Las dos principales irregularidades detectadas consistieron principalmente en la omisión de presentar informes de ingresos y gastos, así como la omisión en registrar gastos, mismos que fueron detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE y que son anomalías que impidieron o pretendieron impedir la labor de auditoría del organismo.
Por nivel de elección, se propone a los candidatos a jueces y magistrados locales multas por nueve millones de pesos; le siguen candidatos a magistrados de circuito, para los que se propone una cifra global de sanciones por 5.5 millones de pesos; y para abanderados a jueces de distrito, 4.8 millones de pesos.
De aprobarse los proyectos en sus términos, a candidatos a ministros se les impondrán sanciones por 1.1 millón de pesos.
Carpetazo
Este lunes, el INE se apresta a cerrar la fase de fiscalización del proceso de elección judicial con un "carpetazo" a las investigaciones sobre los “acordeones”, ya que no halló evidencias que establezcan una conexión financiera entre los distribuidores y partidos, gobiernos, candidatos judiciales o líderes políticos.
Sin embargo, hay procedimientos abiertos sobre esos listados en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, mismos que continuarán; adicionalmente podría promoverse el inicio de otros procedimientos oficiosos que permitirán ampliar las investigaciones sin los tiempos perentorios que se tienen para resolver indagatorias relacionadas con el proceso electoral.
Se espera largo debate sobre este tema, dado que la aparición de candidatos judiciales en esos listados -que en materia de fiscalización solamente serán considerados propaganda- y la difusión a través de redes sociales, pero mediante el pago de pauta publicitaria, son las dos conductas que habrían marcado el triunfo o la derrota de los abanderados judiciales.
El INE no habría encontrado vínculos entre el pago de acordeones con las candidaturas, con gobiernos o con partidos o sus líderes.
Como parte del ejercicio de fiscalización de las campañas judiciales, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE revisó los informes de ingresos y gastos de todas las candidaturas, en total 4,366 personas aspirantes.
Fueron revisados 4,307 informes presentados a través del Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MEFIC); se reportaron ingresos por 133.69 millones de pesos y gastos por 66.04 millones de pesos.
Además, se realizaron trabajos de campo como monitoreo de propaganda en la vía pública, monitoreo en internet, visitas de verificación a eventos, así como monitoreo en medios impresos y los hallazgos se hicieron del conocimiento de los sujetos obligados.
Se detectó que varios candidatos evadieron la fiscalización por la vía de no contactar al INE, no abrir su cuenta bancaria exclusiva para financiar actos de campaña, ni presentar informe de ingresos y gastos, ni siquiera en ceros.
Tesal el caso del candidato a juez por el distrito uno de Sinaloa, Guillermo Torres Hernández, quien ni siquiera presentó información para el portal Conóceles, a fin de difundir perfiles y propuestas.
Además, el candidato a ministro y actual magistrado, Ángel Mario García Guerra, sería sancionado por recibir en su cuenta un depósito por 849 mil pesos. Como otras anomalías, el INE propondría “rebajas” en las sanciones, por lo que la multa quedaría en 85,000 pesos aproximadamente.
