Un habitante zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara reabrir el análisis judicial sobre posibles omisiones de autoridades en la protección del Parque Nacional Benito Juárez, una de las principales áreas naturales de la región.
El caso llegó al máximo tribunal mediante el Amparo en Revisión 450/2025, después de que un juzgado federal negara inicialmente la protección constitucional solicitada por el ciudadano.
Esto luego de que el juez consideró que no se había demostrado una afectación directa a la persona ni daños ambientales plenamente acreditados dentro del área natural protegida.
Ante ello, la persona que promovió el juicio argumentó que autoridades federales, estatales y municipales fueron omisas en vigilar y delimitar el parque y su zona de reserva ecológica. Según la demanda, esta falta de control permitió ocupaciones irregulares, construcciones y actividades que deterioran los servicios ambientales que benefician a las comunidades cercanas.
En su demanda, el quejoso sostuvo que el deterioro del área natural afecta a quienes habitan en la zona, ya que el ecosistema provee agua, regula el clima local y mantiene la biodiversidad. También señaló que la ausencia de medidas claras de protección ha generado presión urbana y actividades incompatibles con la conservación del parque.
Al revisar el caso, el Pleno de la Corte concluyó que el juzgado aplicó un criterio demasiado restrictivo para analizar la demanda.
Por lo que las ministras y ministros señalaron que, tratándose de asuntos ambientales, no siempre es necesario acreditar un daño personal directo para acudir al juicio de amparo.
La resolución reconoce así que las personas que habitan o utilizan el entorno de un ecosistema pueden tener interés legítimo para exigir su protección.
En ese sentido, la Corte reafirmó el criterio del “entorno adyacente”, que permite a quienes viven dentro del área de influencia de un ecosistema acudir a los tribunales cuando consideran que éste está en riesgo.
En el amparo en Revisión 450/2025, ponencia del Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, se recordó que la protección ambiental debe analizarse bajo el principio de precaución, por lo que la falta de certeza científica sobre los daños no puede usarse para descartar la necesidad de proteger un ecosistema.
Además, destacó que en estos casos los jueces deben aplicar la carga dinámica de la prueba, lo que implica solicitar más información cuando exista la posibilidad de afectación ambiental.
Como resultado, la Corte ordenó devolver el expediente al juzgado de distrito para que reponga el procedimiento, recabe pruebas adicionales y emita una nueva sentencia que analice con mayor profundidad las denuncias sobre la situación del parque.
Bajo la ponencia del Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, el Pleno de la Corte estableció tres criterios fundamentales:
—Interés Legítimo Ampliado, es decir que no es necesario demostrar un daño individual o directo para defender un ecosistema, por lo que cualquier habitante o usuario que se beneficie de los servicios ambientales de un área (el "entorno adyacente") tiene derecho a promover un amparo para exigir su protección.
—Principio de Precaución, esto debido a que el tribunal subrayó que la falta de certeza científica absoluta sobre el beneficio de un ecosistema no es excusa para negar su resguardo.
—Carga Dinámica de la Prueba, dado que se estableció que, en casos ambientales, corresponde a las autoridades demostrar que están cumpliendo con su deber de vigilancia, y no solo al ciudadano probar el daño.
Mediante esta sentencia, la Corte ordenó así reponer el procedimiento, con lo que el expediente regresa al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca para que emita un nuevo fallo, en el que el juez valore exhaustivamente las denuncias de invasión en el parque, recabe más pruebas sobre los riesgos ecológicos y dicte medidas que aseguren la vigilancia y preservación de las 2,591 hectáreas que integran esta área natural protegida.
El Parque Nacional Benito Juárez es una de las áreas naturales protegidas más importantes de la región de los Valles Centrales. Se ubica en la Sierra Norte, al norte de la ciudad de Oaxaca, y forma parte de un sistema montañoso que abastece de agua a comunidades rurales y a la zona urbana.
Cubre un área de aproximadamente 26,37 kilómetros cuadrados y está situado en la cordillera Sierra Norte.
Por su ubicación y características ecológicas, funciona como una zona clave de captación de agua y regulación climática.
El parque fue decretado como área natural protegida en 1937 y desde entonces es considerado un espacio estratégico para la conservación de bosques templados de pino y encino.
El Parque es fundamental para la conservación de la biodiversidad estatal y nacional. La Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio) lo considera región terrestre prioritaria y área de importancia para la conservación de las aves.
Además de su importancia ecológica, el parque tiene un vínculo directo con las comunidades indígenas y agrarias que habitan en sus alrededores. Muchas de estas comunidades dependen de los recursos forestales, del agua que se genera en la zona y de los servicios ambientales que proporciona el ecosistema.
En los últimos años,habitantes locales han advertido presiones sobre el parque derivadas del crecimiento urbano, asentamientos irregulares y actividades que pueden afectar el bosque. Estas preocupaciones son parte del contexto en el que surgió el litigio que actualmente analiza el Poder Judicial federal.
