La próxima semana el Instituto resolverá sobre el otorgamiento o la negativa al registro de las organizaciones que lo solicitaron y que además reunieron todos los requisitos.
En la sesión de hoy se fiscalizaron los recursos erogados por las organizaciones que siguen en el proceso, y además se resolvieron diversas quejas que fueron investigadas por el Instituto por irregularidades en la realización de asambleas, como la entrega de dádivas, dinero o el empadronamiento irregular.
La fiscalización se realizó sobre más de 52 millones de pesos reportados como egresos e ingresos por más de 44 millones de pesos, todo en el período comprendido entre enero de 2025 y febrero de 2026.
La organización “Personas sumando en 2025”, que promueve al partido Somos México, fue de las que ya cumplieron requisitos de asambleas y militantes y no reportó irregularidades que ameritaran multas.
La anomalía mayor fue la recepción de aportaciones en especie superiores a 90 Unidades de Medida y Actualización (UMA), sin acreditar el pago mediante transferencia o cheque nominativo de la persona aportante, pero por un monto de casi 28, mil pesos, por lo que no ameritó sanción.
No se hallaron ingresos de entes no identificados ni rebase al límite individual de aportaciones de asociados o simpatizantes.
En cambio "Que siga la democracia", la que promovió el proceso de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador y que es integrada por morenistas, no reportó gastos por 1.4 millones de pesos.
El organismo "México Tiene Vida" tuvo una aportación de ente impedido por 779,000 pesos y cinco consejeros votaron por darle oportunidad, pese a haber concluido los tiempos, de dar explicaciones a la persona moral impedida a financiar a un partido, una empresaria taurina.
El INE decidió abrir dos procedimientos oficioso por falta de certeza del origen de recursos por 3.7 millones de pesos.
A "Construyendo Sociedades de Paz" le fueron detectadas aportaciones en especie superiores a 90 UMA, sin acreditar el pago mediante transferencia o cheque nominativo de la persona aportante, por 76 mil pesos y egresos no reportados por 74,795 pesos.
La consejera Carla Humphrey, integrante de la Comisión de Fiscalización, destacó que se hallaron conductas particularmente graves como la falta de certeza sobre el origen de recursos y eso será valoradas integralmente al momento de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de los registros.
Entre las conductas observadas destacan aportaciones respecto de las cuales no existe plena certeza sobre el origen real de los recursos, ni sobre la capacidad económica de las personas aportantes, así como posibles aportaciones de entes impedidos por la normatividad electoral.
