Segundo, se deben mejorar los procesos para que la ley pueda ser implementada. Al momento la comisión encargada del tema se reúne con muy poca frecuencia y no se tiene un proceso claro para gestionar las solicitudes. Más aún, no se cuenta con información constante y transparente sobre los avances de la Ley de Amnistía por lo que conocer del tema requiere revisar las conferencias mañaneras de López Obrador o hacer solicitudes de información expresas.
Sin procesos claros, transparentes y efectivos para lograr la amnistía de manera expedita, la justicia que se prometía con la aprobación de esta ley continuará siendo solo eso, una promesa.
Finalmente, se debe crear un plan de reinserción social para las personas que sean liberadas ya que, sin ello, la posibilidad de reincidencia aumenta. Este plan deberá desarrollarse en todas las entidades federativas algo que, no se ha hecho, en parte porque la gran mayoría de los gobernadores no han aprobado una ley de amnistía local armonizada con las reglas federales.
López Obrador ya ha comenzado a sugerir que pronto aumentará sus acciones en favor de la amnistía. En particular, ha mencionado que intentará liberar a los reos que no han recibido sentencia por más de 10 años, a quienes hayan sido torturados o a personas mayores de 64 años con enfermedades crónicas y que no hayan cometido delitos graves.
La sugerencia es justa y me parece acertada. Sin embargo, de nada servirá si no se cuentan con recursos para implementarla. La Ley de Amnistía lo ha mostrado con creces. El trabajo no termina cuando algo popular se aprueba en el congreso o por medio de un decreto. El trabajo principal es lograr que la ley suceda. Es la política pública y no la política.
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