El robusto entramado de leyes e instituciones creadas para salvaguardar los derechos humanos no se corresponde con la realidad en la que vivimos los mexicanos: un paisaje social plagado de violencia, un panorama económico marcado por la desigualdad y una ciudadanía desamparada, sin plena protección de las leyes y el Estado.
¿Por qué ocurre esto? ¿A qué se debe esta paradoja? ¿Por qué el diseño de leyes e instituciones para salvaguardar los derechos humanos no derivó en su protección efectiva?
Intento responder a ésas y otras preguntas en mi nuevo libro, Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica, publicado por el Instituto Mora y Tirant lo Blanch.
La obra analiza la institucionalización de los derechos humanos en México y su interacción con los procesos paralelos de democratización del sistema político, liberalización de la economía, fortalecimiento del crimen organizado, militarización de la seguridad pública y recomposición del sistema internacional durante la posguerra fría.
Para realizar este análisis, el texto hace una revisión histórica de los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, con énfasis en los avances y retrocesos de derechos humanos en cada uno de sus gobiernos.
Hubo grandes mejoras legales e institucionales durante los tres sexenios. Sólo por mencionar algunas: el fortalecimiento y el otorgamiento de autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la creación de comisiones estatales de derechos humanos; la mayor apertura hacia el escrutinio internacional; la profesionalización y la proliferación de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos; el viraje de la Suprema Corte hacia una visión más garantista del derecho; mayor respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, y el reconocimiento de la competencia de tribunales internacionales para juzgar violaciones de derechos humanos en México.
Algunos de esos avances legales e institucionales realmente derivaron en mejoras reales, pero en conjunto no significaron un cambio radical en la forma en que los mexicanos experimentamos nuestra ciudadanía, ejercemos nuestros derechos y se protege nuestra vida e integridad. Por el contrario, la condición de los derechos humanos empeoró en muchos sentidos.
Peor aún, la decisión de Felipe Calderón de enviar al Ejército a las calles para supuestamente combatir el ascenso de las organizaciones criminales generó una espiral de violencia y violaciones a derechos humanos imparable hasta hoy en día. En la guerra contra el narcotráfico, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, las detenciones irregulares y los “daños colaterales” se hicieron tan comunes que dejaron de escandalizar y estuvieron acompañadas por un perverso desdén hacia las víctimas y por la impunidad de siempre.
En este escenario, en uno de los peores momentos de la guerra contra el narcotráfico, se promulgó la reforma constitucional de 2011, que colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y la garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste.
Como expliqué en el inicio de esta columna, esto puede para parecer contradictorio, pero no lo es: los gobiernos mexicanos utilizaron pragmáticamente los avances legales e institucionales de derechos humanos como instrumento para posicionarse en el orden internacional liberal de la posguerra fría y, a nivel interno, para contener a una sociedad y una prensa que exigían con cada vez más fuerza que el sistema político se democratizara.
Para decirlo en términos simples: desde los años noventa hasta 2018, los gobiernos mexicanos usaron a los derechos humanos como moneda de cambio para firmar acuerdos comerciales, agradar a sus socios diplomáticos, contener el descontento ciudadano y mitigar las críticas de la opinión pública; en suma, para obtener beneficios económicos y mantener la estabilidad político-social en el país. Eso es lo que se estudia en el libro.
Durante el gobierno de López Obrador, la dinámica está cambiando. En 2018, AMLO llegó al poder con la promesa de acabar la guerra contra el narcotráfico, atacar las causas estructurales de la violencia y reivindicar los derechos de las víctimas. Nada de eso ha ocurrido. En la práctica, la violencia criminal continúa en aumento y el gobierno federal se vale de las fuerzas armadas para realizar cada vez más labores.
Además, el presidente ha mostrado un desinterés notable en la agenda de derechos humanos. Esa actitud se ha visto reflejada en los recortes presupuestarios a las instituciones encargadas de su protección, en la retórica del mandatario y en la designación de funcionarios carentes de experiencia pero cercanos al presidente en cargos directivos de dichas instituciones.
Bajo estas condiciones, México está experimentando una regresión en materia de derechos humanos con consecuencias aún insospechadas. Si antes preocupaba que había avances legales e institucionales que no se reflejaban en la protección efectiva de los derechos fundamentales de los mexicanos, ahora es alarmante pensar en el futuro de los derechos humanos en un contexto de desamparo también en la arena de las leyes, las instituciones y el discurso.
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Notas del editor:
Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica, que se publicó en enero de 2022, bajo el sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de análisis político..
* El libro puede ser consultado y adquirido en: https://editorial.tirant.com/mex/libro/derechos-humanos-y-politica-en-mexico-la-reforma-constitucional-de-2011-en-perspectiva-historica-jacques-coste-9788411131131?busqueda=derechos+humanos+y+pol%3Ftica&*
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