Por tanto, al poner reglas para favorecer al partido en el poder se prevé erosión de la autonomía y la profesionalización de las autoridades electorales.
Algunas de las propuestas son desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales, que son las instituciones encargadas de organizar las elecciones locales en las entidades federativas; elección de consejeros electorales mediante voto popular, reducción de estructura y funciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
La eliminación o reducción de legisladores plurinominales “también representaría un golpe a la pluralidad democrática y la representación, pues hacerlo reduciría a las fuerzas de oposición a su mínima expresión en el Congreso de la Unión”.
“Todo ello resultaría en una pérdida de autonomía, un mayor riesgo de politización y una sobrecarga de trabajo que mermaría la calidad e integridad de las elecciones”, señala el informe.
Inversión, empleo y desarrollo industrial
La consultora ubica que la inseguridad y la violencia ya se han convertido en un problema económico grave.
Por tanto se aprecia que el recrudecimiento de la extorsión frenará también en 2026 la inversión, la creación de empleo y la innovación.
Recordó que la Confederación Patronal de la República Mexicana calcula que la extorsión provoca pérdidas económicas anuales cercanas a los 21,000 millones de pesos.
Así la reforma y estrategia antiextorsión son “un avance” pero México corre el riesgo de seguir sumido en la espiral de criminalidad y violencia en 2026 pues falta tiempo para ver si funcionan.
Pero el riesgo persiste pues, recuerda, la mayoría de los cuerpos de seguridad tendrá menos presupuesto este año y “paradójicamente, el recorte presupuestal más drástico” será el de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), con un recorte de 17.6% con relación a su gasto de 2025.
“Sin recursos suficientes, el combate a la extorsión y a todas las formas del crimen que afectan la actividad económica podría malograrse. Combinada con la incertidumbre jurídica y las restricciones fiscales del gobierno, la inseguridad podría seguir desincentivando la inversión e inhibiendo la creación de empleo”, explica.
Restricciones fiscales en México
Junto con la política arancelaria de Estados Unidos la política fiscal es vista como una alerta pues ha implicado en el recorte a la inversión pública y eso limita el desarrollo de la infraestructura y de sectores económicos clave, como el manufacturero.
“La inversión pública en infraestructura es fundamental, pues dinamiza la actividad económica, fomenta la inversión privada y la creación de empleo, y ayuda a atraer la relocalización de cadenas de suministro (nearshoring)”, detalla.
Pero el déficit fiscal ha llevado a recortar la inversión pública. “En 2026, México podría recuperar terreno ligeramente”, estima, aunque señala que sí se prevé destinar a ese rubro un 21% más este año que en 2025, “pero la Secretaría de Hacienda estima que de 2027 a 2030 la inversión pública volverá a contraerse”.
Si a eso se suma la política arancelaria de Estados Unidos, que ya han minado a segmentos importantes de la industria manufacturera nacional, como el automotriz y el siderúrgico, la consecuencia es una incertidumbre que inhibe la inversión.
“En este contexto, la revisión del TMEC se vuelve aún más relevante. Una negociación exitosa supondría una inyección de certidumbre que apuntalaría a la industria mexicana y alentaría la inversión. Un resultado desfavorable debilitaría las ya de por sí bajas expectativas de crecimiento”.
