Instituto Nacional de Migración, entre polémicas y tragedias
En los últimos sexenios, la política migratoria de México ha transcurrido en medio de la polémica, pues en este periodo han ocurrido ataques o incidentes en contra de los migrantes en su paso a EU.
En México han ocurrido varias tragedias en contra de migrantes como la matanza ocurrida en 2010 en San Fernando, Tamaulipas o el incendio en el que murieron 40 personas sofocadas en instalaciones el INM en Ciudad Juárez.(Fotos:Toño Aguilar y Juan Ortega Solís/Cuartoscuro)
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha estado involucrado en distintas tragedias con consecuencias fatales para las personas en movilidad que cruzan el territorio hacia Estados Unidos.
Desde hace casi dos décadas, el organismo funciona con personal sin capacitación, con estancias precarias y a cargo de comisionados que han sido cuestionados por esta al frente del organismo cuando han ocurrido incidentes o ataques contra migrantes.
De acuerdo con expertas, esto es resultado de la política migratoria de México que carece de perspectiva de derechos humanos y prioriza un enfoque de contención que en los últimos años, incluso, se ha tornado militarista.
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Tragedias migrantes
En los últimos años, varias tragedias se han relacionado con el Instituto: matanzas de migrantes, incendios y afectaciones o muertes en estancias migratorias precarias y con hacinamiento.
La matanza en 2010 de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas es uno de los eventos que más han conmocionado en México, sin embargo, el asesinato y secuestro de migrantes no ha dejado de ocurrir. Muestra de ello, son los cientos de fosas clandestinas con restos de migrantes. En 2012 se hallaron los cuerpos mutilados de 49 de ellos en la carretera federal de Cadereyta, Nuevo León. En 2019 se informó del secuestro de 26 migrantes por grupos de tráfico de personas en Tamaulipas.
En 2021 ocurrió otra masacre en ese mismo estado: policías estatales persiguieron, ejecutaron e incineraron a 19 personas, entre ellas cinco mujeres y un menor de edad en Camargo.
“Enla mayoría de esos casos estamos hablando de la delincuencia organizada, pero también de instituciones y de funcionarios involucrados. Esto es muy grave porque vamos a llegar a casi dos décadas de las primeras masacres o delitos conocidos contra migrantes (...) y todos estos casos están en impunidad, con excepción de Camargo, que sí existe una sentencia donde se condenó a 12 policías”, señala Yesenia Valdez, coordinadora del área de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia.
La regla es que no haya sanciones o que las sanciones impuestas sean absurdas, agrega Lorena Cano, coordinadora jurídica en el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
“Históricamente no ha habido sanciones a servidores públicos de alto nivel del Instituto Nacional de Migración”,
Lorena Cano, coordinadora jurídica en el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
Cuando ocurrió la matanza de San Fernando, renunció la titular del INM, recuerda. Pero en otros momentos los comisionados continúan en su cargo sin afectaciones.
El rancho en donde fueron encontrados 72 cadáveres de migrantes en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010
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Migración y crimen organizado
En 2016 se difundieron informes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sobre presuntos vínculos entre el crimen organizado y el INM durante el sexenio del expresidente del PAN Felipe Calderón.
Según esa investigación, personal del organismo detenía a migrantes y los entregaba a grupos de narcotráfico.
La indagatoria se realizó en 2011, pero salió a la luz hasta después porque se llevó a cabo luego de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
En ese periodo Cecilia Romero y Salvador Beltrán del Río fueron titulares del instituto.
El 27 de marzo de 2023 ocurrió un incendio en una estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que 40 personas murieron, 27 resultaron con lesiones de gravedad y 15 sufrieron secuelas psicológicas.
El incendió en la estación migratoria del INM ocasionó la muerte 40 personas y 27 más sobrevivieron.(Foto: Juan Ortega Solís/Cuartoscuro)
Las víctimas son migrantes de Centroamérica que el Instituto Nacional de Migración (INM) mantenía encerrados en una celda con llave sin acceso a agua ni alimentos. A pesar de las llamas, funcionarios de la institución se negaron a abrirles la celda.
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La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación, pero organizaciones no gubernamentales que acompañan a las víctimas consideran que hay irregularidades, no ha sido exhaustiva ni ha fincado responsabilidad a todas las personas involucradas.
Es el caso de Francisco Garduño, actual comisionado del INMm quien ha estado a cargo del INM a partir de 2019. Llegó en el sexenio de López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum lo mantiene en el cargo a pesar del proceso penal por su responsabilidad en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez.
El pasado 24 de enero, un juez suspendió el proceso por 18 meses. La defensa del comisionado aseguró que éste había pagado a las víctimas una reparación económica.
Sin embargo, Yesenia Valdez, coordinadora del área de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia, explica que esa compensación no incluyó a todas las víctimas y, además, la realizó el Instituto Nacional de Migración para cumplir con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al Estado mexicano no como parte del proceso penal individual en contra de Garduño.
Por ello, la organización, que representa a las víctimas, considera que en la resolución hay impunidad.
En otros gobiernos del PRI, del PAN, y ahora en gobiernos de Morena, nos están dando el ejemplo de que sigue siendo lo mismo cuando se trata de funcionarios que tienen que responder, que tienen que ser juzgados por una responsabilidad penal. Desafortunadamente, son beneficiados y protegidos por el mismo Estado, por el gobierno en turno",
Yesenia Valdez, coordinadora del área de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia.
Sostiene que por eso siguen en impunidad la gran mayoría de los casos relacionados con migrantes que han sido víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos.
Política migratoria
La especialista considera que estos casos deben ser vistos como fenómenos de macrocriminalidad, porque no son eventos aislados, sino sucesos que se repiten en un país con altos niveles de violencia.
Pero, también, de una política migratoria que violenta a las personas en movilidad, afirma.
No solamente se necesita un perfil capacitado, sino se necesita una política migratoria humana, integral y muy seria”,
Yesenia Valdez, coordinadora del área de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia.
Lorena Cano agrega que a las autoridades y funcionarios del INM les falta preparación, empatía y, coincide, urge reformular la política migratoria.
“Lo que tendría que haber es una reformulación de la política migratoria. ¿Qué es lo que sucede? Que Migración no nada más criminaliza, sino militariza”.
