Del plan “A” a bajar 25% el costo de las elecciones: las claves de las propuestas electorales de AMLO y Sheinbaum

Juan Manuel Ortega, profesor del Tecnológico de Monterrey, explica que los dos primeros intentos de reforma electoral, no se aprobaron por falta de votos y precisa que aunque ahora Morena los tiene, es complejo alcanzar consenso porque hay temas que afectan a los aliados.

“La situación en 2022 era muy distinta porque cuando la presentó López Obrador no tenía la mayoría, o sea, era difícil poder lograr una mayoría que pasara la reforma constitucional. Ahora sería lo mismo. Antes los aliados de Morena no se oponían ni decían nada al respecto y ahora sí están bastante molestos”, considera.

En qué consiste la propuesta de Sheinbaum

El pasado miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum delineó el contenido de su iniciativa de reforma constitucional al presentar las 10 propuestas que integran su proyecto para modificar el sistema electoral.

En esencia, su propuesta plantea disminuir en 25% el financiamiento, elección de legisladores 100% por voto ciudadano, eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), no permitir ni el nepotismo ni la reelección, incrementar la fiscalización de recursos públicos.

Legisladores de oposición e incluso de partidos aliados adelantaron que no apoyarán la reforma de la presidenta Sheinbaum, mientras que ella sostiene que será decisión de cada partido determinar si aprueba o no.

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La presidenta rechaza que la iniciativa busque regresar al partido de Estado.

"No vamos al partido de Estado, jamás; pues si nosotros peleamos contra eso. El partido de Estado era un partido autoritario, un Estado autoritario. Porque la democracia, en realidad, pues en todo el periodo del PRI, no se dio. Fueron las presiones de las movilizaciones sociales, sindicales, las que permitieron la primera apertura democrática, la reforma electoral", dijo este lunes en su conferencia de prensa.

El plan "A"

Con el argumento de que buscaba “desterrar fraudes”, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su primera iniciativa de reforma electoral en abril de 2022. La propuesta incluía transformar al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) desaparecer los Organismos Públicos Locales y reducir el financiamiento a partidos políticos.

Debido a los cambios que planteaba la iniciativa, hubo señalamientos respecto a que el presidente quería controlar a autoridad electoral. El artículo “ El obradorismo y sus (intentos de) reformas electorales ”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, plantea que esa propuesta tenía como propósito el control de las instituciones.

“Fue un instrumento normativo que se diseñó para concretar el reiterado anhelo del gobierno obradorista de controlar políticamente al INE —dado que el TEPJF estaba bajo su dominio— y de garantizar al nuevo partido predominante —Morena— la integración de mayorías permanentes en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República…este conjunto de propuestas del ‘Plan A’ buscaba el control de las instituciones electorales y la eliminación de las condiciones democráticas de las elecciones”, refiere el texto escrito por Lorenzo Córdova y César Hernández .

Para realizar un proceso de discusión, se realizaron en el país foros de parlamento abierto para la reforma electoral en los que participaron legisladores, autoridades electorales, y expertos en la materia.

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Contra la propuesta, en particular, la sustitución del INE por INEC, surgió el movimiento “marea rosa”, en el que más 50 organizaciones ciudadanas marcharon en contra.

El 6 de diciembre de 2022, la Cámara de Diputados desechó la propuesta de reforma constitucional. La votación fue de 269 votos a favor, una abstención y 225 en contra, es decir, no se alcanzó la mayoría relativa que era necesaria para reformar la Constitución.

El Plan "B"

Aún fresca la derrota para el presidente López Obrador, el mandatario fue por la revancha. Ese mismo día presentó una iniciativa de reforma a seis leyes federales en materia electoral que fue conocida como el “Plan B”.

Aunque se trató de una iniciativa enviada por el presidente López Obrador, una diputada copió la iniciativa y la presentó como propia, con lo que en el Legislativo se dispensaron los trámites entre ellos el análisis la comisión de reforma Política-Electoral, Gobernación y Población, Justicia, Transparencia y Anticorrupción. En cuestión de horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma electoral con 267 votos , los necesarios debido a que no era una reforma constitucional.

Entre las leyes aprobadas fueron la Ley General de Comunicación Social, la Ley General de Comunicación Social, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Días después también el Senado aprobó la iniciativa, la cual fue invalidada en junio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Plan "C"

Antes de concluir su sexenio, el entonces presidente presentó un paquete de 20 iniciativas en las que incluyó una propuesta de reforma electoral que planteaba reformar el sistema político-electoral, cambiar al INE, elegir por voto directo a consejeros y magistrados electorales, y otra vez, disminuir el financiamiento público a partidos.

“Se busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad, en los poderes públicos; insertar el principio de austeridad en el sistema electoral y de partidos; facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública; fortalecer a los órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral salvaguardando el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas electorales, y homologar los procesos electorales locales y el método de representación”, establecía de reforma planteada por el presidente.

Al iniciar el nuevo gobierno a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, esa iniciativa no se discutió. La mandataria federal creó su Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual fue encargada de elaborar una propuesta.

¿Necesaria una reforma?

Las iniciativas de reforma en el país históricamente han sido planteadas desde la oposición con el propósito de resolver problemas y construir confianza y legitimidad en cómo se desarrollan los procesos electorales.

El texto escrito por Lorenzo Córdova y César Hernández explica que las reformas de 1977 y 1986 tuvieron el propósito de abrir el sistema político a través de permitir el pluralismo, las de 1989-1990, 1993 y 1994 buscaron reinventar el sistema electoral al crear nuevas instituciones, reglas y procedimientos que permitieran contar con elecciones libres y auténticas; las de 1996 y 2007-2008 sentaron las condiciones para una competencia con equidad entre los contendientes.

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En el caso de la iniciativa de reforma de la presidenta hay críticas de que se buscan las condiciones para que haya un partido de Estado, incluso esos señalamientos que vienen desde sus aliados como el PT.

“No creo que sean los tiempos de una de una reforma electoral, además, la están haciendo como muy poco tiempo de anticipación frente a las elecciones”, agrega Juan Manuel Ortega.