90% lealtad y 10% experiencia, la fórmula de AMLO para nombrar a fiscal, secretario de Seguridad y director de CFE

Alejandro Gertz Manero

Aunque a partir de 2019 México tenía ya una fiscalía general de la República autónoma, el primer titular de esta dependencia fue puesto por el Ejecutivo federal, a propuesta de Scherer y de Alfonso Durazo.

“Le hablé a Durazo, platicamos un rato y le propusimos al presidente que fuera Alejandro Gertz Manero. La verdad, un nombramiento del que la sola propuesta de verdad me avergüenza. Pero el presidente aceptó. Y entonces me dijo que le comunicara yo a Gertz que iba a ser fiscal”, relata Scherer en su libro.

Cuenta le comunicó que el presidente de la República le ofrecía ser el subprocurador de Asuntos Internacionales, aunque en los hechos se encargaría de operar la Fiscalía.

“Toda mi vida he querido ser fiscal y ahora el presidente me lo ofrece cuando yo iba a ser subsecretario de Seguridad con Durazo. Claro que sí, acepto. ¿Qué tengo que hacer?”, soltó Gertz Manero.

“'Pues ahorita váyase usted a la Fiscalía General para tomar posesión de la Subprocuraduría. Y luego ya veremos, nos vemos mañana en la toma de posición del presidente'. Así fue nombrado Gertz”, relata.

El 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador llegó a la Presidencia, Gertz fue nombrado subprocurador en lo que se hacía la transición a la FGR.

La relación entre Scherer y Gertz Manero se tensó y en 2022 el exconsejero jurídico de la Presidencia presentó una denuncia contra Gertz Manero, y otros funcionarios de la dependencia, por tráfico de influencias, uso faccioso del organismo para intereses personales y coalición de servidores públicos.

Alfonso Durazo Montaño

En su libro, el exconsejero jurídico señala que la incorporación de Alfonso Durazo al gabinete la planeó el entonces presidente para un cargo que estuviera incluso por arriba de las Fuerzas Armadas.

“Por lo mismo del 90% de lealtad y 10% de conocimiento. Le tenía mucha confianza y en algún momento incluso pensó que Durazo podía ser secretario de Seguridad Nacional, incluso por encima de las dos secretarías militares, para convertir esas en civiles. Durazo es un tipo con un muy buen discurso y gran capacidad organizativa”, recuerda Scherer.

Durazo Montaño fue secretario particular del priista Luis Donaldo Colosio y del panista Vicente Fox, y se convirtió en cercano de Andrés Manuel López Obrador, quien lo calificaba como "un hombre trabajador".

“Ya tenía amplia experiencia en el poder, y por eso Andrés Manuel, además de confiar en él, sintió que podía ser un buen secretario de Seguridad. Creo que sí lo fue: una persona muy atrevida, hábil, capaz y que daba seguimiento riguroso a los problemas de seguridad”, dice en su libro Scherer.

Alfonso Durazo permaneció al frente de la estrategia de seguridad hasta octubre de 2020 para contender por la gubernatura de Sonora.

Manuel Bartlett Díaz

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue nombrado Manuel Bartlett, un viejo conocido de López Obrador, pese a múltiples advertencias.

"Bartlett también puede estar entre esos funcionarios: 90% lealtad —que lo dudo— y 10% de eficacia o menos", dice Scherer en su libro.

A decir de Scherer, fue uno de los funcionarios que no le ayudaron a su gobierno en el encargo que les dio. Lo señala de estar detrás de confrontaciones que el presidente tuvo con empresas energéticas.

“Tenía funcionarios —en este caso uno que no le ayudaba, como Bartlett— que hoy, ya fuera del Gobierno, vemos que dejaron un faltante de energía eléctrica y que todo eso fue construido por Manuel Bartlett, porque fue él quien convenció al presidente de que estábamos bien, que no había problema, que eran solo pretextos de la iniciativa privada para tratar de producir y vender la energía a precios por encima de la razonabilidad económica de la gente amolada y sacarle un recurso al Gobierno”, cuenta.

De acuerdo con Scherer, tener al frente de algunas instituciones a personales leales más generó problemas y hasta pérdidas económicas para López Obrador. Por ejemplo, cuenta el caso de una empresa que no había podido construir una nueva etapa de Chicoasén, Chiapas.

La compañía ya tenía un dictamen que llevaría al gobierno a perder 300 millones de dólares, lo que finalmente sucedió. “Le dije a Bartlett que de lo que se trataba era que esa empresa pudiera entrar, trabajar, y que con eso arreglábamos el asunto. Me contestó que no, que de ninguna manera, que no quería a los particulares”, cuenta.

El argumento de Bartlett era que los particulares eran “arropados” por estadounidenses, quienes solo querían la energía de México. “Finalmente, en el arbitraje perdimos los 300 millones de dólares que tuvo que pagar el Gobierno y, además, se perdieron muchas inversiones”, agrega.

Además, acusa que durante el sexenio de López Obrador no hubo nueva inversión en electricidad, todo por elegir a una persona que desconocía el sector, “que no sabía lo que implicaba una empresa de ese tamaño, que ignoraba lo que se tenía que hacer”.

También cuenta que Bartlett también aconsejó al presidente a desconocer acuerdos que se tenían la iniciativa privada que había construido ductos para el transporte de gas, a cambio de contraprestaciones anuales a lo largo de 15 o 20 años.

“Bartlett orilló al presidente a desconocer esos acuerdos. Quería que se le quitaran los ductos a la iniciativa privada y, evidentemente, también las contraprestaciones, y que todos los ductos los recuperara el Gobierno. Eso no se podía hacer… Pero el presidente decidió hacerle caso a Bartlett y se inició un grave conflicto entre el Gobierno federal y los particulares”, cuenta.

Bartlett también estuvo involucrado en la salida de Irma Eréndira de la Secretaría de la Función Pública por el caso de ventiladores que vendió el hijo de Bartlett en Puebla.

“Eso generó un problema serio porque la Secretaría de la Función Pública había tomado la decisión de que se indagara y se consignara una investigación que le atribuyera responsabilidades al hijo de Bartlett. Pero el presidente siempre trataba de atemperar, siempre trataba de que no hubiera problemas entre los secretarios, entre los directores de las empresas. Y entonces, en este caso particular, la secretaria de la Función Pública se empeñó en seguir la investigación; el presidente hubo un momento en el que se desesperó y entonces vino la salida abrupta de Irma”, agrega.

Hugo López-Gatell

La incorporación de Hugo López-Gatell fue otra en las que el expresidente antepuso la lealtad, aunque el exsubsecretario tenía preparación y trayectoria.

Scherer cuenta que López-Gatell fue despedido del gobierno de Felipe Calderón, pero fue protegido al pensar que “era bueno”.

“López-Gatell, perdón que lo diga así, era una persona con una condición política y médica —es epidemiólogo— que lo llevaba a autodeterminarse; y, segunda, un comunicador errático frente a un problema de tal magnitud. López-Gatell ya había manejado la anterior pandemia con Calderón. Calderón lo corrió y nosotros lo protegimos porque lo había corrido Calderón; entonces pensamos que era bueno. Otra vez estamos en eso de 10% de eficiencia y 90% de lealtad. Así hubiera sido corrido por Calderón, la decisión que tomamos fue pésima”, recuerda.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, el presidente tuvo también una deferencia tras una conversación que sostuvo: le prometió que sería presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si él llegaba a la Presidencia de la República.

“Arturo le dijo al licenciado López Obrador: 'Yo vengo a decirle que voy a estar con usted siempre, que me la voy a jugar con usted'. Y entonces López Obrador le contestó: 'Muchas gracias, don Arturo, yo le quiero decir, que si yo soy presidente de la República, usted va a ser presidente de la Suprema Corte'”, cuenta.

La presidencia de la Suprema Corte de Justicia era definida por los ministros que integraban el pleno. Sin embargo, cuando se propuso ampliar dos años el periodo de la Presidencia de Zaldívar, López Obrador respaldó la idea con el argumento de que él era el único que podía encabezar la transformación del Poder Judicial.