Cuando concluya el plazo impuesto por el juez, se deberá revisar si Garduño cumplió esas condiciones. Si el juzgador considera que sí lo hizo, el caso será cerrado y el titular de Migración será absuelto.
Sin embargo, organizaciones que representan a 18 de las víctimas y sus familias consideraron que esta resolución judicial marca un precedente de impunidad y envía un mensaje de que se pueden cometer delitos graves en contra de personas vulnerables sin que haya justicia.
Por ello, la defensa de las víctimas solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum no permitir “que la maquinaria de la impunidad se siga alimentando en su gobierno”.
El incendio en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez ocurrió en 2023 y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación penal. La autoridad determinó que se encontraron elementos para que Garduño fuera juzgado como probable responsable de omisiones, debido a la falta de seguridad de los migrantes recluidos y las condiciones en que se encontraban: sin acceso a agua potable, alimentos y en una estación sin salidas de emergencia ni protocolos de protección civil.
Así que, el 30 de abril de 2023, Garduño fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, pero no le dictaron prisión preventiva. El juez dio cuatro meses para la investigación complementaria.
Desde entonces, organizaciones a favor de las víctimas han denunciado que el comisionado de Migración ha buscado detener el proceso penal en su contra. Primero promovió una “solución alterna”, en la que se comprometía a pagar la diferencia del valor de los daños materiales del inmueble, establecidos entre el perito de la FGR y la empresa aseguradora, a cambio de detener la investigación en su contra.
Después solicitó suspensiones al proceso sin la presentación de un plan de reparación del daño a favor de las familias de los 40 migrantes fallecidos y los 27 sobrevivientes.
En la última audiencia, el abogado de Garduño sostuvo ante el juez que las familias de 35 de las 40 víctimas mortales ya habían recibido un apoyo económico como parte de la reparación del daño.
“Las organizaciones que hemos asumido la representación jurídica de sobrevivientes y familias de personas fallecidas hemos llamado a las diferentes autoridades a no permitir la impunidad de la que goza Francisco Garduño y el INM ante las graves violaciones a derechos que han redundado en muertes al interior de las estaciones migratorias”, demandó la Fundación para la Justicia en un comunicado de agosto de 2024.
A pesar del proceso penal en su contra, Garduño no fue separado de su cargo como titular del INM. Incluso se mantiene en el puesto a pesar de que Sheinbaum anunció que Sergio Salomón, exgobernador de Puebla, sería el nuevo comisionado de Migración. Sin embargo, justificó que no se concrete el cambio para concretar la transición entre las dos administraciones del instituto.
