Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal federal, Ernestina Godoy se conviertió en la nueva titular de la Fiscalía General de la República al ser nombrada por el Senado.
Luego de ocupar la Consejería Jurídica de la Presidencia al ser designada por la presidenta Claudia Shienbaum, Godoy se posiciona en un puesto clave para la justicia. Aquí te contamos cuál es su trayectoria y cuáles son las controversias que la rodean.
Originaria de la Ciudad de México, Godoy nació el 17 de enero de 1954 en la alcaldía Cuauhtémoc. Actualmente tiene 71 años.
Es abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM y fundadora de diversas organizaciones civiles como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y Alianza Cívica, entre otras.
Representó a la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados entre el EZLN y el gobierno federal.
En el servicio público ocupó diversos cargos entre 2000 y 2012, además de ser diputada local y diputada federal de 2015 a 2018.
Por solo dos meses fue coordinadora de las y los legisladores de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, pero en diciembre de 2018 fue nombrada procuradora de justicia de la Ciudad de México por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Se mantuvo en el cargo durante la transición de Procuraduría a Fiscalía –cuyo objetivo era dar independencia a la institución– tras la reforma constitucional local aprobada en 2019, conocida como la “Ley Godoy”, la cual eliminó requisitos que le impedían competir por el nuevo puesto.
Una segunda reforma, aprobada en 2023 por Morena y sus aliados de cara a la posibilidad de ratificar a Godoy para un nuevo periodo como fiscal de la ciudad, permitió que su reelección dependiera del Consejo Judicial y no del Congreso local.
Pese a las reformas, Godoy no consiguió su segundo periodo como fiscal y en enero de 2024 rindió su último informe. Ese mismo año fue electa senadora, en fórmula con el exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch.
Pese a ser electa como legisladora, Godoy solicitó licencia a su cargo, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum la nombró consejera jurídica de la Presidencia.
Desde el 1 de octubre de 2024 ocupó ese puesto clave en el gobierno federal. Sin embargo, el 27 de noviembre, tras darse a conocer que Gertz Manero renunciaba a su cargo al ser propuesto como embajador de México, Godoy ocupó su lugar de forma provisional al ser designada como encargada de despacho de la FGR.
Este 3 de diciembre el nombramiento de Godoy como la nueva fiscal General de la República se hizo oficial con la aprobación del Senador.
Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy son desde hace varios años cercanas colaboradoras. Sheinbaum, al respaldar la ratificación de Godoy como fiscal de la CDMX en 2023, la describió entonces como una mujer “honesta, valiente, profesional, incorruptible, un ejemplo de cómo se procura la justicia”.
Días atrás con Godoy al frente de la Fiscalía federal de forma interina, la presidenta reiteró que Godoy es “una mujer extraordinaria, de principios, honesta de muchas convicciones”, que demostró resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México, aunque matizó que la decisión del nombramiento definitivo le correspondía al Senado.
Sin embargo, en su trayectoria suma señalamientos que van desde espionaje hasta revictimización y uso político de la justicia.
En 2023, Godoy enfrentó críticas tras la publicación de un reportaje de The New York Times que reveló que la Fiscalía capitalina solicitó a Telcel entregar registros de llamadas, mensajes y datos de ubicación de políticos tanto de la oposición como de Morena. Entre ellos, Santiago Taboada, exaspirante opositor a la Jefatura de Gobierno; la senadora panista Lilly Téllez y los morenistas Higinio Martínez y Horacio Duarte.
Telcel reconoció ante un juez haber entregado los datos, aunque Godoy negó que la información del reportaje fuera precisa.
En 2022, cuando Godoy encabezaba la Fiscalía de la CDMX, se emprendieron varias carpetas de investigación por presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, involucrando a funcionarios panistas y empresarios.
El caso más destacado es el del exjefe delegacional Christian Von Roehrich, detenido en abril de 2023 y posteriormente vinculado a proceso.
También fue implicado Santiago Taboada, excandidato a la jefatura de Gobierno por la alianza PAN, PRI y PRD, quien acusó a Godoy de ser una “fiscal carnal” y de perseguirlo políticamente por instrucción de Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno capitalina.
Entre los investigados también figuraron Víctor “N”, exdirector de Planeación y hermano de Luis Mendoza, actual alcalde de Benito Juárez.
En 2022, Godoy también fue cuestionada tras la liberación de Alejandra Cuevas, quien estuvo encarcelada durante 528 días, acusada del homicidio "por omisión" del hermano del ahora exfiscal de la República Alejandro Gertz Manero.
La cuñada de Gertz Manero salió del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha hasta que su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los ministros ordenaron su liberación inmediata el 28 de marzo de ese año.
En 2015, Cuevas y su madre, Laura Morán Servín, fueron denunciadas por Alejandro Gertz Manero por el supuesto homicidio “por falta de cuidados” de su hermano Federico Gertz Manero. Aunque el caso fue inicialmente desestimado, la carpeta se reactivó en 2019 cuando Gertz asumió como fiscal general y Godoy era procuradora capitalina.
Godoy se defendió al rechazar que Gertz Manero hubiera influido en el proceso contra Cuevas.
“Ni el fiscal (Gertz Manero) sería capaz de pedirme una cosa así ni yo estaría dispuesta a hacer un favor de esa manera donde se pudiera llegar a torcer la ley”, dijo en ese momento.
Durante el paso de Godoy como fiscal de la CDMX, colectivos feministas y mujeres se manifestaron en varias ocasiones en contra de dicha dependencia.
En agosto de 2019, colectivos feministas protestaron contra la filtración del testimonio y datos personales de una adolescente que denunció ser violada por cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Azcapotzalco. En una de las manifestaciones en la Glorieta de Insurgentes, las manifestantes incendiaron una estación de la Policía capitalina sin que se reportaran personas heridas.
Godoy argumentó entonces que no había policías imputados porque la joven no se presentó a identificarlos. “No vamos a fabricar culpables, si no hay una imputación no hay razón para que los separen de sus cargos”, dijo entonces.
En 2020, el caso Ingrid Escamilla, joven de 25 años que fue asesinada por su pareja en Gustavo A. Madero, también generó protestas en contra de la dependencia luego de que imágenes del cuerpo de la víctima fueran filtradas desde la institución a medios de comunicación y publicadas en diversos periódicos.
Ante ello, cientos de mujeres realizaron una marcha para exigir castigo, no solo en contra del responsable del feminicidio de Ingrid, sino también en contra de los medios de comunicación y los funcionarios responsables de la filtración y exposición del cuerpo de la joven.
Tras el desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Metro en 2021, Godoy y la dependencia a su cargo recibieron críticas por no llamar a declarar a la directora del Metro en ese momento, Florencia Serranía.
Víctimas y legisladores del PAN acusaron encubrimiento. “En una Ciudad donde no ha querido comparecer Florencia Serranía y se nota que la impunidad es total, que la prioridad nunca fue la justicia ni la reparación del daño”, señaló el panista Federico Döring en 2023.
"Siempre hemos dado la cara: @Claudiashein"
— Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) May 5, 2023
Pero si Florencia Serranía jamás compareció ni ante @Congreso_CdMex, ni ante @FiscaliaCDMX
Y a las víctimas las abandonó @OcampoArmando_ para irse a buscar sin éxito un espacio en el @INEMexico#Linea12NoSeOlvida pic.twitter.com/M7s1uD20C8
Godoy también fue señalada de actuar con fines políticos, esto luego de que en 2023, El Universal publicó parte de una carpeta de investigación abierta por el presunto plagio realizado por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, en su tesis de licenciatura en la UNAM.
Los señalamientos en contra de Godoy llegaron luego de que la dependencia que dirigía determinó que la ministra no cometió plagio e incluso fue considerada como víctima.
La investigación fue abierta a petición de la propia Esquivel, pese a tratarse de un delito que se investiga a nivel federal y no local, además de haber prescrito.
En marzo de 2022, a siete años del asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte- la activista Nadia Vera, el fotoperiodista Rubén Espinosa, la modelo Mile Virginia Martin, la maquillista Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete-, familiares de las víctimas acusaron a la Fiscalía encabezada por Godoy de omitir diligencias, perder evidencia y no avanzar en líneas clave de investigación del conocido 'Caso Narvarte'.
Pese a que Godoy prometió resolver el caso en un año, representantes legales de las familias, advirtieron que las indagatorias continuaban basándose en información antigua y pruebas debilitadas por el paso del tiempo.
Su nombramiento como consejera jurídica tras ser electa como senadora fue interpretado por algunos políticos como fruto de lealtades partidistas más que de independencia jurídica.
En su discurso al asumir el cargo, Godoy enfatizó su compromiso de “hacer valer el Estado de Derecho” y de construir el andamiaje jurídico necesario para apoyar las reformas sociales y constitucionales del gobierno de Sheinbaum.
Durante su tiempo como consejera jurídica, Godoy aportó su experiencia en materia legal y de derechos humanos, para contribuir y dar sustento legal a políticas públicas y reformas impulsadas por Sheinbaum.
Fue así que Godoy tuvo varias intervenciones en la conferencia mañanera en las que presentó por ejemplo, la iniciativa para crear una Plataforma Única de Identidad, con la CURP como identificación nacional y detalló un nuevo sistema de alerta, búsqueda y localización de personas desaparecidas —incluyendo una base nacional de carpetas de investigación y un banco forense nacional— para fortalecer las capacidades de búsqueda e investigación
También defendió las reformas de seguridad presentadas por el gobierno, especialmente la ley para un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, y aclaró que la Guardia Nacional “no espiará conversaciones” como parte de esas reformas, buscando tranquilizar temores de violaciones a la privacidad.
Expuso además los detalles de la reforma a la Ley de Amparo y leyes secundarias relacionadas al sistema judicial, asegurando que la reforma “no debilita el amparo, lo fortalece” y que busca una justicia más ágil, clara y con mecanismos digitales, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos.
