El nuevo Poder Judicial apenas lleva cuatro meses de funcionamiento y, al menos, nueve jueces y magistrados recién electos o designados ya presentaron su renuncia y otros dos solicitaron licencia para separarse de su cargo, pero fue denegada por el Senado.
Los motivos: salud, paternidad, un trabajo alterno... otros más no dieron a conocer el motivo de su decisión, pero hubo casos, que incluso, renunciaron a las semanas de haber empezado.
Se trata de seis jueces locales que presentaron sus renuncias en Tamaulipas, Durango y Veracruz, quienes además no contaban con carrera judicial ni experiencia, pero sí con los votos para ocupar el cargo.
En Tamaulipas, están los casos de Anabel Almazán Botello, jueza de Primera Instancia en Materia Civil; Yaritza Adziry Bonilla Molina, jueza de Primera Instancia en Materia Mixta Civil y Familiar; Javier Colunga Reséndiz, juez de Primera Instancia en Materia Civil, e Ivonne González Salinas, jueza de Primera Instancia en Materia Civil.
Almazán Botello trabajaba en un programa de cuenta cuentos en el gobierno de Tamaulipas, ella era auxiliar jurídico de la Dirección de Mediación; además, en 2016 buscó ser candidata a presidenta de la Escuela Estatal de Cuadros Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP).
En Durango, Héctor Zaragoza Solís dejó su cargo de juez con el argumento de problemas de salud, por lo que estimó que esto le impedía garantizar estabilidad durante los nueve años que duraba el cargo.
Antes de asumir el cargo, presentó renuncia definitiva y la entregó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), motivo por el cual no acudió a la toma de protesta realizada este 28 de agosto en el Congreso estatal.
Zaragoza Solís tampoco tenía experiencia en cargos del Poder Judicial, pues fue presidente de la Unión de Turistas y Comerciantes, organismo que reúne cámaras empresariales.
En Veracruz, la jueza Verónica Loyo Chacón también dejó su cargo como juez en material laboral. Tampoco tenía experiencia en el Poder Judicial; ella es egresada de la Universidad Veracruzana como licencia en Derecho; también cuenta con maestría en Derecho Laboral y una especialización en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral, y trabajó por 12 años en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Otro juez local que dejó su cargo fue Claudio Azul Bañuelos Jurado, quien fue exhibido en un video en redes sociales, en una audiencia en Aguascalientes, en la que por error vinculó a proceso a la víctima, por lo que la defensa corrigió al juzgador.
Bañuelos Jurado llegó al cargo con 24 años cumplidos, por lo que se convirtió en el juez más joven del país. Estuvo a punto de no asumir, pues en junio, con los votos ya obtenidos, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes detectó que el joven no contaba con experiencia como abogado, por lo que anuló su triunfo.
No obstante, esta resolución fue impugnada y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó entregarle el cargo, y meses después cometió el error que lo llevó a ser reconocido en redes sociales.
Posterior a su decisión de vincular a proceso a la víctima y corregirla, Bañuelos Jurado pidió licencia por 29 días y después renunció a su cargo que ocupó por tres meses. En una misiva que mando al Congreso de Aguascalientes, el joven sostuvo que su dimisión era por “motivos personales” que le “impiden” continuar con su ejercicio judicial.
Por ello, el 6 de enero, Miguel Ángel Arellano Aranda rindió protesta en el lugar de Bañuelos Jurado como juez de Control y Juicio Oral Penal.
La profesora del Tec de Monterrey, Yadira García Montero, considerar que uno de los motivos de estas renuncias se debe a la falta de preparación de los nuevos juzgadores, pues para participar en la contienda no era necesario contar con carrera judicial.
(Las renuncias) se pueden deber a que no tienen carrera judicial, no tienen experiencia y ese es un problema severo, porque llegan a un contexto desconocido”.
En 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para modificar el Poder Judicial. Entre los cambios que planteó fue que juzgadores fueran elegidos por voto directo de los ciudadanos y no por exámenes de conocimiento como se hacía.
La reforma fue avalada por los legisladores de Morena y aliados, y en junio de 2025 se llevaron a cabo las primeras elecciones. La mayoría de los candidatos no contaba con experiencia, pero algunos tuvieron el apoyo del partido oficialista.
La inexperiencia de las personas electas para jueces y magistrados llevó al Poder Judicial a darles cursos "fast-track" para explicarles las actividades que realizarían.
En escuelas judiciales de entidades como Aguascalientes, Baja California, Estado de México y Zacatecas se llevaron a cabo estos cursos con la finalidad de "garantizar una adecuada preparación" y que los juzgadores arrancaran con "bases sólidas".
Para expertos como Christian Benítez, de la Universidad La Salle, la curva de aprendizaje en el Poder Judicial, continúa y podría costar todavía algunas renuncias, por ello considera que para las próximas elecciones judiciales del 2027 —en las que se elegirán cerca de 800 juzgadores—, se tendrían que modificar los requisitos que deberán cumplir quienes participen en la contienda, con el fin de garantizar de que sí sean perfiles capaces de llevar a cabo las funciones del Poder Judicial.
Aún nos encontramos en la curva de aprendizaje y aquellas personas que evidentemente no están capacitadas para el puesto y que han sentido la presión, ya se han bajado de este barco".
De los tres juzgadores federales que han renunciado o solicitado licencia al Senado de la República, como marca el procedimiento, dos fueron rechazadas.
En noviembre pasado, Adrián Guadalupe Aguirre Hernández presentó su renuncia para dejar su cargo como juez penal en el Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco por problemas de salud.
Aguirre Hernández se había desempeñado como oficial administrativo y oficial judicial en juzgados de Jalisco, lugar donde también era litigante. Durante su campaña para juez, propuso reformar la impartición de justicia para el “pueblo”.
A casi dos meses de la renuncia, su lugar no ha sido ocupado.
En septiembre pasado, a nueve días de tomar el cargo, la jueza Gabriela Pacheco Torres pidió licencia sin goce de sueldo para separarse de sus funciones hasta el 2 de marzo de 2026; ello, porque que era directora general de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas de México y quería realizar un cierre “ordenado, transparente y responsable” de su función.
Sin embargo, el Senado le negó el permiso bajo el explicación de que esas no eran razones “justificables”, debido a que los legisladores señalaron que tenía el tiempo suficiente para realizar la entrega del área a su cargo ante de tomar protesta como jueza.
“No entendió (Pacheco Torres) que tuvo tres meses para resolver los asuntos del cargo anterior. (...) Esto no es un juego, es el Poder Judicial. Esto es una burla”, reclamó la senadora Malú Micher, de Morena, en septiembre pasado.
Mientras, la priista Carolina Viggiano comentó que la solicitud es un ejemplo de la "farsa" de la reforma al Poder Judicial.
En diciembre, nuevamente un juez pidió licencia al Senado, pero también la negó. En esa ocasión fue Roberto Capetillo Lizama, quien pidió el permiso con goce de sueldo para atender cuestiones de paternidad.
Capetillo Lizama, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Yucatán, solicito la licencia por 90 días, pero los senadores rechazaron la petición al considerar que las licencias por más de un mes se conceden sin goce de sueldo.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, explicó que se contactaron con el juez de control para que reformulara la petición de licencia, pero el juez señaló que no puede prescindir de su ingreso. Por ello, fue rechazada la petición.
La más reciente renuncia fue de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, quien dejó el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que se encarga de administrar los recursos humanos, financieros y materiales de todo el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Ella no fue elegida por el voto directo como los jueces, sino designada por la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), y solo estuvo en el cargo cuatro meses de los seis años que estaría. Se ha mencionado que parte de los motivos de su renuncia fue un desacuerdo con Néstor Vargas, quien preside el Órgano Administrativo, pero hasta el momento no hay versión oficial.
Ante la renuncia, los ministros de la Corte deberán nombrar a la persona que suplirá a Pérez Romo.
Yadira García Montero, también investigadora del Observatorio de la Justicia de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, estas renuncias son señal de la “una pésima” implementación de la reforma judicial.
La también abogada explica que la reforma Judicial tiene un mal planteamiento jurídico, ya que este cambio constitucional se hizo bajo la idea del combate a la corrupción, pero sin tener bases sólidas para construir el nuevo Poder Judicial.
“Es como pretender construir un gran edificio sobre un pantano. Evidentemente no se puede, no pueden construir un edificio sobre bases que no son sólidas, sobre un andamiaje jurídico que viene mal planteado, que aparentemente persigue un objetivo, pero en realidad no se establecieron los mecanismos para que se cumpliera con esto”, menciona.
