Elecciones 2027: Con 51 atentados en este año, la violencia política amenaza con ensombrecer los comicios en México

En los comicios del próximo año, se jugarán 17 gubernaturas, 500 diputados federales y cientos de cargos locales que van desde diputaciones hasta alcaldías y ayuntamientos, con lo que se multiplicará el número de aspirantes y candidatos que estarán en exposición en busca de un cargo.

“Prevemos que a partir de este segundo semestre puedan incrementar (los casos). Y más porque están en territorio quienes desde ahora se perfilan a cargos, pues se adelantaron meses al proceso electoral e incluso al proceso interno de Morena”, señala Saulo Dávila Valero, consultor senior de Integralia, quien señala que los hechos también han sido dirigidos a exaclades, excandidatos o quienes eran considerados prospectos a ser abanderados en el 2027.

El investigador se refiere a los cientos de políticos de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) que en la búsqueda de ser designados “coordinadores en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” en distritos, estados y municipios, comenzaron a moverse en territorio desde que en marzo la dirigencia morenista anunció el calendario de registro.

El experto en temas de seguridad Javier Oliva Posada, profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también expone que aunque no sea deseable, sí es de esperarse que incrementen los ataques a políticos.

“Lamentablemente en el proceso electoral pasado y antepasado la violencia criminal se hizo presente para influir sobre todo en procesos o en comicios locales. Entonces con el número de candidatas y candidatos que fueron coaccionados o algunos lamentablemente asesinados, sus entornos familiares, sus equipos de campaña, dirigentes de partidos políticos, pareciera —ojalá y no sea así—, que sea un preámbulo de lo que podría suceder más adelante”, dice.

¿Por qué el crimen quiere meterse en política?

Oliva Posada explica que en un sistema democrático liberal con un sólido estado de derecho no tendría sentido preguntarse si la violencia criminal va a influir en un proceso democrático, pero en México cada elección es un factora considerar.

“Lamentablemente observamos la inercia de los últimos procesos electorales, sobre todo federales, es probable, no quiero darlo por sentado, pero es probable que se pueda presentar”, señala.

El catedrático de la UNAM cita al exlíder del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Joaquín Villalobos y experto negociador de conflictos armados, al señalar que él tiene el concepto del "Estado capturado por el crimen", pensando en los casos de Venezuela y México donde señala que "a los criminales no les interesa gobernar, pero sí controlar'”.

Y al haber en 2027 hasta 17 gubernaturas en juego, 30 congresos locales, cientos de presidencias municipales, sindicaturas, es decir miles de cargos en elección, “ese es un riesgo muy importante”.

“Lo que ellos buscan es condicionar. Que alguien llegue a una alcaldía de cierto nivel o de cierta importancia y entonces le digan: ´a ver, este va a ser tu secretario de seguridad, este va a ser tu secretario de obras públicas, este va a ser tu secretario que autorice las licencias de construcción´", explica.

El también el experto en seguridad, Saulo Dávila apunta que la violencia ejercida en contra de quienes buscan ocupar ese tipo de cargos o los ocupan, es para echar mano de presupuestos, recursos, rutas y garantizar protección.

“El crimen organizado debe ser visto de una manera geopolítica. ¿Qué recursos, en qué territorios están y a quien favorecen? ¿Qué hace ese territorio tan prolífico o tan necesario para estas organizaciones? Y de la mano siempre va la violencia política”, expresa.

Para Davila, se puede tratar de recursos, de policías, de impunidad, sea de gobiernos municipales o estatales.

Por ejemplo, explica, se hace una obra pública y la organización criminal decide dónde, a quién se le compra material, quién contrata la mano de obra.

“O usan el presupuesto en seguridad, policías municipales cooptadas que terminan trabajando y haciendo la las labores de crimen organizado pero uniformadas que garantizan el acceso a armamento ilegal e impunidad”.

La violencia puede detonar, explica, porque los acuerdos entre funcionarios, políticos y crimen organizado muchas veces se rompen. "Por eso matan al de Obras o al de Vía Pública, al de comercio informal, al de tianguis, al de mercados, al de los rastros, al funcionario encargado de todo eso, (lo hacen) porque son mercados lícitos que de donde pueden obtener dinero”.

Pero, no siempre hay esos pactos de autoridades con criminales y eso también es motivo de violencia.“Con el poder que tienen, muy por encima de los gobiernos municipales, pues llegue quien llegue a estos simplemente es sometido”.

“El caso más emblemático es el de Carlos Manzo que se opuso, pidió ayuda y terminó siendo ultimado”, dice al recordar el caso del exalcalde de Uruapan, asesinado a fines de 2025 tras pedir ayuda federal para resistirse a presiones criminales y no conseguirla.

“No en todos los casos decimos que hay una connivencia explícita del político del funcionario público con el crimen organizado. En muchas ocasiones, pues no queda de otra (que cooperar)”, señala.

Partidos con más violencia política

Dávila indica que los fenómenos de violencia aquejan a políticos de todos los partidos, lo que indica es que es un "problema de seguridad nacional", porque al final los recursos públicos, el territorio, la democracia en términos generales, está en manos de criminales y eso pone en riesgo la supervivencia del Estado mexicano”.

Integralia ha documentado que los ataques a políticos ya suceden con o sin elecciones de por medio. En el proceso electoral 2021 Integralia reportó 239 incidentes de violencia política.

Sin elecciones de por medio, 2025 tuvo más casos. "Se registraron 382 casos de violencia política, el segundo nivel más alto desde 2018. El incremento de 383.5% frente a 2019 sugiere que la violencia política se ha desvinculado parcialmente de los ciclos electorales".

En este 2026, de las cifras preliminares de políticos funcionarios o exfuncionarios atacados, dominan políticos de Morena o de sus aliados, el PT y PVEM, aunque también hay casos de miembros del PRI, PAN y MC agredidos o ultimados.

Oliva Posada considera que esto tiene que ver con que son Morena y su coalición los que hoy tienen más gobiernos municipales, pero antes fueron otros partidos los dominantes y por tanto, los atacados.

“No importa el partido político, usualmente es el partido gobernante, así lo marca la inercia histórica, entonces (hoy) dicen que Morena está comprometido, pero lo mismo sucedió en su momento con el PAN o con el PRI cuando tuvieron gobiernos a su cargo", expresa.

Respecto a los estados con más violencia política, Dávila Valero precisa que la revisión aun es preliminar, pero Veracruz es un caso preocupente pues en 2025, sin ser año electoral tuvo 212 casos de violencia política de un total de 380 casos a nivel nacional.

"Este año la tendencia (en Verecruz) continúa. Otros estados en los que hay que poner el foco serían Guanajuato, Guerrero, Baja California, Sinaloa, estado de México, Oaxaca, Chiapas y Jalisco", indica el investigador.

Y hay otras entidades como Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Chihuahua y Nayarit en los que hay una tendencia al alza, pero todavía no es tan preocupante.

Parte del problema, refiere el experto, es la “debilidad institucional muy fuerte que vivimos en México, sobre todo en los municipios, que también se ve profundizada por una falta de atención y de despliegue operativo por parte de la Guardia Nacional”, lo que ha causado que gran parte del territorio sea dominado por grupos criminales.

En el 2023 el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos Glen VanHerck dijo que alrededor del 30% del territorio nacional tenía había presencia de crimen organizado. Tres años después, la Agencia Antidrogas de EU (DEA por sus siglas en inglés) “ya hablaba de un 60% o 70% de territorio nacional con presencia del crimen organizado”.

“No estamos viendo que haya una institución que vele por la protección de la seguridad nacional o por la salvaguarda de la seguridad nacional”, indica Dávila, al recordar que las tareas de seguridad en los territorios se abandonaron en el sexenio pasado.