El gobierno mexicano solo ha liberado a cinco personas tras más de un año de aplicación de la Ley de Amnistía que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló este sábado un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado (IBD).
La investigación descubrió que la Comisión de Amnistía, creada tras la promulgación de la ley en abril de 2020, solo reporta la liberación de cinco personas bajo esta figura.
"Consolidar a la amnistía como mecanismo de reparación a las injusticias de las que han sido objeto diversos grupos vulnerables y de pacificación del país demanda ir más allá de la implementación de los mandatos de la Ley de Amnistía", consideró el reporte.
El informe se publica más de un año después de que el gobierno de López Obrador promulgó la Ley de Amnistía para liberar a unas 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas, con el fin de despresurizar las cárceles.
Sin embargo, el IBD citó que, según el último informe de la Secretaría de Gobernación (Segob), apenas había 1,115 casos para dictaminar, de los que 942 eran hombres y 173 mujeres. De ese total, 67 son personas indígenas y solo se precisó que 760 corresponden a delitos contra la salud, es decir, relacionados con drogas.
El órgano del Senado también señaló que, de los 32 estados del país, solo Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Tlaxcala y Durango han promulgado una legislación propia de amnistía. También encontró resistencias estatales sobre el aborto, que solo está despenalizado en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.
"Sin duda, se requieren de otras acciones institucionales integrales y complementarias que ayuden a garantizar la no repetición de hechos similares y poder cumplir con el objetivo real del mecanismo", concluyó el informe del IBD.
La amnistía y liberación de ciertos presos ha sido una de las principales promesas del presidente López Obrador. El mandatario anunció el mes pasado un decreto adicional para excarcelar a más tardar el 15 de septiembre a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos que llevan 10 años sin sentencia y personas torturadas.
El gobierno ha justificado estas medidas al señalar que, de las más de 220,000 personas que hay en las cárceles, el 43% no tiene sentencia, lo que equivale a cerca de 125,500.
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó en marzo pasado una sobrepoblación en 172 centros penitenciarios de un total de 288, es decir, 60% del total.
