El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de dos nuevos políticos nacionales, por lo que serán ocho las fuerzas políticas que participarán en las elecciones federales de 2027.
De confirmarse la decisión tras eventuales impugnaciones, la bolsa de financiamiento público de los partidos tendrá que repartirse entre ocho y no entre seis fuerzas nacionales, sin que ello implique más recursos del erario para financiar la política.
Los nuevos partidos cumplieron con número de militantes, asambleas y documentos básicos apegados a la Constitución, de ahí que el registro comenzaría a tener efectos legales a partir del 1 de julio.
Cada uno de los partidos nuevos recibirán 73.68 millones de pesos de financiamiento para lo que resta de 2026, es decir 18.4 millones de pesos mensuales. En consecuencia los partidos viejos verán reducidos sus montos de financiamiento.
- Somos México, al que la Comisión emplazó a modificar a más tardar el 31 de agosto su nombre, color y logotipo y realizar reformas a sus documentos básicos para incorporar lenguaje incluyente.
Según la resolución, su nombre puede generar confusión al elector con la nacionalidad mexicana y el logotipo también genera confusión con otras fuerzas políticas.
Este partido se forjó con lo que fue la ''marea rosa'' que defendió al INE y al Poder Judicial, con apoyo de algunos perredistas y panistas, y que además apoyó a Xóchitl Gálvez en el proceso electoral de 2024.
Desde antes de la decisión, el dirigente, Guadalupe Acosta, había anticipado que impugnará las restricciones a conservar el nombre de la organización.
- Partido Paz se había autodenominado Construyendo Sociedades de Paz con las siglas CSP. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó modificarlo al atender una impugnación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se quejó del uso de sus iniciales pues podrían confundir al electorado.
Sus creadores pertenecieron antes a los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario.
Con la decisión también se acordó someter al Consejo General la redistribución de 3,684.1 millones de pesos para las actividades ordinarias de los partidos.
En la sesión, las consejeras Frida Gómez y Norma de la Cruz refirieron las irregularidades detectadas y por las cuales el voto mayoritario fue en contra de conceder el registro a México tiene vida y a Que Siga la democracia.
La primera organización, dijo Gómez, tuvo la participación activa de ministros de culto y estos tuvieron incidencia en la Asamblea Nacional Constitutiva, lo que viola la laicicidad garantizada en el artículo 40 de la Constitución.
Se identificaron 98 personas ministras de culto que participaron en 58 asambleas, por lo que al eliminarlas sólo acreditaría la realización de 175 asambleas válidas, por debajo del requisito de 200 reuniones distritales.
Además hubo irregularidades graves en materia de fiscalización. Entre ellas omitió rechazar 179 mil pesos de personas no permitidas por la ley, no comprobó 2.6 millones de pesos gastados en asambleas, inmuebles, gastos logísticos.
Se acreditaron ingresos con inconsistencias por 3.7 millones de pesos por lo cual hay “falta de certeza en el origen y destino del gasto”.
Respecto a Que Siga la Democracia, la consejera Frida Gómez recordó que se hallaron irregularidades durante el proceso de fiscalización de ingresos y gastos y también en materia de afiliación de militantes, todo ello sancionado la semana pasada.
Se hallaron 92 registros simulados, imágenes alteradas para hacerlas pasar por fotografías vivas, falsificación de credenciales para votar, cuatro firmas falsas de la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Espino.
Recordó la sentencia de 2023 emitida por el TEPJF en la que se resolvió que esa misma organización que participó en la recaudación de firmas para la revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó al INE 14, 940 formatos de apoyo relacionados con personas fallecidas.
En la sesión, la consejera Carla Humphrey recordó, como lo hizo en la sesión de la Comisión de Prerrogativas que aprobó el miércoles 24 los proyectos para otorgar registros, que de manera al menos extraña la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) respondió a un requerimiento de información hecho por el INE.
Desde hace años la UIF ha ignorado las peticiones de información del INE y la semana pasada la Comisión de Fiscalización reportó que en lo que va del año no le había pedido datos.
Pero antier por la noche, y a destiempo, mandó información supuestamente solicitada desde abril y aparentemente relevante en el proceso de otorgamiento de registro de Que Siga la Democracia, organización que fue aliada de Morena.
De acuerdo a una ficha técnica entregada a los consejeros, la UIF revisó las cuentas de ese organismo y de su líder Edgar Francisco Garza y de su esposa Gabriela Jiménez Godoy, diputada de Morena.
Lo hallado “sugiere la existencia de vínculos corporativos y operativos que ameritan profundizar el análisis patrimonial y financiero para determinar la naturaleza económica real de dichas relaciones y el posible flujo de recursos entre los integrantes de la red”.
“Es importante destacar que esto se refiere a diversas empresas vinculadas al presidente de la OC (organización civil); no obstante, no existe evidencia de conexión financiera con la misma”, se informó a los consejeros.
Pese a ese deslinde, la consejera Frida Gómez advirtió que la “información sensible” de la UIF debe valorarse junto con las otras irregularidades ya acreditadas en materia de fiscalización, la presentación de afiliaciones y documentación falsa.
“El reporte que brinda la UIF refuerza la necesidad institucional de no cerrar los ojos ante la falta de certeza. No podemos cerrar los ojos ante la falta de certeza que ya se desprende de la evidencia obtenida por este Instituto.
“Otorgar el registro a una organización de la cual no se cuenta con elementos ciertos sobre cómo financió sus actividades para el cumplimiento de los requisitos legales no es un acto automático”, argumentó.
