El próximo 1 de junio México tendrá sus primeras elecciones para elegir cargos judiciales a nivel federal , por lo que los ciudadanos recibirán seis boletas.
Los cargos que se elegirán son: ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
Otro conjunto de cargos se elegirán según circuito o distrito judicial por lugar de residencia: magistraturas de Salas Regionales del TEPJF, magistraturas de Circuito y titulares de juzgado de Distrito.
Arturo Espinosa Silis, profesor de la Universidad Panamericana y especialista en derecho electoral, señala que, en términos generales, los integrantes del Poder Judicial se encargan de resolver conflictos y controversias que surgen en torno a la aplicación de la ley.
"Desde temas cotidianos como un divorcio, el incumplimiento de un contrato de compra-venta, de arrendamiento, hasta temas más complejos como la liquidación de una empresa, el concurso mercantil, temas penales de algún delito, o un despido injustificado y cuestiones constitucionales", explica a Expansión Política.
"El Estado mexicano tiene una estructura dentro del Poder Judicial que funciona en diferentes niveles, la primera capa son los jueces y juezas de distrito. Hay una segunda instancia que son los magistrados de circuito y magistrados de apelación, (...) y la última instancia son los ministros de la Corte".
Nunca antes este tipo de cargos se habían elegido en urnas, por lo que aquí te explicamos a qué se dedican y en qué se diferencia la labor de unos y otros.
El 2 de junio de 2024, México eligió como presidenta a Claudia Sheinbaum y renovó al Congreso: la Cámara de Diputados y el Senado, es decir, ya se eligió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
El Poder Ejecutivo realiza tareas de administración y gobierno, y el Poder Legislativo se dedica a crear leyes y realizar reformas legales y constitucionales, además de vigilar el ejercicio de los recursos del primero.
El 1 de junio de 2025 se elegirá por primera vez a la SCJN, el TEPJF, jueces y magistrados, que forman parte del Poder Judicial de la Federación (PJF) y que, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, es uno de los tres poderes del Estado mexicano.
El Poder Judicial tiene como función preservar el orden establecido en la Constitución y para hacerlo interpreta las leyes e interviene cuando una ley, acto u omisión de alguna autoridad vulnera derechos humanos; también resuelve vía sus resoluciones, controversias entre Poderes o entre particulares.
Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no se vulneren los derechos humanos de las personas.
El pleno de la SCJN se integrará a partir de septiembre con nueve ministras y ministros (actualmente son 11) y todos estarán sujetos a elección.
Cada uno tiene la tarea de realizar proyectos de resolución sobre los asuntos que se les asigna.
Por ejemplo, la resolución definitiva sobre amparos cuando por su relevancia son atraídos; controversias entre Poderes si una entidad reclama decisiones tomadas por la Federación; o acciones de inconstitucionalidad si el Ejecutivo se inconforma por una reforma constitucional realizada por el Congreso.
El pleno de la Corte analiza y discute de manera colegiada y sus decisiones se toman por votación.
"(A la Corte) llegan los casos más complicados, los casos que tienen que ver con cuestiones constitucionales", recalca Espinosa Silis.
Actualmente hay un Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que realiza las tareas de administración de todos los recursos humanos y materiales del Poder Judicial de la Federación.
Es responsable del funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, además sanciona posibles irregularidades.
Esas tareas serán asumidas por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que estará integrado por cinco miembros y todos serán electos en urnas; durarán seis años en el cargo.
El TDJ podrá realizar investigaciones de oficio o por denuncias no sólo sobre presuntas irregularidades o corrupción, e investigarlas, sino que podrá analizar las resoluciones que dicten los juzgadores.
Por tanto, dejará de existir lo que se conoce como “libertad de jurisdicción”, que hoy evita que las resoluciones puedan ser cuestionadas o revisadas.
Ahora podrá aplicar sanciones si considera que los juzgadores no se ajustan “a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia” e incluso podrá sancionar si a su juicio hay “notoria ineptitud”.
Este Tribunal se encargará de evaluar a los magistrados de circuito y jueces de distrito que resulten electos en la elección; podrá destituir o suspender “por mal desempeño”.
La principal crítica es que las decisiones del Tribunal serán definitivas e inatacables, por lo que no habrá posibilidad de apelación, impugnación ni amparo contra sus resoluciones.
"Se va encargar de que el actuar de los jueces sea apegado a la ley", menciona el también consultor en temas político-electorales.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es parte del Poder Judicial y es la instancia que tiene la última palabra en conflictos relacionados con elecciones federales o locales, o afectación de derechos político-electorales.
Se organiza en Sala Superior, para analizar elecciones de orden federal, y cinco Salas Regionales, una por cada una de las cinco circunscripciones en que se divide el país.
El pleno de la Sala Superior de este Tribunal es de siete magistrados, pero hoy hay cinco en funciones y la reforma judicial les prolongó el mandato a todos y ordenó elegir sólo a dos magistrados para cubrir dos vacantes.
Los dos magistrados que sean electos serán responsables de la calificación de la elección presidencial de 2030 y su periodo será de ocho años.
Será en las elecciones de 2027 cuando se elija a los cinco magistrados que entrarán en funciones en sustitución de los actuales. Su periodo será de seis años, así que los siete concluirán sus periodos en 2033.
Las Salas Regionales del TEPJF son cinco y a cada una toca una de las cinco circunscripciones en que se divide el país.
Se dividen en cinco para que la distribución de la población dentro de cada una sea equilibrada. Las Salas Regionales resuelven sobre decisiones de Tribunales Electorales estatales, excepto sobre gubernaturas, y les corresponde atender sólo a los estados de su respectiva circunscripción.
Estas son las circunscripciones en que se divide el país:
Los titulares de juzgados de distrito, a diferencia de los magistrados electorales o de Disciplina Judicial, resuelven juicios de amparo indirecto, interpretan las leyes y resuelven sobre lo cotidiano. Es el primer contacto de los ciudadanos con el sistema de justicia federal.
Hay especialidades como civil, mercantil, de trabajo, administrativo, amparo o penal. Según el tipo de problema lo atiende un juez especializado, por ejemplo, para resolver disputas entre trabajadores y empleadores quien resuelve es un juez en materia de trabajo.
Para resolver controversias entre particulares puede ser en materia civil. Cuando una ley o acto de autoridad viole garantías individuales es materia de amparo, o bien cuando resuelve diferendos relativos a servicios públicos, puede tratarse de materia administrativa.
En materia penal, los jueces de distrito llevan los procesos (juicios) de presuntos delincuentes y dictan las sentencias.
Los juzgados son órganos jurisdiccionales de primera instancia del PJF y los encabeza un titular o juez, auxiliado por secretarios, actuarios y otros funcionarios de la carrera judicial. En la elección se elegirán 386 jueces de distrito.
Los tribunales Colegiados de Circuito son tribunales de segunda instancia, es decir, se encargan de conocer y resolver impugnaciones de asuntos que fueron resueltos en primera instancia por jueces de distrito y de juicios de amparo directo.
Estos tribunales se integran por tres magistrados o magistradas de circuito y, como los jueces, también se dividen en especialidades: administrativos, civiles, del trabajo, de lo penal, de apelaciones y los especializados en telecomunicaciones, por ejemplo.
En la elección se elegirán 464 cargos a magistraturas de circuito responsables de revisar las inconformidades contra las decisiones de los juzgados de distrito y órganos judiciales locales.
Con sus resoluciones, ayudan a establecer criterios para resolver casos futuros.
Especialistas coincidieron -en el podcast Política y Otros Datos, de Expansión Política- que las elecciones judiciales, para las cuales se perfila una participación de menos de 20%, según estimaciones del INE, han generado una enorme confusión entre la población por el tipo de cargos a elegir, la forma de votar y el desconocimiento de los cientos de candidatos.
Javier Rosiles, profesor-investigador de la Universidad de la Ciénega y analista en temas político-electorales, observa que uno de los principales problemas es que, a diferencia de todas las elecciones anteriores, ahora no se votará por un proyecto, sino por un perfil técnico.
"Otro problema tiene que ver con la representación, por eso a veces la gente no lo entiende tanto, es decir, nosotros votamos por representantes, por ejemplo, la misma presidenta, por legisladores, eso quiere decir que ellos nos plantean un proyecto político y que van a defender nuestros intereses", señala.
"El problema con el Poder Judicial es que nada más alejado tendría que ser que ellos representen nuestros intereses o de otra persona, se supone que ellos no representan intereses particulares, sino que imparten justicia; el ciudadano de pronto dice: 'yo no entiendo tanto' porque una cosa es votar por la presidenta, por legisladores, pero acá se me está pidiendo una cosa distinta que es una cuestión más técnica que política".
Melissa Ayala, experta en derecho constitucional y el Poder Judicial, considera que una herramienta "importantísima" para fomentar la participación y acercarse a la elección judicial es la plataforma "Conóceles", del INE, en la cual se pueden consultar los perfiles y propuestas de cada candidato.
"Algo que me molesta mucho (...) es que se está reduciendo a las y los candidatos a números y colores, y a mí esto me choca porque ha sido una de las grandes peleas que hemos dado las defensoras y los defensores de DH y que hemos representado a las víctimas, en donde decimos: un expediente es una persona", observa.
"En este caso es el proyecto de vida de una persona y me parece muy feo esto de 'vota 08 morado', (cuando) es una persona, entonces esta herramienta del INE contraataca o contrarresta esto, es: métete, ve la foto de esta persona, qué ha hecho, a qué se ha dedicado".
