Luis Javier Moreno, director de Política Colectiva, organismo de la sociedad civil dedicado a promover los mecanismos de democracia participativa, plantea que hay una tensión entre los ejercicios de participación ciudadana y el presupuesto requerido para concretarlos.
“Creo que se tienen que tomar más en serio tanto en los Congresos estatales, que creo que es donde definen los presupuestos, como los institutos, esta tarea de fortalecer la democracia en en lo local”, dice.
Para el politólogo la normalidad debería ser que en las entidades los OPLES no solo organicen elecciones cada tres años, sino todo tipo de ejercicios de participación ciudadana, pues en ciertos escenarios de crisis de gobernanza o de legitimidad permiten restablecer la confianza.
Por ejemplo, refiere que las leyes estatales de participación cada vez son más importantes. Por ejemplo, en leyes como la de la Ciudad de México hay con 20 mecanismos, en Jalisco, 16; 14, en Chihuahua y 11 en Querétaro, es decir, hay muchas más formas de participar que están ya aprobadas en la ley, pero para que se garanticen esos derechos se tiene que etiquetar el presupuesto en los institutos estatales electorales.
“Si sería necesario etiquetar este presupuesto, yo creo que sin duda. Creo que esto debe pasar por una discusión muy amplia también por parte de los partidos políticos en lo local y definir y revisar cuál ha sido el papel que tiene la ciudadanía en los diferentes temas, las agendas que se están moviendo”, señala.
El impulso a la revocación
Los catedráticos consultados enfatizan que el ajuste a estos instrumentos de democracia participativa contrastan con el interés que se otorga al proceso de revocación de mandato presidencial programado para realizarse en 2028, una vez que en la aprobación del "Plan B" se rechazó adelantarlo a 2027.
Este tendría un costo aproximado de al menos 3,830 millones de pesos, si se considera que esta fue la suma prevista para el ejercicio de revocación de mandato realizado en 2022, aunque en realidad implicó gastos por unos 1,600 millones de pesos pues el INE tuvo un recorte presupuestal de 27% ese año.
Ese primer ejercicio se realizó siendo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero solo acudió a las urnas el 17% del electorado, a pesar de que esa consulta fue promovida por el propio mandatario.
El académico de la UNAM, Héctor Zamitiz Gamboa, señala que este tipo de mecanismos requiere una amplia movilización por eso “a veces es difícil que la sociedad los promueva, porque debe de ser una sociedad organizada …(entonces) o lo hace el gobierno o lo hacen los partidos políticos o lo pueden hacer ciertas organizaciones de la sociedad civil, es una movilización muy fuerte la que se requiere”.
Pero reconoce que han sido los gobiernos los interesados en promover la consulta de revocación aunque en esencia es el pueblo o la sociedad la que puede promoverla por pérdida de confianza.
