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WJP: Entidades mexicanas retroceden en el Índice de Estado de Derecho

Retroceden varios de los estados en combate a la corrupción y contrapesos al poder, además se deterioran sistemas de justicia penal y civil, de acuerdo con el World Justice Project.
mar 17 mayo 2022 06:24 PM
World Justice Project
El IEDMX se realiza con base en 12,800 entrevistas cara a cara en las 32 entidades federativas del país.

En las entidades mexicanas se registra un retroceso en el Estado de Derecho, es decir, va a la baja el apego de entes públicos –poderes ejecutivo, legislativo y judicial- y privados a cumplir con la ley; se han debilitado los contrapesos al poder de los gobiernos estatales, y se ha reducido la efectividad de las justicias penal y civil, informó el World Justice Project (WJP) en su cuarto reporte sobre el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2021-2022.

De acuerdo con el informe, el Estado de Derecho descendió en 14 entidades, pues en estas van a la baja los contrapesos al poder, la transparencia, el combate a la corrupción, la justicia, y -como el año anterior- ninguna entidad llegó a la puntuación idónea.

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El IEDMX se realiza con base en 12,800 entrevistas cara a cara en las 32 entidades federativas del país, a ciudadanos en general y a 2,100 especialistas y mide la percepción del Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas de los ciudadanos, con una metodología multidimensional que evalúa 44 indicadores en 8 categorías.

Alejandro González Arreola, director de proyectos de WJP, explicó que no se mide el estado de derecho sólo desde la perspectiva de jueces y tribunales, sino con la evaluación de 8 elementos, pues estos definen un estado democrático: restricciones en los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil, y justicia Penal.

Todos ellos son básicos para garantizar derechos y libertades ciudadanos, estableció, y la conclusión es que en México “nos estamos moviendo entre el retroceso y el estancamiento”.

Tres factores explican esa tendencia: los contrapesos a los poderes estatales se han debilitado en la mayor parte de las entidades, han reducido su capacidad y eficacia los sistemas de justicia penal y civil, y se ha detenido la capacidad de los estados para controlar la corrupción.

González expuso además que la medición de estado de derecho desde las entidades del país “está en niveles precarios”, y en comparación con las tres mediciones anteriores de WJP hay un estancamiento, si no es que un retroceso.

Los 32 estados no llegan ni a la mitad de la calificación idónea, estableció. En la escala de 0 a 1 ni siquiera la entidad con mejor evaluación llega a la mitad, dijo en referencia a Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46), los mejores puntajes.

Los lugares con menor puntuación son Guerrero (0.34), Morelos (0.35), Quintana Roo (0.36) y la Ciudad de México (0.38). El promedio nacional es de 0.41, y en comparación con la versión pasada, los puntajes aumentaron en 6 estados, descendieron en 14, y permanecieron sin cambios en 12, refirió.

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La presentación del índice fue en el Senado de la República y a invitación del senador de Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza, quien alertó “estamos en un fenómeno de regresión, no uno de transición” y sistemas como el de transparencia, electoral, derechos humanos, derechos de las infancias “están francamente dinamitados y hay una erosión”, mientras que se fortalece la militarización con 246 funciones.

Recordó que a raíz de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha considerado que “la autoridad moral es suficiente” y entonces se vive un fenómeno donde se argumenta que “hay una legitimidad en la urna que alcanza para legitimar cualquier acto de gobierno. No es el cumplimiento de la ley, la transparencia, el respeto a la autoridad electoral”.

Al contrario, “decretazos como el que se ordenó para mega obras, con suspensión de trámites, plazos, excepciones, dan cuenta de la falta de estado de derecho, pues ya lo dijo el presidente, ‘no me vengan con que la ley es la ley’, mencionó la senadora Kenia López.

“Estamos reprobados”, reconoció el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano. Beatriz Paredes, del Revolucionario Institucional (PRI), apuntó la complejidad de hacer contrapeso ante “mayorías acríticas” como las que hay hoy en el Congreso. Eso “no es una novedad, lo extraordinario es que en México se pudo superar”.

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Incluso Álvarez Icaza se adelantó a la reacción al IEDMX 2021-2022, pues seguramente se dirá que son “neoliberales, son gringos” y no hay condiciones ni de diálogo, pues de hecho se invitó a senadores de Morena a la discusión del reporte y prefirieron no acudir, dijo.

Poderes legislativo y Judicial a las órdenes del Ejecutivo

González explicó que en el factor “límites al poder gubernamental en los estados” se halló que siguen perdiendo fuerza, pues el puntaje bajó en 17 estados del país y en 9 no varió.

Esto se explica por el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal y en segundo lugar, por la contracción del espacio cívico, donde actúan sociedad civil, partidos políticos y la prensa, que son los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo estatal, pero cuya margen de acción se ha reducido.

“Esta tendencia al retroceso es preocupante, ya que los contrapesos o límites al ejercicio del poder gubernamental, previenen el abuso del poder y aplican sanciones a nuestros gobernantes cuando quebrantan la ley, fomentan la rendición de cuentas, es decir, que nuestros representantes cumplan con la obligación de dar información sobre sus decisiones y las justifiquen públicamente”, señaló.

Aun así estableció que la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante los poderes ejecutivo estatales por cuarta ocasión, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos estatales.

Entidades dejan de combatir la corrupción

El ponente indicó que en 16 entidades se redujo la capacidad para frenar la corrupción y eso se debe a la reducción sistemática al sistema de justicia penal, ministerios públicos y a los sistemas de seguridad pública.

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De acuerdo con el documento, se midió la ausencia de corrupción en el gobierno, incluyendo sobornos, influencias inapropiadas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos y se cuestionó a los entrevistados respecto a si las personas servidoras públicas del poder legislativo, judicial o de los sistemas de seguridad abusaban de sus funciones para obtener beneficios privados.

Y respecto a la medición de justicia penal informó que 14 entidades cayeron en sus puntajes y en los indicadores establecidos para este rubro: garantías a los derechos de las víctimas, respeto al debido proceso; decisiones con imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción así como efectividad de investigaciones a cargo de la policía y el Ministerio Público.

Esto “ continúa siendo el mayor desafío en materia de Justicia Penal en todos los estados del país”, consideró.

Respecto a la eficiencia del sistema de justicia civil, también se vio afectada en 18 estados por su tardanza. Pese a ello los mecanismos alternativos de solución de controversias “siguen siendo la dimensión del sistema de justicia mejor valorado y una alternativa atractiva para mejorar el acceso de justicia en México”, agregó.

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