"Nos preocupa profundamente que el gobierno mexicano haya redoblado su apuesta por el despliegue militar en tareas policiales como eje principal de su modelo de seguridad pública", advirtieron las organizaciones, a un año de la adopción del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras.
Luego de que en septiembre de 2022 el Congreso aprobó en México la propuesta presidencial de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las organizaciones subrayaron que "este cambio deja al país sin policía federal civil y otorga las tareas policiales federales exclusivamente a instituciones militares".
"Dicha reforma contradice los estándares internacionales de derechos humanos y desconoce más de 15 años de evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia. Las fuerzas armadas mexicanas han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en años recientes, generalmente sin rendir cuentas", se lee en la carta.
Este miércoles, la Cámara de Diputados también aprobó la reforma para ampliar al 2028 la presencia del Ejército en las calles:
"Mientras el gobierno mexicano asigna cada vez más papeles y recursos a las instituciones militares, México no está priorizando debidamente la consolidación de instituciones civiles de seguridad y justicia capaces y confiables, aún cuando éstas representan el único camino sustentable hacia un mayor acceso a la seguridad y la justicia", apuntaron.
Respecto a Estados Unidos, las organizaciones resaltaron la necesidad de mayores acciones por parte de ese país para reducir el flujo ilícito de armas a México, aunque también expresaron su preocupación debido a que muchas de estas acciones transnacionales "todavía se enfocan en gran parte en esfuerzos por reducir la producción y el tráfico de drogas desde el extranjero para impedir que las drogas ilegales jamás lleguen a las fronteras".
