Reclaman responsabilidad a INM
Otro grupo de activistas se dirigió a las oficinas centrales del Instituto Nacional de Migración, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a presentar una demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial en contra del organismo por las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el incendio.
La demanda exige la reparación integral de las víctimas. También denuncia la omisión del Estado en el caso. “Cuya negligencia en medidas de seguridad y protección civil resultó en la muerte y lesiones de personas privadas de su libertad”, afirma IMUMI.
El incendio ocurrió hace dos años luego de que un grupo de migrantes retenidos en la estancia reclamara porque no tenían acceso a agua potable ni alimentos, y quemara una colchoneta en protesta.
A pesar del humo y del fuego, los agentes a cargo de la estancia no abrieron la puerta a los migrantes ni activaron protocolos de protección civil. “Este incendio fue predecible y prevenible”, lamentó Gretchen Kuhner.
INM sin cambios ni en su titular
Después de los hechos se inició un proceso penal en contra de Francisco Garduño, comisionado de Migración, quien nunca se separó del cargo para que la investigación del caso se llevara a cabo.
A finales de enero de 2025, un juez suspendió por un año el proceso en su contra, a condición de que Garduño cumpla una serie de medidas.
Entre ellas, pedir una disculpa pública, verificar la entrega de un fideicomiso a familiares de cinco víctimas mortales que no han aceptado la reparación económica del daño, tomar cursos en materia de derechos humanos y protección civil, supervisar cada tres meses las estaciones migratorias y permanecer en su domicilio.
Hasta ahora no ha ofrecido la disculpa pública y las representantes legales de las víctimas señalan que la suspensión se concedió porque la defensa del comisionado dijo que éste ya había reparado económicamente a los familiares de los migrantes fallecidos.
Sin embargo, utilizó recursos públicos para ese fin, porque la reparación la pagó el INM. Si se cumplen estas condiciones en el plazo establecido, Garduño será absuelto. “Es una impunidad total”, reprochó la directora de IMUMI.
Las activistas también solicitaron modificaciones a la política migratoria mexicana. “El Estado debe hacerse responsable de los hechos y tiene que garantizar la no repetición. La política migratoria tiene que ser reformulada en su totalidad si queremos que la gente deje de morir en su tránsito por México”, agregó Lorena Cano.