Pese a estas condiciones, que considera la Ley de Amnistía para otorgar el perdón a personas en prisión, Virginia esperó dos años para obtener su libertad. Su caso es el de miles, porque a tres años de la publicación de esta legislación, apenas 249 personas han sido liberadas por amnistía, según informó la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia matutina del 2 de mayo de 2023.
Expertos en la materia consideran que la lenta aplicación de la ley es resultado de la opacidad con la que opera y de los retos que enfrenta para convertirse en un instrumento real de justicia y de reparación en casos de violaciones a derechos humanos.
¿Una ley de papel?
La Ley de Amnistía entró en vigor en 2020. Se trata de un instrumento que concede “el perdón” a las personas en prisión que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas indígenas, mujeres y jóvenes sin oportunidades de educación o empleo; víctimas de discriminación, obligados por la delincuencia organizada o en pobreza.
Desde entonces, la Comisión de Amnistía, órgano encargado de analizar y aprobar las solicitudes de amnistía, ha recibido alrededor de 3,752 peticiones, de las cuales 37% “son notoriamente improcedentes”, reporta el organismo.
El 43% de las solicitudes que se consideran procedentes son analizadas por la comisión. Sin embargo, de acuerdo con sus datos oficiales, una de cada cinco se encuentra en trámite. Hasta el 29 de mayo de este año, 1,613 casos de amnistía han sido revisados, 609 solicitudes siguen en trámite y 86 han sido concluidos o turnados a otras áreas de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.
Además, la proporción de rechazo es amplia: 58% de las peticiones de amnistía se han negado sin transparentar los criterios para esa decisión, según datos del informe Incidencia en políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia de personas indígenas en procesos de amnistía.
