El presupuesto estatal y municipal se integra por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y hasta 2020 que fue eliminado, en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
El objetivo de ese presupuesto es el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia; desarrollo, profesionalización y certificación policial; tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; implementación y desarrollo del sistema de justicia penal; desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de delitos; sistema nacional de información para la seguridad pública, entre otras.
Sin embargo, esos rubros también fueron afectados en la actual administración. El FASP prácticamente se ha mantenido estancado, mientras que el Fortaseg fue eliminado, lo que afectó a los municipios, que es donde ocurren entre el 80 y 90% de los delitos de alto impacto.
“Se eliminó el Fortaseg en 2020 con el discurso de corrupción e ineficiencia de policías locales, pero no se complementó con nada, esa es la mayor problemática que vemos en este gobierno, se quedaron completamente en el abandono algunas policías, ahí se agravó la situación”, refiere Angélica Canjuta.
Pero los recursos no son la única arista del olvido. Al haber menos recursos, la operación de los policías se precariza: no hay uniformes, no hay equipo, no hay capacitación, no hay academias, y a ello se le suma que se incrementa el riesgo de ser asesinado en la labor.
De acuerdo con el informe “La situación de las policías en México 2018-2022”, realizado por Causa en Común, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta abril de este año han sido asesinados 1,537 policías o ex policías, que representan un promedio de más de un uniformado cada 24 horas”.
La precarización de los policías ocurre en el contexto en que en los homicidios no ceden en el país. En la actual administración suman 129,888 feminicidios y muertes intencionales.