La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el fallo deriva de un procedimiento civil impulsado en Estados Unidos para recuperar recursos presuntamente obtenidos a través de contratos públicos irregulares y operaciones financieras asociadas a actos de corrupción.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, durante el litigio se presentaron pruebas documentales, testimoniales y elementos financieros obtenidos mediante mecanismos de cooperación internacional, con los cuales se acreditó la participación de diversas personas y empresas en una red de desvío y ocultamiento de recursos.
La dependencia destacó que la condena se suma a las resoluciones dictadas previamente en mayo de 2025 en contra García Luna y su esposa, por un monto superior a los 2,448 millones de dólares.
Con esta decisión judicial, el valor total de las sentencias obtenidas por el Estado mexicano en torno a este esquema supera los 3,067 millones de dólares.