En un comunicado, el gobierno de Baja California afirmó que los audios corresponden a una conversación privada sostenida con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, aunque, según la administración estatal, nunca acreditaron formalmente esa representación.
La gobernadora señaló que durante el intercambio se plantearon distintos escenarios legales sin exhibir documentos o requerimientos oficiales.
Ávila Olmeda sostuvo que cualquier asunto de esa naturaleza debe atenderse exclusivamente por las vías institucionales y aseguró encontrarse dispuesta a colaborar con cualquier investigación formal de las autoridades competentes.
Añadió que las referencias hechas en la conversación sobre intercambio de información corresponden a la coordinación habitual que mantiene Baja California, como estado fronterizo, con instancias de México y Estados Unidos en materia de seguridad, la cual, dijo, se desarrolla mediante canales oficiales y con respeto a las atribuciones de cada gobierno.
Asimismo, rechazó las interpretaciones derivadas de fragmentos aislados del audio y aseguró que continuará enfocada en las tareas de seguridad y bienestar de los habitantes del estado.
La respuesta de la mandataria fue cuestionada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que consideró insuficientes las explicaciones ofrecidas y afirmó que el contenido del audio plantea dudas sobre la relación de la gobernadora con autoridades estadounidenses.
El partido sostuvo que, si se confirma que existió colaboración o intercambio de información con agencias de ese país en los términos sugeridos por la grabación, Morena debe explicar por qué mantiene una postura distinta cuando casos similares involucran a integrantes de la oposición... como en el caso de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.
Acción Nacional respaldó además la postura de su dirigencia en Baja California para que Marina del Pilar solicite licencia al cargo mientras se esclarecen los hechos.
El partido argumentó que la polémica rebasa el ámbito político y representa un tema de seguridad nacional, al considerar que las dudas recaen sobre una autoridad en funciones.
La difusión del nuevo audio ocurre semanas después de que la propia gobernadora confirmara la revocación de su visa de no inmigrante por parte del gobierno de Estados Unidos.
Hasta ahora, no existe una confirmación oficial sobre la autenticidad de la grabación difundida ni las autoridades estadounidenses han emitido un pronunciamiento respecto al contenido de la conversación.
