"Dentro del plazo de 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las Autoridades Educativas Locales y las Autoridades Educativas Municipales, emitirán el protocolo, (...) o bien, llevarán a cabo la actualización y/o armonización conforme a lo establecido en el mismo, de los que, en su caso, hayan emitido con anterioridad", se lee en el Acuerdo número 17/05/25 .
Ante la falta de datos, 12 organizaciones no gubernamentales demandaron a la SEP dar a conocer el avance en la entrega de los protocolos e informar si estos cumplen con todos los elementos requeridos.
La SEP lanzó este Acuerdo tras una serie de abusos sexuales cometidos en un preescolar. Como parte del juicio y las sentencias, se pidió a la dependencia garantizar la emisión de medidas, políticas públicas y otras acciones que prevengan la violencia sexual en los planteles.
"Las expresiones de violencia que se presentan en las escuelas de educación básica repercuten en el aprendizaje y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, y pueden generar daños en su bienestar físico y emocional", señala el documento.
"Por lo que es necesario impulsar la convivencia pacífica e inclusiva y construir estrategias para la erradicación de cualquier tipo de violencia sexual y promover la convivencia sana dentro de las mismas, mediante la formación de ciudadanos con bienestar, íntegros y responsables".
El acuerdo institucional establece que los protocolos de las autoridades educativas estatales y municipales deben incluir objetivos generales, definir quiénes son las figuras responsables y los procedimientos para la prevención, atención y medidas de no repetición de la violencia sexual. Así como un directorio de instancias de atención a la violencia sexual.
Además de difundir los protocolos en sus escuelas, las autoridades educativas locales deben enviar una versión digital a la SEP para verificar que cumplan con los lineamientos actuales y difundirlos en el sitio web Escuela Libre de Violencia.
En esa página se muestran, hasta ahora, los protocolos vigentes en las 32 entidades federativas, pero en la mayoría de los casos no queda claro si ya están armonizados con lineamientos más recientes, ya que casi todos se emitieron antes de este año, entre 2014 y 2024.
En los protocolos de algunos estados no se identifica la fecha de emisión y en otros documentos ni siquiera aparece claramente el objetivo del protocolo desde el título.
Por ejemplo, en Campeche se denomina Marco Local de Convivencia Escolar y fue emitido en 2020. El protocolo de Morelos es de 2018 y se titula “Protocolos de prevención, detección y actuación”.
Mientras que al documento digital de Colima no se puede acceder y Tamaulipas solo tiene público su protocolo contra el acoso escolar.
“Es indispensable que autoridades, docentes, familia y sociedad en su conjunto demos seguimiento puntual y busquemos el cumplimiento efectivo de las acciones planteadas. Solo así evitaremos que México siga encabezando las estadísticas de violencia sexual infantil y podremos garantizar escuelas seguras, donde niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente su derecho humano una vida libre de violencia”, demandaron las organizaciones.
El pronunciamiento fue firmado por las asociaciones Alumbra, Antenas por los Niños A.C., Bidar Project, Early Institute, Escudo de la Dignidad, Fundación Freedom, Grupo Julia Borbolla, Grupo Loga, Guardianes, Te Protejo México, Unión Mujer, Ya Basta.
