Secretaría de Seguridad Pública, con el riesgo de convertirse en cascarón sin GN

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa de reforma constitucional para transferir de manera oficial la Guardia Nacional, que hoy depende de la SSPyPC, a la Sedena. De no contar con la aprobación en el Congreso de la Unión, debido a que se trata de una reforma constitucional, buscará hacer el cambio a través de una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para lo que le basta una mayoría simple, de la que sí gozan Morena y sus aliados.

El objetivo, según ha argumentado el mandatario federal, es “blindar” a la Guardia Nacional para que no tenga el mismo destino que la Policía Federal, la cual “se echó a perder”. De concretarse esta transferencia, la SSPyPC se quedará sin estar a cargo del principal cuerpo de seguridad pública a nivel nacional, pero sí con otras atribuciones. El Artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública enlista las 25 facultades de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, entre las que se encuentran:

- Proponer al Ejecutivo Federal la política criminal.
-Coadyuvar a la prevención del delito.
- Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de carrera policial, el Programa Rector para la Profesionalización Policial.
- Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a prevenir los delitos federales.
-Proporcionar a la Secretaría de Gobernación la información para que ésta publique y actualice una página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las personas reportadas como desaparecidas en todo el país.

Es decir, aún sin la Guardia Nacional a su cargo, la Secretaría de Seguridad tiene varias tareas, las cuales tendrá el reto de asumir y dar resultados, pues de lo contrario el riesgo es que todo se quede en papel.

“Si existiera una estrategia de seguridad, la Secretaría de Seguridad debería coordinar estos esfuerzos de prevención y fortalecimiento de las policías locales, si bien perdería el control sobre la Guardia Nacional, pudiera encargarse de coordinar el sistema de seguridad pública; sin embargo, no va a ocurrir porque se le ha recortado el presupuesto para la Guardia Nacional, así que se corre el riesgo de que varias de sus atribuciones se queden en papel”, advierte Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común.

Los expertos alertan que si bien la Guardia Nacional en los hechos forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, por su composición, por mandos y por órdenes que reciben, está adscrita a una corporación civil, la cual corre el riesgo de minar sus facultades y limitarlas a asuntos de justicia.

El lunes 8 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que parte de la reestructura a la Secretaría de Seguridad además de quitarle la Guardia Nacional, consistiría en que se encargue de asuntos de justicia.

"Yo le voy a pedir a Rosa Icela que ella se haga cargo de esto. Y sí estoy pensando en que sea la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia, porque he estado apoyándome y han trabajado, pero quiero algo especial, me han estado ayudando en Gobernación, pero voy a pedirle a Rosa Icela Rodríguez que, aparte de su tarea de coordinar lo de seguridad, vea estos casos de justicia", comentó.

La Secretaría de Seguridad sin duda tendrá una disminución a su presupuesto, recursos que llegarán a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras su resurgimiento y hasta 2022, a la SSPyPC se le han asignado 216,971 millones 849,480 pesos, de los que 103,260 millones han sido para la Guardia Nacional.

Militarización sin resultados

La militarización de la seguridad pública ya no es una opción para México. Ya sea a través de una reforma constitucional para adherir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, una reforma a la Administración Pública federal para reestructurar a la Secretaría de la Seguridad Pública o prolongando la presencia de soldados y marinos en las calles, la militarización terminará de concretarse, lo que para expertos es preocupante, pues advierten que el despliegue de militares es una estrategia que no está dando resultados: no hay menos violencia, pero sí más violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias, tortura, opacidad y concentración de poder y recursos en una institución, el Ejército.

“Es preocupante la militarización de la seguridad en México porque la tendencia internacional es que los cuerpos de policía tengan naturaleza civil, que los militares y Fuerzas Armadas no hagan tareas de policía en la calle. Es preocupante el panorama, no es nada alentador, porque los militares van a cometer más violaciones a los derechos humanos porque su formación es diferente a la de policías civiles”, explica Miguel Garza, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde).

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Que los militares se encarguen de tareas de seguridad en México si bien no es nuevo, en esta administración se acentuó. Primero con la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad de naturaleza civil, pero de composición militar.

De los 113,833 efectivos con los que cuenta la corporación que comanda el general Luis Rodríguez Bucio, 73,805 (64%) es personal asignado de la Secretaría de la Defensa Nacional, 16,792 (14%) de la Secretaría de Marina y 23,236 (20%) proveniente de la extinta Policía Federal. En los hechos, solo 1 de cada cinco elementos de la Guardia Nacional tiene formación civil.

Luego a través de un acuerdo del Poder Ejecutivo para usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública publicado el 11 de mayo, el cual establecía como plazo para que soldados y marinos participaran en tareas de seguridad el 27 de marzo de 2024. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que buscará la ampliación de ese acuerdo, porque en su opinión, es necesario el Ejército en la seguridad pública.

“Al presidente le deberían dar la evidencia de qué sucede cuándo despliegan más militares, porque se ha demostrado que cuando los despliegan se incrementan los niveles de violencia o se quedan igual, entonces no es que lleguen y pacifiquen un territorio. Si pasara eso, el argumento sería sólido: se tiene que militarizar porque la violencia está cediendo de manera importante cuando llegan los militares”, dice Miguel Garza, también experto en policías.

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Con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y con Andrés Manuel López Obrador se recurrió a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad sin embargo, no se obtuvo resultados. Prácticamente año con año los homicidios en el país van en aumento.

Organizaciones como Amnistía Internacional se han pronunciado a favor de detener la militarización en México, pues la experiencia de 16 años de tener a militares en tareas de seguridad ha propiciado violaciones a los derechos humanos.

“La experiencia demuestra que hoy en día México es más peligroso que hace 16 años cuando se decidió que militares salieran a las calles. Ha habido un aumento de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica e incluso sexual”, indicó la organización.