El IEDMX se realiza con base en 12,800 entrevistas cara a cara en las 32 entidades federativas del país, a ciudadanos en general y a 2,100 especialistas y mide la percepción del Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas de los ciudadanos, con una metodología multidimensional que evalúa 44 indicadores en 8 categorías.
Alejandro González Arreola, director de proyectos de WJP, explicó que no se mide el estado de derecho sólo desde la perspectiva de jueces y tribunales, sino con la evaluación de 8 elementos, pues estos definen un estado democrático: restricciones en los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil, y justicia Penal.
Todos ellos son básicos para garantizar derechos y libertades ciudadanos, estableció, y la conclusión es que en México “nos estamos moviendo entre el retroceso y el estancamiento”.
Tres factores explican esa tendencia: los contrapesos a los poderes estatales se han debilitado en la mayor parte de las entidades, han reducido su capacidad y eficacia los sistemas de justicia penal y civil, y se ha detenido la capacidad de los estados para controlar la corrupción.
González expuso además que la medición de estado de derecho desde las entidades del país “está en niveles precarios”, y en comparación con las tres mediciones anteriores de WJP hay un estancamiento, si no es que un retroceso.
Los 32 estados no llegan ni a la mitad de la calificación idónea, estableció. En la escala de 0 a 1 ni siquiera la entidad con mejor evaluación llega a la mitad, dijo en referencia a Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46), los mejores puntajes.
Los lugares con menor puntuación son Guerrero (0.34), Morelos (0.35), Quintana Roo (0.36) y la Ciudad de México (0.38). El promedio nacional es de 0.41, y en comparación con la versión pasada, los puntajes aumentaron en 6 estados, descendieron en 14, y permanecieron sin cambios en 12, refirió.
