#SedenaLeaks: Ejército tiene fichado a grupo de fiscales como "no confiables"
Por ser vinculados con algún grupo del crimen organizado o por ser mencionados en mantas del narco, algunos fiscales han sido catalogados por la Sedena como no confiables.
Un documento de la Sedena cataloga a algunos fiscales como "no confiables".(Fotos: Especiales.)
Lidia Arista
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene “fichados” a los fiscales que son o no confiables. Un reporte del Ejército, obtenido a través del hackeo del grupo Guacamaya, revela que la institución encabezada por Luis Cresencio Sandoval elaboró un documento en el que concentra datos generales sobre los fiscales estatales como nombre, tiempo en el cargo, y partido en el gobierno estatal pero también detalles sobre si tiene o no antecedentes negativos como algún vínculo con la delincuencia organizada.
Cuando un fiscal es considerado confiable, el documento precisa: “Hasta la fecha no se cuenta con información que lo relacione con integrantes de la delincuencia organizada o con alguna actividad ilícita”.
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Sin embargo, hay otros casos en los que los fiscales no son considerados como “confiables”, por algún antecedente como un presunto vínculo con organizaciones como “La Familia Michoacana” o con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En 2015, Alejandro Echeverría Cornejo fue nombrado procurador de justicia del estado, sin embargo, en 2016, fue el Congreso el encargado de designarlo como el primer fiscal de la entidad.
Al Maestro en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México se le cataloga como “no confiable” porque tiene antecedentes negativos.
“En el año 2010 el titular en ese entonces de la PGJ del estado, durante una reunión del grupo de coordinación operativa en Querétaro expuso que había señalamientos contenidos en una declaración ministerial que lo vinculaban con la organización de La Familia Michoacana y otros delincuentes locales”, se lee en el informe.
También se señala que el fiscal, quien lleva seis años en el cargo, sí ha brindado apoyo a autoridades militares.
El fiscal ha sido vinculado con miembros de la organización criminal "La familia Michoacana".(Foto: Twitter.)
Bryant Alejandro García Ramírez es fiscal del estado de Colima desde el pasado 1 de noviembre y estará en el cargo durante los próximos seis años.
Es otro de los fiscales considerados como “no confiables” por los antecedentes negativos que tiene en su contra.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el subdelegado de Desarrollo Social y Humano en la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo del gobierno federal, ha sido señalado en mantas por presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
“Hasta la fecha no se cuenta con información que lo relacione con integrantes de la delincuencia organizada o con alguna actividad ilícita, pero ha sido señalado en mantas que han aparecido en diferentes puntos de la ciudad de Colima que lo relacionan con el CJNG”, se lee en el reporte.
Las mantas a las que se refieren son unas en las que presuntamente José Bernabé Brizuela, alías “La Vaca”, líder del Cártel Independiente de Colima, le advierte que ya se dio cuenta de que está “con los Jaliscos” y le reclama por los cateos y aseguramientos que está realizando en su área.
De este fiscal se reporta que no ha brindado apoyo a autoridades militares.
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Aguascalientes:
Jesús Figueroa Ortega es el fiscal del estado desde marzo de 2018 cuando el Congreso del estado lo nombró.
Es uno de los fiscales identificados como “no confiables” por parte de la Sedena por sus antecedentes negativos.
“Ha tenido diferentes señalamientos en mantas que lo relacionan con la delincuencia organizada, aunque no se cuenta con información veraz que lo relacione con actividades ilícitas”, se reporta.
Un fiscal confiable en Guanajuato... pero no para AMLO
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado que a Carlos Zamarripa se le mantenga como fiscal desde hace más de una década a pesar del número de homicidios dolosos que ocurren en Guanajuato, el reporte de la Sedena califica como “confiable” al titular de la Fiscalía.
“Hasta la fecha no se cuenta con información que lo relacione con integrantes de la delincuencia organizada o con alguna actividad ilícita”, se reporta sobre quien ha sido fiscal de Guanajuato desde hace 13 años.
Guanajuato se ubica como el estado más violento del país. Entre enero y agosto de 2022, en ese estado gobernado por Acción Nacional han ocurrido 2,115 homicidios dolosos, que representan el 10% de los registrados a nivel nacional.
“Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido, hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado”, dijo el 16 de julio pasado.
En el año 2009, Carlos Zamarripa Aguirre fue nombrado como procurador General del Estado de Guanajuato bajo el gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez. Posteriormente fue ratificado en el cargo por el panista Miguel Márquez Márquez y en la gestión de Diego Sinhue Rodríguez, asumió como el primer fiscal del estado para un periodo de nueve años más.
El actual gobierno, encabezado por Diego Sinhue Rodríguez, Carlos Zamarripa asumió como el primer fiscal del estado.(Foto: Twitter.)
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Otro de los archivos de la Sedena incluye una ficha con información exclusiva del fiscal Zamarripa. Datos personales como fecha y lugar de nacimiento, Clave Unida de Registro de Población, dirección de correo electrónico, domicilio, profesión, así como como formación académica, experiencia en el servicio público se incluye en el reporte de la Sedena.
En el apartado de “vínculos” se refiere que el actual fiscal tiene vínculos con personas y con organizaciones.
Entre las primeras se mencionan a Federico Chowell, quien ocupó el cargo como procurador de Guanajuato hasta 2009 cuando dejó el cargo en busca de un puesto de elección popular. El otro vínculo es el exgobernador Juan Manuel Oliva, quien lo nombró como procurador de Justicia.
Entre las organizaciones, se menciona una manta firmada por “Los Acapulcos” con un mensaje que incluía le nombre del actual fiscal.
“23 de diciembre de 2019. Fueron localizadas dos lonas con texto de la delincuencia organizada como sigue: ‘esto va para todas las jaliscas Silao ya tienen dueño. Salgan al Topon jotos apoyados x Zamarripa. Atte: Los Acapulcos”.
También se mencionan sus presuntos nexos con integrantes de la delincuencia organizada como el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco nueva Generación.
Para el experto en seguridad pública, David Saucedo, las fichas de los fiscales sirven a la Secretaría de la Defensa Nacional para saber si pueden o no confiar en los fiscales al proporcionarles información.
“Son relevantes porque realizan operativos conjuntos, por las mesas de seguridad que se realizan desde que inició el sexenio, hay reuniones en donde están presentes autoridades de estados y municipios importantes para la incidencia delictiva. Revisan sus antecedentes para saber si la información proporcionada se queda en la mesa para la toma de decisiones o bien si pudiera tener alguna filtración ante el crimen organizado”, explica.
En México, hay casos de fiscales que sí han estado vinculados con el crimen organizado; destaca en ese sentido el caso del exfiscal Édgar Veytia.
En 2017, un juez de la Corte para el Distrito Este de Nueva York emitió una orden de aprehensión contra Édgar Veytia, identificado como “Diablo”, “Eepp”, y el “Lic”, por su presunta responsabilidad en los delitos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos. En particular se vinculó al fiscal con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras declararse culpable, Édgar Veytia fue condenado a pasar 20 años de prisión y a devolver un millón de dólares tras ser declarado culpable.
David Saucedo explica que expedientes como el de Édgar Veytia han orillado a contar con los antecedentes de los fiscales y su confiabilidad.
“En ocasiones para comprobar que un fiscal está infiltrado se filtra información falsa. Por ejemplo, las autoridades le dan un dato falso a la Fiscalía estatal y si ese dato falso llega a ser del conocimiento de los grupos del narcotráfico en automático tenemos comprobado que el fiscal en función es una fuente que filtra la información”, explicó.
