Para Arturo Espinosa Silis, consultor y director de Laboratorio Electoral, “a primera vista” la detención de Ruffo Appel se da en respuesta a los ataques a la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de quien se filtraron audios presuntamente negociando con autoridades estadounidenses.
Además se da en medio de acusaciones a otros políticos del partido, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, quien es señalado de tener vínculos con el crimen organizado; y de Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.
El analista político señala el “riesgo” de que el proceso contra Ruffo Appel no sea solo para combatir el huachicoleo fiscal o la persecución de conductas ilícitas, sino que tenga fines políticos.
Además, prevé que los partidos entren en una lucha sobre quién tiene más gobernadores corruptos, pues ambos han tenido personajes acusados o investigados con el crimen organizado, actos de corrupción, entre otros.
“Lo que vamos a ver serán golpes de un lado y del otro a ver quién impacta más en las figuras políticas o liderazgos políticos”.
Arturo Espinosa Silis, consultor y director de Laboratorio Electoral.
Para la especialista del Tecnológico de Monterrey, Xóchitl Pimienta Franco, la investigación contra el panista se puede "contaminar" debido a que la detención se dio cuando se filtraron audios de la gobernadora.
“Sí se ve que se puede contaminar, más que ser una causa o consecuencia, se va a contaminar políticamente tanto la investigación como el seguimiento (contra Ruffo Appel), porque ahí hay un señalamiento a la gobernadora”, dice.
La disputa por Baja California
La detención se da en un momento en el que el PAN ha tenido una caída al perder en los últimos años 26% de su militancia, cinco millones de votos, la gubernaturas de seis estados y desde hace tres sexenios no ha ganado la presidencia del país ni han estado cerca.
En Baja California, encabezado por panistas durante 30 años, el escenario cambio con la llegada de Morena al poder. El blanquiazul fue la primera fuerza política de 1989 a 2013 al obtener en cada elección a gobernador entre 47% y 50% de los votos, pero en 2019, cuando el morenista Jaime Bonilla ganó la contienda, pasó a ser tercera fuerza política, incluso en el Congreso estatal.
Desde 1989 hasta 2016, los legisladores panistas dominaban el control del Poder Legislativo y desde 2019 lo hacen los morenistas junto con sus aliados.