En el preludio de la reforma electoral que plantea su extinción, los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES) sufrieron recortes a su gasto, lo que hizo que en al menos 13 entidades cerraran el año con riesgo presupuestal para cumplir sus obligaciones.
Durante el año, los OPLES sufrieron hasta dos recortes: el primero en la asignación de presupuesto 2025 y el segundo al solicitar recursos para las elecciones judiciales locales, que se realizaron en 19 estados.
De acuerdo con el último reporte del año de la Comisión de Vinculación del Instituto Nacional Electoral (INE), que evalúa la situación de los OPLES tanto en su gasto ordinario (rentas, sueldos y salarios, pago de servicios) como el balance financiero tras las elecciones judiciales locales, Zacatecas se ubicó en riesgo alto, respecto a la suficiencia presupuestal para cubrir sus gastos ordinarios.
En el mismo rubro, es decir en cuanto a los recursos para su operación ordinaria 2025, Guerrero y Yucatán se encuentran en nivel "medio de riesgo".
En nivel de "medio de riesgo" están San Luis Potosí y Colima, en donde se quedaron sin recursos para cubrir los gastos ejercidos en la elección judicial, pero está el compromiso del gobierno de entregarles recursos para cubrirlo, aunque al cierre del año aún no se materializa.
Desde el Consejo General del INE se advirtió que ante una eventual reforma electoral, la permanencia de los institutos electorales locales es necesaria, pero requieren de un presupuesto adecuado, idóneo y suficiente para garantizar su operación óptima y que sigan contribuyendo al desarrollo de la democracia en las entidades federativas.
“Los Institutos Electorales Locales, llamados OPLE, no pueden ni deben ser asfixiados presupuestalmente porque cualquier recorte presupuestal drástico y sin justificación puede impactar negativamente en el funcionamiento y cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y, en consecuencia, afectar los derechos políticos de la ciudadanía”, advirtió el consejero Jorge Montaño.
Los gobiernos de todos los partidos afectaron la operación de estos organismos electorales locales por la vía del recorte presupuestal, pero en el caso de los administrados por Morena, han padecido más los ajustes en su gasto.
La mayor crisis se registra en el OPLE de Zacatecas, donde gobierna el morenista David Monreal, con recortes consecutivos en 2024 y 2025 y sin recursos suficientes para la elección judicial que, pese a todo, se realizó en junio.
En general sufre un déficit de 83% de los recursos si se considera los que solicitó como presupuesto 2025 y luego para realizar la elección judicial local.
El balance de fin de año es que aunque el organismo local electoral solicitó 177 millones de pesos para su gasto ordinario 2025 y las elecciones judiciales, solo le fueron autorizados 30 millones de pesos, por lo que el faltante es de 147.2 mdp.
A esa situación se suma que el OPLE aún adeuda a la Secretaría de Finanzas del estado 10 millones de pesos recibidos a finales de 2023 por concepto de adelanto de lo que ejercería en 2024. Y luego el Congreso del estado de aplicó un recorte presupuestal de 33.89%, para ese año.
Ese organismo zacatecano lleva tres años de ahorcamiento financiero y ha padecido hasta para cubrir los pagos de nómina.
Otros estados morenistas también registran un déficit de sus recursos: 67.8 % en San Luis Potosí, 53.9% en el caso de Tamaulipas; 63.23% en Chiapas, y 63.23% en Puebla.
No son los únicos, en Querétaro hay 47% menos entre lo solicitado y lo autorizado por el Congreso o por el Ejecutivo como parte de ampliaciones, mientras que en Aguascalientes es de 31%. En ambas entidades gobierna el PAN.
En el caso del PRI, los ajustes son menores, en Coahuila 0.312% y en Durango 9.1%. En las entidades que gobierna MC el ajuste llega a 49.3% en Nuevo León y es de apenas 0.26% en Jalisco.
San Luis Potosí, en semáforo amarillo en cuanto a recursos para cubrir la elección judicial, aún espera 16.4 millones de pesos.
Casi dos meses después de la elección pidió al gobierno del estado una ampliación presupuestal, pues requería 21.1 mdp para cubrir el convenio de colaboración con el INE para documentación y materiales electorales.
Pero pasada la elección, el 18 de junio, el Ejecutivo local dijo no tener recursos, aun así el 15 de septiembre le transfirió 3.8 millones de pesos, pero falta cubrir el resto.
El OPLE de Colima aún espera 12.3 millones de pesos, pues aunque ya cubrió la mayor parte de los gastos del proceso electoral judicial local, aún registra faltantes para cubrir la totalidad de lo ejercido.
La operación ordinaria de los OPLES se ha visto afectada por recortes aplicados por los Congresos.
En Yucatán, que gobierna Morena y Partido del Trabajo con Jesús Díaz Mena, el Congreso recortó cerca de 30 millones de pesos el gasto del OPLE para 2025.
Por ello el OPLE requirió en enero al menos 21.4 millones para poder cubrir sueldos de los trabajadores para los meses de noviembre a diciembre, el funcionamiento y desempeño de la Defensoría Pública en Derechos políticos-electorales, la continuidad de los programas para fomentar la educación cívica, así como compromisos contraídos en 2024.
Luego con la elección judicial echó mano de 5.2 millones de pesos del gasto operativo, rubros como honorarios asimilables, sueldo base para personal eventual, costos de seguridad social, impresión y elaboración de material informativo para cubrir gastos de la elección judicial local, lo que aumentó la presión por el gasto ordinario del instituto.
Tuvo que hacer ajustes internos y tomar de otras partidas para pagar prestaciones laborales de sus trabajadores.
Pese a esto el INE consideró que su nivel de riesgo es medio “toda vez que podrá cumplir con el pago de salarios y aguinaldos del personal en el bimestre final del año”.
