Encuentra los casos más relevantes que han puesto en la mira a funcionarios públicos y su presunta colaboración con delincuentes.(@SofiGarciaMX/X, Omar Torres/AFP y Facebook)
La acusación a Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco, señalado como líder de la organización criminal "La Barredora", es el más reciente caso de funcionarios en la mira por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En enero de 2025, autoridades confirmaron que el exsecretario de Seguridad salió del país, por lo que se activó la ficha roja de la Interpol para capturarlo.
A continuación, te mencionamos algunos de los casos más relevantes que han puesto en la mira a funcionarios públicos y su presunta colaboración con delincuentes.
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Hernán Bermúdez
@Juan_OrtizMX(X)
Durante cinco años, Hernán Bermúdez estuvo al frente de la seguridad pública de Tabasco. El funcionario se mantuvo en el cargo de 2018 a 2024. Fue designado por Adán Augusto López y continuó durante el interinato de Carlos Merino. En enero de 2024 fue destituido tras años de acusaciones por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Las filtraciones del colectivo Guacamaya revelaron documentos de la Sedena desde 2022. En ellos, se incluían al menos diez reportes militares que ubicaban a Bermúdez como integrante del CJNG. La documentación lo identificaba bajo el alias “Comandante H”, presunto operador del grupo criminal "La Barredora" en Tabasco.
Pese a las evidencias, se mantuvo en el cargo hasta 2024. Adán Augusto desestimó los señalamientos y calificó los reportes como “fantasías”. López Obrador respaldó públicamente a su entonces secretario de gobernación. Javier May, actual gobernador, reprobó que sus antecesores mantuvieran a Bermúdez en funciones pese a los reportes en su contra.
El 14 de febrero de 2024 se giró orden de aprehensión, sin embargo, se había fugado semanas antes, de acuerdo con autoridades castrenses. El comandante de la 30 Zona Militar detalló su salida desde Mérida y su paso por Panamá, España y Brasil. Interpol activó ficha roja para su localización.
Genaro García Luna
OMAR TORRES(AFP)
Genaro García Luna fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón. Ocupó el cargo de 2006 a 2012 y encabezó la estrategia conocida como guerra contra el narcotráfico. En ese periodo se desplegó el Ejército en varias entidades del país.
El 19 de diciembre de 2019 fue detenido en Texas. En enero de 2023 un jurado lo declaró culpable de cinco cargos relacionados con narcotráfico. El 24 de julio de 2024, el juez Brian Cogan dictó una sentencia de 38 años y 8 meses de prisión. También ordenó el pago de una multa por dos millones de dólares.
Las acusaciones incluyeron conspiración para el tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal y declaraciones falsas. La Fiscalía sostuvo que colaboró con el Cártel de Sinaloa desde 2001. Testimonios indicaron que recibió sobornos millonarios en efectivo. También facilitó el paso de cargamentos y protegió a líderes del grupo.
El testimonio más citado provino del juicio contra Joaquín Guzmán Loera. Un exintegrante del cártel declaró que entregó maletas con seis millones de dólares a García Luna en tres ocasiones. El objetivo era asegurar la libre operación del grupo. También se le atribuyó colocar a funcionarios corruptos en puestos clave.
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Édgar Veytia
(Facebook)
Édgar Veytia fue fiscal general de Nayarit de 2013 a 2017. Antes ocupó diversos cargos vinculados a la seguridad en el estado. Inició como director de Tránsito en Tepic y luego fue secretario de Seguridad Pública. Su ascenso coincidió con el gobierno de Roberto Sandoval, con quien mantenía una relación cercana.
En marzo de 2017 fue detenido en San Diego, Estados Unidos, con posesión de drogas. Las autoridades lo acusaron de conspiración para distribuir, importar y fabricar heroína, cocaína, marihuana y otras sustancias. El expediente judicial lo identificó con los alias “El Diablo”, “EEPP” y “Licenciado Veytia”. Enfrenta cargos en una corte estadounidense.
Durante su gestión como fiscal, surgieron señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Versiones locales lo acusaron de encubrir secuestros y facilitar acciones del crimen organizado en varios municipios.
Ejidatarios, familiares de víctimas y habitantes de Compostela lo señalaron por amenazas, extorsiones y abusos. También lo acusaron de permitir la participación de policías estatales en operativos irregulares. El gobernador de Nayarit declaró en rueda de prensa que “habría metido las manos al fuego por él”, pero luego se deslindó públicamente.
Eugenio Hernández Flores fue gobernador de Tamaulipas de 2005 a 2010. En octubre de 2017 fue detenido en Ciudad Victoria. La Fiscalía del estado lo acusó por peculado y lavado de dinero.
La acusación principal en México se relaciona con la venta irregular de terrenos en Altamira. La Fiscalía Especializada detectó un daño patrimonial por más de 1,500 millones de pesos. Los terrenos fueron vendidos en 16 millones a un empresario vinculado con el exmandatario. La FGR señaló que el beneficiario era parte de una red de lavado de dinero.
Durante su gobierno, se fortalecieron los grupos del Cártel del Golfo y Los Zetas en Tamaulipas. Fiscales de Texas señalaron que Hernández recibió sobornos de estas organizaciones. Esos recursos fueron canalizados a través de un empresario identificado como su testaferro. La investigación incluye transferencias por al menos 30 millones de dólares.
Fiscales de Texas lo acusan de abrir cuentas bancarias con recursos obtenidos de contratos falsos. Según el expediente, creó empresas ficticias con su cuñado para transferir fondos públicos robados. Las autoridades estiman que lavó más de 300 millones de pesos. La solicitud de extradición fue autorizada en 2018.
Hasta 2025, el juicio de extradición no se ha resuelto. En 2023, el juez Genaro Valerio le concedió libertad condicional con fianza de cinco millones de pesos. La FGR advirtió sobre el riesgo de fuga y acusó demoras deliberadas en el juicio de amparo. Estados Unidos mantiene vigente la solicitud para juzgarlo por lavado, fraude y operaciones financieras ilegales.
