México bajo la lupa: alto comisionado de la ONU evalúa la crisis de desaparecidos

La visita del alto comisionado es visto de manera positiva entre integrantes de organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda para que el problema sea reconocido por el gobierno, que se respalde el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas y que el Estado mexicano acepte ayuda internacional.

“Es importante que México acepte la cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para poder avanzar porque las cifras de desapariciones que caracterizan a México son las más grandes”, plantea en entrevista Marisol Méndez, coordinadora de Incidencia de Fundación para la Justicia.

Aunque en otras ocasiones el Comité se ha referido al tema, es la primera vez que se pide que el caso de desapariciones se lleve a la Asamblea General de la ONU y que sea platicado por el alto comisionado con el titular del Ejecutivo Federal.

En 2022, la entonces alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, manifestó su gran preocupación por tan “desgarradora tragedia” y llamó a las autoridades a esforzarse más para poner fin a estos atropellos.

En ese momento exhortó a las autoridades a colocar a las familias de las personas desaparecidas en el centro de los esfuerzos y a asignar a las investigaciones y búsquedas los recursos necesarios. Asimismo, instó a México a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas.

El informe de la ONU señalaba que de 1964 a la fecha habían desaparecido 100,000 personas en México, de los cuales más del 97% sucedieron a partir de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón asumió el poder y el país instauró un modelo militarizado de seguridad pública .

La crisis que llamó la atención de la ONU

Las primeras desapariciones se reportan desde 1952, sin embargo, fue a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico” cuando se aceleró la desaparición de personas.

Entre 1952 y lo que va abril de 2026, un total de 397,142 personas han sido reportadas como desaparecidas, de ellas, 133,250 siguen sin conocerse su paradero.

Por gobiernos, en el de Felipe Calderón se reportaron 40,379 desapariciones, en el de Enrique Peña Nieto 100,735 en el de Andrés Manuel López Obrador 162,049 y en los primeros meses del sexenio de Claudia Sheinbaum 51,748.

En los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, encabezados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, se registraron 213,631 desapariciones, que representan el 53% del total.

Ante la gravedad de la crisis de desapariciones que enfrenta México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el Artículo 34 de la Convenio Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para pedir que se lleve el tema a la Asamblea General.

“El Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, planteó.

Aunque desde el año 2012 el Comité ha emitido informes o recomendaciones, por primera vez sugirió que el tema llegue a la Asamblea General. La base: el artículo 34.

“Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, podrá, tras solicitar al Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre la situación, poner el asunto en conocimiento urgente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”, refiere el artículo de la Convención Internacional.

Colectivos en México y organizaciones de búsqueda consideran que exponer la crisis de desapariciones ante el mundo permitirá que el país reconozca la magnitud de lo que está sucediendo.

“El informe ha causado mucha incomodidad en el gobierno y respuestas muy desafortunadas, pero lo que nosotros vemos es una oportunidad de avanzar en la resolución de la problemática”, agrega Méndez.

Si el tema de las desapariciones llegara a la Asamblea General de la ONU, México tendría que comparecer para explicar la crisis de desapariciones y el organismo podría instruir el establecimiento de comisiones o grupos de expertos para asesorar e investigar esas ausencias. Sin embargo, México no está obligado a responder como acusado.

“No está obligado a responder como acusado pero tiene presentar pruebas también y responder alguna manera. Es un tema de empujar más hacia una voluntad política donde pueda haber eh respuesta para las madres y familiares de buscadores”, agrega Conrado Zepeda Miramontes, SJ, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO Puebla.

Para José Luis García Aguilar, experto en Relaciones Internacionales, el propósito del informe del Comité no es señalar a un gobierno en particular, si no auxiliar a México frente a un problema que lo está superando.

"El espíritu de ese reporte tiene que ver con la idea de ayudar a México a tratar de resolver adecuadamente ese problema. No es una acusación directa, si no es más bien una idea de ayudar al país a solucionar el problema, pero la respuesta del gobierno mexicano fue muy defensiva", considera.

La revisión con México

Vía la Secretaría de Relaciones Exteriores y en voz de la propia presidenta de la República, México manifestó su rechazo al informe del Comité, sin embargo, ha planteado su disposición al diálogo con el alto comisionado.

“Se va a trabajar para informarle lo que hemos estado realizando para apoyar a las víctimas, y para atender el delito de desaparición. Y al mismo tiempo, recibir sus opiniones y ver de qué manera se puede colaborar para atender a las víctimas, que es lo más importante, y erradicar el delito de la desaparición vinculada con grupos delincuenciales”, dijo Sheinbaum el pasado 16 de abril.

En las primeras horas en México, el alto comisionado se reunió con integrantes de colectivos, así como con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En su encuentro con organizaciones de derechos humanos, el comisionado recibió una carta en la que le solicitan respalde el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU sobre México.

“Acompañar la determinación del CED en el entendido que es resultado de un reclamo de las familias desde hace años y considerando que otros comités ya se han pronunciado sobre la problemática”, dice la carta suscrita por 104 colectivos de víctimas de personas desaparecidas de México y Centroamérica, 315 familias de personas desaparecidas en México y 78 organizaciones más.

Marisol Méndez plantea que la visita del alto comisionado abre la oportunidad para que el gobierno de México acepte ayuda internacional en una crisis que no cede y que con el paso de cada sexenio se acentúa.

“Las víctimas no pueden esperar más, hay más de 132, 000 familias esperando una respuesta y esperando que sus seres queridos vuelvan. La presidenta no puede esperar más, tiene que mirar el sufrimiento de las víctimas y no ignorarlo. Es una gran oportunidad porque ahora viene el alto comisionado a ofrecer el apoyo a la presidenta y para ajustar políticas que se han planteado”, dice.

La presidenta asegura que su gobierno está atendiendo el fenómeno de desapariciones.

En marzo pasado, en el contexto del hallazgo del rancho Teuchitlán, la presidenta anunció seis medidas para atender la crisis de desapariciones en el país, entre ellas fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Sin embargo, los números no están a su favor. A un año de que anunciara su estrategia para atender este delito en el país se han reportado 34,423 personas desaparecidas, de las que el 36.38% se sigue sin conocer su paradero. En los últimos 13 meses las desapariciones se mantienen: 2,868 por mes, lo que se traduce en 95 por día.

Para Conrado Zepeda, parte del problema es la aplicación de leyes y el combate a la impunidad.