¿Y la Ley de Amnistía? La población en cárceles aumentó 5.4% en dos años

Esto quiere decir que, de 2020 a marzo de 2022, la población carcelaria en México aumentó en 5.4% mientras que la Ley de Amnistía ha "beneficiado" a solo 167 personas, de acuerdo con la Comisión de Amnistía.

"Este número de 167 personas que reporta la Comisión de Amnistía es de quienes ya tienen el 'sí' por parte de la comisión, pero todavía no salen de prisión porque falta ver qué dice el juez. Es decir, todavía están a la espera de la resolución judicial, no han sido liberadas", aclara Amaranta Valgañón, abogada litigante senior de la organización Equis Justicia para las Mujeres, a Expansión Política.

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Aún con la Ley de Amnistía, en 2020 aumentó la población penitenciaria

La información estadística penitenciaria nacional muestra que del total de personas privadas de la libertad, 28,994 están dentro del fuero federal; en diciembre de 2020 esta cifra era de 28,652.

Aunque las cifras oficiales indican que la mayoría de las personas privadas de la libertad han recibido sentencia (133,107 tanto en el fuero común como en el federal), hay un universo de 92,736 que están vinculadas a proceso y estos casos son los que están aumentando la población penitenciaria.

"Las personas que aumentaron la población en 5.4% son las que están en proceso de vinculación, no son personas sentenciadas. Esto es porque hay mucha más utilización de prisión preventiva oficiosa como un mecanismo para tener a las personas privadas de la libertad", dice en entrevista Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta, la cual forma parte del Observatorio de Amnistías.

¿Por qué aumentó la población carcelaria?

Dos factores que pueden explicar el aumento de la población privada de la libertad son el uso desmedido de la prisión preventiva y la ampliación del catálogo de delitos.

De acuerdo con la información estadística penitenciaria, en México, el 41% de las personas privadas de la libertad está en espera de una sentencia.

"Muchas de esas personas duran entre cinco y 10 años en procesos de vinculación, como mínimo. Y eso es gravísimo, porque la Constitución dice que si no hay una resolución en dos años, esta persona debe quedar en libertad. Entonces, mucho tiene que ver con la utilización de la prisión preventiva de forma oficiosa o de forma continua por parte de los jueces", señala Aoyama.

En este sentido, la activista menciona que existen otros mecanismos que la autoridad asegurar la comparecencia del acusado dentro del proceso. "¿Cuál es el problema de utilizar o sobreutilizar la prisión preventiva? Le robas el tiempo de vida en libertad a una persona sin haber definido su situación jurídica", agrega.

A esto se suma el hecho de que, en lo que va de la actual administración, el Congreso de la Unión ha aprobado en dos ocasiones la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, tales como:

• Uso de programas sociales con fines electorales.
• Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
• Robo de casa habitación.
• Robo de hidrocarburos.
• Corrupción (sin definir qué actos).
• Delitos fiscales.

"Esto ha motivado, sobre todo en el contexto de la pandemia, que muchas de las personas que han ingresado a los centros penitenciarios, tanto federales como locales, están por robo; es decir, no se está aplicando el sistema penal aprobado en 2016, en el que se indica que las personas que estén por robo podrán acceder a acuerdos reparatorios para librar la prisión preventiva", puntualiza Amaranta Valgañón.

La litigante de Equis Justicia agrega que otro factor —que además se contrapone con la Ley de Amnistía— es que persiste la criminalización de la pobreza: la mayoría de las personas que está en prisión preventiva es por un impulso a delinquir al no tener acceso al trabajo, la educación o los servicios básicos de salud.

"Amnistía significa olvido"

Hace casi dos años, cuando recién se había aprobado la Ley de Amnistía, Domitila presentó su solicitud para obtener su libertad, y este 20 de mayo finalmente le fue concedida.

Domitila es originaria de Michoacán, costurera y hablante mazahua. Fue detenida en Oaxaca durante una revisión de rutina de la Policía Federal. Su crimen fue aceptar el traslado de 21.70 kilogramos de marihuana para frenar las amenazas de criminales contra su familia. Eso bastó para recibir una sentencia de seis años y medio de prisión.

Así, formó parte de de las cifras que, durante años, han alimentado las estadísticas penitenciarias en México, que fueron en aumento desde que el gobierno de Felipe Calderón emprendió la llamada "guerra contra el narcotráfico".

Domitila como muchas mujeres en México, encuadra en los supuestos de la Ley de Amnistía: son mujeres indígenas, provenientes de contextos económicos adversos, rodeadas de exclusión y violencia sistémica; captadas por el crimen organizado para volverse los eslabones más visibles y víctimas de un encarcelamiento desproporcional.

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Equis Justicia destaca que la palabra "olvido" es clave para dimensionar esta situación: por un lado, así es como se define la Ley de Amnistía, además de pretender ser un acto de justicia y restituciónde los derechos humanos; pero por otra parte, son las personas más vulnerables las que están "olvidadas" en el sistema penitenciario y judicial.

El 12 de abril de este año, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, resaltó el "importante avance" en materia de amnistía, pero los procesos tienen congeladas cientos de solicitudes, mientras otras son desechadas porque "no encajan en los supuestos de la ley".

Las activistas mencionan que si bien los procesos en la Comisión de Amnistía han sido lentos desde el inicio, hay otro retraso importante al momento de sesionar. En dos años, se han realizado solo seis sesiones en las que se analizan y resuelven las solicitudes. "Seis sesiones frente gran número de solicitudes que le ha llegan a la Comisión de Amnistía", lamenta Amaranta Vagañón.

La pandemia complicó el panorama

La Ley de Amnistía se aprobó en abril de 2020 durante la pandemia de COVID-19 y bajo el argumento de liberar espacios en las prisiones para evitar contagios, pero esto no ocurrió y, por el contrario, complicó los procesos.

Para tramitar una solicitud de amnistía, la persona interesada debe llenar un formulario proporcionado por la Secretaría de Gobernación (Segob), en línea o a mano, y especificar las características por las que cree que está dentro de los supuestos de la ley.

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Esta solicitud puede ser entregada personalmente en las oficinas de la Segob o enviada por correo electrónico.

"Las personas privadas de la libertad no tienen acceso a la información como quienes estamos afuera, hay quienes tienen el apoyo de sus abogados o familiares, pero ¿qué pasa con las personas que no lo tienen? Qué pasa si llega una pandemia y corta esas comunicaciones?", cuestiona Nayomi.

La activista refiere que la misma pandemia fomentó el aumento de la población carcelaria, pues la procuración de justicia hizo una pausa en ese periodo, trabajando solo en audiencias, y cuando reanuda sus actividades en 2021, viene un aumento de consignaciones, vinculaciones a proceso y prisión preventiva.