Además obliga al Ejecutivo Federal presentar al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos.
También establece la creación de un fondo de apoyo para que entidades y municipios fortalezcan sus instituciones de seguridad pública civiles. Dichos recursos no podrán ser menores, en términos porcentuales, al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año.
La reforma para ampliar al 2028 la presencia del Ejército en las calles, con “controles parlamentarios” fue aprobada el pasado 13 de octubre por la Cámara de Diputados con mayoría calificada y con la oposición dividida. Para avalarla se sumaron a Morena y sus aliados legisladores de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).
La ampliación de la presencia militar en las calles hasta 2028 ha sido un tema de preocupación entre organizaciones de la sociedad civil , como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pues han alertado que México se encuentra en medio de una militarización, dado que este cambio deja al país sin policía federal civil y otorga las tareas policiales federales exclusivamente a instituciones militares, contradiciendo los estándares internacionales de derechos humanos.
Apenas este miércoles 16 de noviembre, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, adelantó que el próximo 28 de noviembre será cuando los ministros analicen la constitucionalidad de este documento. .
