David Saucedo, especialista en seguridad, explica que por primera vez Estados Unidos está atacando de forma más integral a las organizaciones criminales, lo que alcanzó a los funcionarios mexicanos acusados de proteger a los cárteles.
“El gobierno estadounidense está atacando las cuatro patas de la mesa: la estructura criminal que son sicarios, narcomenudistas, halcones; todo el apoyo y vínculo político, policial y militar; la tercera pata de la mesa, es el aparato empresarial y blanqueo de capitales y la cuarta vertiente es la base social de apoyo”, sostiene.
En los últimos 15 meses, el gobierno de Trump dio varios golpes a las estructuras criminales y a sus finanzas. Con la designación de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales se permite al gobierno estadounidense congelar activos financieros, imponer sanciones y perseguir a quienes den “apoyo material” a los “terroristas”. Apenas este miércoles, el Departamento del Tesoro sancionó a 14 sujetos acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.
La batalla del gobierno de EU se intensifica también contra autoridades a quienes acusa de proteger a criminales. Hace unos días Trump aseguró que "los cárteles gobiernan México", acusación que se suma al comunicado de febrero de 2025 en el que la Casa Blanca aseguró que el gobierno de México tenía una “tener una alianza con los cárteles”.
“Estados Unidos seguirá profundizando, sobre todo este año, las medidas contra el crimen organizado y la narcopolítica”, asegura Simón Hernández León, catedrático dela Universidad Iberoamericana.
Un problema que México arrastra
Los presuntos nexos entre autoridad y crimen son muestra de la descomposición institucional que aqueja al país y no se limitan a políticos de un partido.
“Son expresiones de macrocriminalidad, en las que servidores públicos se hacen parte de estructuras criminales o colaboran con la delincuencia organizada y es un fenómeno cada vez más presente, pero no solo de esta administración, sino que es un problema de la clase política desde hace años”, dice Hernández León.
Entre los ejemplos se encuentran, Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas acusado de recibir dinero ilícito del Cártel del Golfo y de "Los Zetas" al exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso en EU por vínculos con el Cártel de Sinaloa, a los que se sumaron el alcalde de Tequila, Diego Rivera, y el gobernador con licencia de Sinaloa.
Ruslan Posadas, analista político y catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sostienen que aunque la relación no es nueva, tiene un efecto devastador para el país y para Morena porque es Estados Unidos quien lo pone sobre la mesa y ejerce presión al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se combata ese vínculo.
“Los señalamientos tienen efectos devastadores y se incrementarán cuando se empiecen a conocer políticos o representantes populares de Morena vinculados al crimen organizado, porque esto va a tener un efecto dominó y puede apuntar incluso hasta las esferas más altas de la representación y el poder político”, considera.
En 2025, el gobierno de Trump canceló visas a políticos mexicanos, entre ellos, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California; Alex Tonatiuh Márquez Hernández, extitular de investigación aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (Anam); José Luis Dagnino, alcalde del municipio de San Felipe, Baja California; Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora; Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali; Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, en Sonora; Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero; Mario Alberto López Hernández, diputado federal, entre otros.
De acuerdo con funcionarios consultados por Reuters, la cancelación de algunas visas se dio en medio de la ofensiva de Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno estadounidense no comparte esa información con su administración.