En esas entidades, Baja California Sur, gobernada desde 2021 por Marina del Pilar Ávila, de Morena; Durango, desde 2022 a cargo de Esteban Villegas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Jalisco, con el mandatario de Movimiento Ciudadano (MC) Enrique Alfaro desde 2018, se tienen pendientes por aclarar 5,655.5 millones de pesos.
La revisión de la ASF incluye a los municipios, en donde se agregan otros 80.6 millones de pesos pendientes de aclaración. Sumadas las observaciones hechas a estados y ayuntamientos dan como resultado 5,736 millones de pesos que fueron observados, y su uso y destino aún debe clarificarse.
Entre las anomalías halladas destacan la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, irregularidad que arrojó 3,750 millones de pesos por aclarar y representan el 65.4% de las fallas detectadas.
Derivado de la realización de pagos improcedentes o en exceso, la ASF señaló 815.9 millones de pesos por lo que aún deben responder las entidades del país o los municipios.
Por la existencia de recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe), hay 308.1 millones de pesos pendientes de clarificar.
El pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal fue identificado en varios casos y acumuló una suma de 276 millones de pesos, cuya aclaración está pendiente.
Por la falta de localización de bienes adquiridos con recursos públicos, o comprados pero que no operan, o bien la contratación de servicios que no se realizaron, la ASF señaló que hay 157.2 millones de pesos que los entes públicos deben explicar.
Por concepto de “otras irregularidades” como sobreprecios, no haber realizado una correcta licitación u omitir el cobro de penalizaciones ante incumplimientos de contratos, entre otras situaciones, las irregularidades representaron 427.7 millones de pesos.
Sin embargo, en la revisión de la ASF destacan, por entidad, el gobierno del estado de Baja California como el que concentró el mayor importe por aclarar, con 1,421.2 millones de pesos, monto que representó el 25.11% del total detectado en los 32 estados.
En Durango se observaron y están pendientes por aclararse 846.2 millones de pesos, que representan el 15%, y en Jalisco, 771.4 millones de pesos, el 1.6%.
Entre esas tres entidades se concentró el 53.7% del monto por aclarar.
Sin embargo, al ser gasto federalizado, algunos de los fondos se entregan a los municipios para su ejercicio, a organismos desconcentrados o a instituciones educativas, que son las que propiciaron algunas de las anomalías.
Supernómina y pagos a muertos
La ASF realizó diversos tipos de auditoría a las entidades, algunas de cumplimiento, otras sólo para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2023.
Aun cuando el ente fiscalizador no dio en este corte resultados de auditorías forenses, si dio cuenta de algunas anomalías.
Resultado de esa revisión a la aplicación de la ley referida se detectó un incremento en el importe pagado para servicios personales en relación con el monto asignado en el Presupuesto 2023.
Además “se obtuvieron ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, de los cuales no proporcionó la documentación que acreditó el destino a un fin específico, así como las autorizaciones por parte de su Secretaría de Finanzas y Administración”.
Tan solo de la revisión de documentos proporcionados por la entidad y “de cuya veracidad es responsable”, según la ASF, se determinó un monto por aclarar de 1,377.9 millones de pesos derivados de esas conductas.
“Se constató la entrega de 475 dotaciones a 86 beneficiarios del programa atención alimentaria a grupos prioritarios que se identificaron como decesos en el ejercicio fiscal 2023 por 165.3 miles de pesos (165,300 pesos)”.
