Especialistas consultados por Expansión Política explican que la falta de resultados de la Guardia Nacional se explica en su origen: es una institución conformada en 80% por militares, quienes no están capacitados para tareas de seguridad pública, y porque ese cuerpo de seguridad no está contemplado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que no le permite involucrarse en la realización del Informe Policial Homologado (IPH), clave en cualquier proceso penal.
“La Guardia Nacional que está compuesta en su mayoría por militares quienes no están capacitados para realizar funciones de seguridad pública porque el Ejercito tiene como principal tarea encargarse de la seguridad nacional. En tiempos de paz corresponde a las autoridades civiles de la seguridad pública. El problema es de origen, está en su composición porque tienes a militares dentro de una corporación que fue confeccionada de carácter civil, pero que difícilmente pueden tener injerencia en aspectos de seguridad pública”, explica Juan Carlos Piña, especialista en seguridad pública y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, campus Querétaro.
Al considerar que la P olicía Federal estaba “descompuesta” , el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la creación de una nueva corporación para encargarse de la seguridad pública: la Guardia Nacional, que a la postre se convertiría en una a de las piedras angulares de su estrategia de seguridad. Para su conformación fue necesario recurrir a las Fuerzas Armadas. El 30 de junio de 2019 el presidente López Obrador dio el banderazo de salida al despliegue de alrededor de 70,000 elementos; a más de tres años, su estado de fuerza es 118,188, de los que el 65% son militares, 15% de la Marina y 20% exintegrantes de la Policía Federal.
La dispersión elementos de la Guardia Nacional prácticamente no ha impactado en la disminución de la violencia del país. Antes de su creación y despliegue, el país registraba en promedio 100 homicidios diarios como ocurrió en 2018, el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2020, cuando la Guardia Nacional ya tenía un año operando, los homicidios dolosos se mantuvieron exactamente en un promedio de 100 por día. En 2021, con dos años de operación, ese delito se ubicó en 97.6.