En este punto es donde detalló que más del 80% de este monto se encuentra relacionado con entes como Birmex, el Seguro Social y Fonatur, responsable de la construcción del Tren Maya.
El 16% del monto por aclarar resultado de esas auditoría corresponde a empresas productivas, subsidiarias y de control directo del Estado y “sólo un 4%” se encuentra vinculado a las secretarías de estado del gobierno federal.
Respecto a las Auditorías Forenses, unas fueron enfocadas al ámbito federal y otras a estados y municipios.
En el primer caso, “por primera vez se están realizando sobre entes que históricamente no habían sido revisados por este nivel de profundidad del orden federal. Destacan Diconsa, el Instituto Nacional de Migración, el Seguro Social y el INAI, en el orden estatal poderes judiciales, locales, dos universidades autónomas, los servicios de salud de dos entidades federativas".
Con esas 29 auditorías de tipo forense, se determinó un monto por aclarar por más de 6,600 millones de pesos, señaló.
Sobre las auditorías a estados y municipios, se logró “cifra récord” de cobertura con 1,959 a estados, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y órganos autónomos de las entidades federativas y se entregó el resultado de 1,431 procesos de revisión, que incluye las universidades públicas, agregó.
El monto por aclarar en esos entes ascendió a 34,607 millones de pesos: “Es prácticamente el doble de lo determinado de la Cuenta Pública pasada. Esto se explica por la mejora de nuestros procedimientos de auditoría, pero principalmente por la implementación de nuevas tecnologías de la información e inteligencia artificial”.
El monto representa el 78% del monto total observado en esta Cuenta Pública por la Auditoría.
Se fiscalizó la ejecución de recursos por parte de 139 instituciones de educación superior lo que resultó en 900 millones de pesos (de montos por aclarar) en ese sector.
Destacó que, respecto a las Auditorías Especiales al Gasto Federalizado, se fiscalizó el 100% de municipios de 15 entidades federativas.
“Como resultado de 1,028 procesos de fiscalización a alcaldes y municipios se determinó un monto por aclarar por más de 15,800 millones de pesos”
“(También) se determinó un monto por aclarar por más de 22,700 millones de pesos distribuidos en los 30 estados que resultaron con un posible daño patrimonial.
“Al respecto, destaca el hecho de que los gobiernos de la Ciudad de México y Querétaro no tuvieron montos por aclarar, o sea, fueron observaciones cero”, detalló el auditor al asegurar que hubo resultados positivos en Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas.
Recordó que todos los resultados con posible daño patrimonial “pasan a una segunda etapa de fiscalización en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación”, donde se pueden aclarar observaciones o, de no ser así, se daría inicio a las investigaciones correspondientes, la presentación de denuncias y procedimientos resarcitorios en contra de los funcionarios responsables según corresponda.
"(Para la Cuenta Pública 2024) por primera vez auditaremos a siete nuevos entes del gobierno federal", comentó y agregó que bajo ese modelo se fiscalizará el 100% de los municipios y alcaldías de 19 estados alcanzando por primera vez una cobertura inédita del 40% de los entes de este orden de gobierno.
