Impacto ambiental del Tren Maya llega a tribunal; piden un plan de restauración

Los impactos ambientales

Ahora tendrán la oportunidad de mostrar ante un juez los efectos adversos del Tren Maya y los escenarios de devastación potencial con las nuevas pruebas periciales realizadas por científicos de la UNAM. Los resultados arrojan que, sin un plan de acción, en la zona del tren se perderían 2 millones de hectáreas de selva en 2050, lo que equivale a 14 veces el tamaño de la Ciudad de México.

El escenario futuro dibuja, además, amenazas al hábitat de los animales, disminución en la captura de carbono, problemas de agua, pérdida de biodiversidad, entre otras problemáticas, porque paralelamente se propicia un crecimiento urbano y agrícola en la región.

Este es el único amparo que hasta ahora llegó a una audiencia en el juzgado primero de distrito de Mérida, donde el Poder Judicial concentró todas las querellas en contra del Tren Maya.

La mayoría de los 60 amparos que se oponen al proyecto insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fueron desechados por jueces que consideraron que no cumplían los requisitos de ley, pero sin analizar el fondo del asunto, señala. Actualmente solo ocho continúan vigentes.

“Es la primera oportunidad que se tendrá en el caso del Tren Maya para poder analizar de fondo la complejidad de los impactos y de los daños, no solamente ambientales sino sociales y culturales que conlleva”, indica Viridiana Maldonado, abogada y co-coordinadora de la organización que acompaña a los habitantes de la Península de Yucatán en procesos de defensa ante megaproyectos.

Menos selva, agua y fauna

Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, participó en los peritajes sobre la pérdida de servicios ecosistémicos, es decir, aquellos recursos y áreas naturales que observan un daño ambiental y económico medible tras la construcción de obras.

La conclusión resumida es que el Tren Maya incrementó hasta en 25% la velocidad con que se deteriora el medioambiente en la Península. La calidad de los hábitats de especies se redujo y, con el desmonte masivo de árboles, se calcula menos absorción de carbono, lo que aumenta los efectos negativos del cambio climático, advierte. Estima que, si el tren deja de funcionar, la selva se restauraría en los próximos 30 o 40 años.

La calidad del agua también se ve amenazada debido al cambio de uso de suelo para agricultura intensiva que genera contaminación por pesticidas y fertilizantes que van directamente al acuífero.

En los estudios, que más tarde se publicarán como artículo científico, los expertos también detectan una caída de insectos polinizadores en el largo plazo. Esto afecta los cultivos, las plantas y hasta las selvas.

“Cuando se pierden esas plantas que requieren de polinizadores, que son la base de la cadena alimenticia, se van muriendo también las especies que están arriba en la cadena alimenticia, los grandes depredadores, como los jaguares y los pumas”, dice a Expansión Política.

Zambrano participó en peritajes de otras obras y nunca había encontrado daños tan amplios, pero sí observa constantes: las autoridades construyen infraestructura sin considerar los efectos negativos en el mediano y largo plazo.

“Ahora los estamos sufriendo: la falta de agua está relacionada con proyectos de infraestructura que se asumen como desarrollo, pero que en el largo plazo nos son mucho más perjudiciales. Y ese es el problema fundamental del Tren Maya: se cree que mejora la calidad de vida de las personas, a partir de infraestructura, cuando no se está mirando la dinámica de la naturaleza, que nos está pasando factura”, abunda.

Pruebas periciales

Estas pruebas periciales se presentaron al juez hace un año. Pese a ello, la audiencia se realizará tanto tiempo después porque se dio un plazo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para presentar sus propias evaluaciones y, además, un perito externo del juzgado evalúa ambos estudios.

Maldonado afirma que el Tren Maya, además de ser un proyecto ferroviario, involucra el desarrollo masivo de la Península de Yucatán, pero fue aprobado sin un proyecto ejecutivo y con manifestaciones de impacto ambiental otorgadas de manera separada a cada tramo, aunque la ley correspondiente mandata una evaluación de la obra completa.

Por eso su amparo se presentó en contra de la totalidad del proyecto: los siete tramos de la vía ferroviaria y las obras accesorias y conexas.

La abogada reconoce que, como ya opera el tren, ahora demandan también la implementación de un plan de restauración de corto, mediano y largo plazo. Así como garantías de no repetición, porque el Tren Maya se construyó en áreas naturales protegidas donde, en teoría, los megaproyectos están prohibidos.

“Buscamos que quede un precedente para que nunca más tengamos un Tren Maya que pase por encima de cualquier legislación y estándar nacional o internacional por una decisión del Ejecutivo”, indicó.

El experto Luis Zambrano considera que todavía se puede detener la "mayor catástrofe", porque los proyectos adicionales a las vías ferroviarias, como la construcción de carreteras y el impulso al turismo masivo, son los que más destrucción causarán.

“Si paramos las fronteras agrícolas, el desarrollo turístico mal entendido, si generamos verdaderos programas de restauración, podríamos reducir muchos de los efectos que se están viendo en el largo plazo”, destaca.

La abogada y los científicos esperan que el juez reconozca todos estos impactos, como ya lo hizo la propia titular de la Semarnat, Alicia Bárcena. A principios de abril, en un encuentro con medios de comunicación, dijo que para algunos daños ecológicos en la zona se requiere un plan de restauración integral.

“La restauración que requiere una obra como la del Tren Maya es una restauración tan integral porque tiene que haber reforestación. Las propias comunidades pueden ser las que nos ayuden a restaurar el ecosistema forestal”, declaró entonces.

La amenaza de la reforma judicial

La ruta judicial de este amparo es larga y sobre ella se ciñe una nueva amenaza: la reforma judicial.

Tras la audiencia, el juez puede rechazar el amparo, aunque la abogada considera que no tiene elementos para hacerlo. Si, por el contrario, la organización gana el amparo, el juzgador deberá determinar los alcances de la sentencia. En ambos casos se puede apelar la decisión y revisarse ahora ante tribunales colegiados.

El problema es que el 1 de junio se realizó la elección judicial. Los nuevos jueces, elegidos mediante voto popular, asumirán el cargo en septiembre, entre ellos varios perfiles afines al gobierno y a su partido, Morena. También sucede que los juzgadores recibirán varios pendientes y deberán demostrar la experiencia necesaria en derecho ambiental para, si se da el caso, llevar la continuación de este amparo.

“Si la permanencia de un juzgador está supeditada a lo que quiera la mayoría o a la presión política que pueda tener, siempre es un riesgo”, advierte.