como Monterrey, pueden contar con hasta 28 regidurías.

También establece un límite al presupuesto de los Congresos locales, por lo que no debe exceder de 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad.

En los estados con un presupuesto igual o inferior al 0.7%, no se podrán autorizar aumentos presupuestarios para 2026, y este sólo incrementará conforme a la inflación anual.

Tampoco los Congresos podrán aprobar ampliaciones presupuestarias, transferencias, reasignaciones, adecuaciones presupuestarias o cualquier otro mecanismos para incrementar sus recursos por encima del límite establecido.

Por ello, las legislaturas –se establece en le "Plan B"– realizarán los ajustes necesarios a sus presupuestos para que las reducciones se apliquen en la siguiente legislatura de la entidad.

En la reforma también se ordena que las remuneraciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), así como los magistrados de los tribunales electorales locales, no podrán ganar más que la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y elimina beneficios adicionales para estos funcionarios, como contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, de separación individualizada, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén en la ley.

Además, el Senado experimentará una reducción progresiva de su presupuesto en los próximos cuatro años, con el objetivo de lograr un recorte acumulado del 15% respecto al presupuesto de 2026.

En la reforma se especifica que la reducción presupuestaria no afectará los derechos laborales de los trabajadores de la Cámara alta.

Se establece que los recursos públicos que resulten, como ahorros en los presupuestos anuales de las entidades por estas modificaciones, quedarán en el patrimonio de la hacienda pública de cada municipio.

En tanto, las legislaturas de los estados destinarán los recursos excedentes a obras de infraestructura pública en beneficio de la población dentro del presupuesto correspondiente.

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