El Poder Judicial acumula rezagos en torno a las tareas de la Guardia Nacional: dos acciones de inconstitucionalidad, cuatro controversias y múltiples amparos, todos en estado de congelación, lo que impide certeza sobre la legalidad en la que opera la institución de seguridad pública.
Mientras esos asuntos sigan pendientes, advierten en Causa Común y legisladores, la "militarización" se consolida, se impide el acceso a la justicia y se violan los derechos humanos de los ciudadanos.
El resultado final –consideran– es que no hay certeza para la Guardia Nacional ni para las fuerzas armadas, sobre la legalidad y constitucionalidad de su actuación.
“Esta tardanza tiene como consecuencia un atropello importante a los derechos de la ciudadanía, lamentablemente, sin dejar de observar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial completo tienen una importantísima carga de trabajo”, valora René Gerez López, investigador de la organización Causa en Común.
“Si hay violaciones a los derechos de las personas por parte de las fuerzas armadas, estos seguirán replicándose”, advierte.
De acuerdo con el investigador, parte de esa carga tiene que ver con las dudas sobre la legalidad de todas las decisiones tomadas por el gobierno en materia de seguridad.
“Prácticamente todos las leyes y acuerdos emitidos durante la administración actual han sido objeto de litigio ante la SCJN”, detalló.
René Gerez resaltó que varios asuntos ya se han llevado a la Corte, "desde la ley de Extinción de Dominio, la Ley de la Guardia Nacional, la de Uso de la Fuerza Pública, la Ley de Registro de Detenciones y hasta el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Gerez advirtió también que sí hay en el máximo tribunal del país una actuación política.
“Esta administración ha politizado la SCJN y hasta cierto grado la agenda de la SCJN tiene tintes políticos. Se ha alejado de su deber única y exclusivamente jurisdiccional para velar por ciertos intereses de la administración y creo que esta, que es una teoría, explica el retraso en la resolución de los asuntos”, abundó.
Para el senador de Acción Nacional (PAN), Juan Zepeda Vidales, la tardanza de la Corte es una estrategia para que la "militarización" del país siga su curso, tal como –acusa– se lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“No se atreven a resolver” en la Corte, y la prueba es que el acuerdo de militarización de mayo de 2020 sigue pendiente de sentencia y los ministros “patean el bote”, señaló el legislador.
El panista aseguró que “algunos de sus integrantes (de la Corte) dejan mucho que desear y al menos se prestan para que el presidente gane tiempo”.
Ningún ministro –abunda- “se va a aventar a decir que es legal militarizar la Guardia Nacional, cuando el artículo 21 de la Constitución dice con todas sus letras que la Guardia Nacional es civil y tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad”.
“No me imagino a nadie, por más cercano que sea al presidente López Obrador, diciendo que se puede ir contra ese artículo. Lamentablemente –reclama Zepeda– si me los imagino como ya los he visto: dos años acuerdo de militarización guardado en el cajón de los recuerdos”.
“¿Qué tema de relevancia están abordando los ministros que no creen relevante el tema de la militarización del país como para dejarlo del 2020 hasta el 2022? A eso le está apostando el presidente López Obrador”, añadió Zepeda.
Aunque la mayoría de los recursos jurídicos pendientes en la Corte llevan tres años "enlatados" –a partir de la creación de la Guardia Nacional– el rechazo a las “decisiones militaristas” comenzó a llegar a la mesa de la Corte hace seis años, en 2016, antes de que se creara la Guardia Nacional.
El asunto más antigoo en esa materia y que está en lista de espera es la Acción de Inconstitucionalidad 46/2016, por la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se opuso a diversos artículos del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales, pues amplían el fuero militar de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
Los artículos “representan un riesgo potencial de que los tribunales militares ejerzan jurisdicción sobre temas que involucren a personas ajenas a la jurisdicción militar, lo que violaría sus derechos humanos”, estableció la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), tras alertar por posibles violaciones a los derechos de la libertad personal, de tránsito y al debido proceso.
A ese recurso se suman seis pendientes más ante la Corte, específicamente sobre la operación de la Guardia Nacional.
Entre los pendiente se encuentra la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019, en contra de la Ley de la Guardia Nacional, y la 63/2019 en contra de la Ley Nacional del Registro de Detenciones; ambas fueron promovidas por la CNDH.
En el primer caso, de 2016, la elaboración del proyecto de sentencia estuvo dos años y medio a cargo del ministro Arturo Zaldívar, hasta que en enero de 2019 asumió la presidencia de la Corte y delegó el caso al ministro Luis María Aguilar. En tanto, los dos casos siguientes yacen en la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek.
También se encuentra las controversias constitucionales 85/2020, 87/2020, 90/2020 y 91/2020 presentadas ante la Corte, en contra del Acuerdo por el que se dispuso de las Fuerzas Armadas permanentes para llevar a cabo tareas de seguridad pública, el cual fue emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que sigue vigente desde mayo de 2020.
El acuerdo autoriza esa actuación de elementos castrenses hasta el 27 de marzo de 2024, "de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada”, y autoriza el despliegue de más de 80,000 militares en tareas de seguridad en las calles.
La objeción a esa medida consiste sustancialmente en que, a la creación de la Guardia Nacional, en 2019, se dio a esta mando civil.
Por esto, la Cámara de Diputados, el gobierno de Michoacán, el municipio de Colima, en Colima, y Pabellón Arteaga, Aguascalientes, recurrieron a la Corte.
Las cuatro acciones de inconstitucionalidad fueron interpuestas entre mayo y junio de 2020, pero fue hasta noviembre de 2021 que por unanimidad de votos la Primera Sala de la Corte determinó enviar el asunto para la resolución del Pleno de la Corte “por su trascendencia nacional”.
Se suman decenas de amparos interpuestos por expolicías federales en contra de su incorporación a la Guardia Nacional (GN), no obstante, tampoco han tenido sentencia.
Para la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la SCJN, hay mucha carga laboral, lo que explica que el análisis de los casos no sea expedito.
“Tienen ellos sus tiempos para resolver y la Corte también… tienen muchísimo trabajo. Ha dicho el ministro presidente Zaldívar que hay más de 25 mil asuntos al año, entonces esperemos que la Corte resuelva”, indica.
Por el contrario, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera considera urgente que la SCJN concluya los casos sin más dilación.
“Eso dará certeza al país y permitirá que tanto el Poder Legislativo, como sobre todo el Ejecutivo, tengan claridad sobre los límites en sus funciones”, señaló el legislador.
Para René Gerez, investigador de Causa en Común, es cierto que hay una carga laboral en la SCJN y se requiere tiempo para darle la atención debida, resolver de fondo y de manera completa, sin embargo, consideró que asuntos de esa naturaleza “no se pueden postergar de esta manera pues involucran derechos y garantías de todos los mexicanos”.
Otra implicación, también relevante de la ausencia de resoluciones de la SCJN, es que se debilita el sistema de pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, expone.
De acuerdo con el investigador, los poderes Legislativo y Ejecutivo también tienen su rol al emitirse reformas o leyes, pero esto tiene que ser evaluado por la Corte para que se haga un escrutinio, sin embargo, si la SCJN no emite sentencias –añade– no está cumpliendo con sus funciones.
